Rafael Morgan Ríos
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La Auditoría Superior de la Federación ha realizado mil 280 auditorías a la gestión del gobierno de López Obrador, a los poderes Legislativo y Judicial, a las instituciones independientes y a estados y municipios. Por lo pronto, el número de auditorías fue menor a las realizadas en años anteriores, pues en 2018, por ejemplo, se aplicaron mil 808 auditorías; además, según estudio de México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tec publicado por Reforma el 29 de octubre pasado, “el Programa Anual de Auditorías 2019 se inició con seis semanas de retraso” y lo que debía analizarse en un año por la Cámara de Diputados, se tendrá que hacer en siete meses.
Lo anterior ya trajo como consecuencia que los informes de auditoría se están entregando hasta el 31 de octubre, cuando la primera entrega debió hacerse en junio.
Los trabajos de la ASF tienen muchos limitantes, comenzando con el poco tiempo para revisar miles de documentos y obtener conclusiones en cuanto al uso del presupuesto, el cumplimiento de la normatividad, el desempeño de funcionarios, dependencias e instituciones y los resultados de políticas y programas de gobierno; los informes se entregan a la Cámara de Diputados que tampoco tiene el tiempo y personal preparado para estudiar miles de hojas con las llamadas “acciones y observaciones”, denuncias de hechos y conclusiones; además, cuando mucho se audita apenas un 10 o 15 por ciento del presupuesto y de la actuación del Gobierno; aunque los resultados de auditoría generalmente no son prueba jurídica en los tribunales, sí han sido prueba y motivo para juzgar y evaluar política y mediáticamente al Gobierno y a los funcionarios públicos.
Otra limitante de las auditorías y sus resultados es que prácticamente tienen el carácter de una autopsia, pues los resultados se informan después de realizados los hechos y gastos en el Gobierno, es decir, cuando ya pasó todo y sólo resta saber si hubo ignorancia, lenidad, descoordinación o corrupción, pero el daño ya está hecho.
Sin embargo, esto es lo que se tiene y con esto se ha juzgado a los regímenes anteriores y ahora le toca al gobierno de López Obrador y a la 4T en general.
Se han publicado 487 informes de auditoría de las mil 280 realizadas al ejercicio 2019 en los cuales se han determinado observaciones por alrededor de 31 mil 900 millones de pesos y todavía falta obtener resultados de casi 800 auditorías pendientes. En estos informes se determinó que los desvíos de recursos más grandes están en el Sector Salud por más de 14 mil millones de pesos; en el Gobierno de la Ciudad de México tendrán que comprobar más de 7 mil 500 millones de pesos y CFE y Pemex más de 4 mil millones de pesos.
Según información de Lourdes Mendoza en El Financiero, dentro de las 800 auditorías en proceso hay siete para el tren maya así como la auditoría número 1394-DE sobre la suspensión y cierre del proyecto del nuevo aeropuerto nacional de la Ciudad de México, pues las revisiones a los proyectos emblema del Presidente López Obrador y sus programas sociales de subsidios quedaron pendientes para febrero, con lo cual los responsables tendrán tiempo de subsanar y corregir lo que puedan.
Un daño patrimonial al erario público que sí pudo determinar e informar la ASF, es que la CFE tendrá que pagar 6 mil 836 millones de dólares por renegociar cinco gasoductos alargando el plazo de 25 a 35 años, con lo que tendrá que cubrir por esos 10 años, 11 mil 178 millones de dólares, en lugar del “ahorro” que se anunció de 4 mil 342 millones de dólares. La renegociación de esos contratos se forzó porque se consideraba que sus condiciones eran “leoninas”, con lo que la CFE, con Manuel Bartlett al frente, entró en conflicto con las empresas contratistas, quienes accedieron a un plazo mayor, pero con pagos adicionales por 6 mil 836 millones de dólares.
Habría que añadir que este programa de la ASF no incluyó auditorías forenses a través de las cuales se pueden obtener pruebas documentales y testimoniales en la determinación de faltantes, desvíos y mal uso de los recursos públicos, es decir son auditorías “anticorrupción”, a pesar de que este régimen tiene como bandera la lucha contra la corrupción. Tampoco se informa que hayan aplicado “auditorías de acompañamiento”, que son las que se llevan a cabo conjuntamente con el desarrollo de la obra pública para detectar oportunamente las fallas, desvíos y fugas de recursos y corregir a tiempo.
Como se puede deducir, el régimen de la 4T tiene también mucho que sanear y justificar pues por lo pronto aparece igual que el sexenio anterior.
