Prensa bajo ataque: ahora fue Luis Enrique. Derecho a la información, víctima principal

Otro mayo e inicio de gobierno trágico para el periodismo de Sinaloa ocasionaron ayer que las reporteras, reporteros, directivos de medios de comunicación y las familias de éstos experimentáramos la sensación de miedo que penetra el alma sin más certidumbres que las de soledad y desprotección, reprogramando el eterno ejercicio de fe para que cualquier modo de intolerancia, venga de quien sea, pueda ser desfogada mediante las ventajas del diálogo y ya no más con la alevosía del exterminador.

A esa hora que los periodistas nos enteramos de que encontraron asesinado a Luis Enrique Ramírez Ramos, las redacciones de los medios de comunicación empezaban a poblarse por colegas dispuestos a redactar las noticias en otra jornada a contracorriente de la zozobra. Y así, de súbito, la parálisis fue la única reacción posible y el silencio nos unió en un abrazo sin importar desde qué lugar nos encontrábamos. Las ubicaciones no valen cuando la desgracia hace el prodigio de hacernos uno solo en el desamparo que, ya lo sabíamos, nos mimetiza.

No se puede hacer periodismo de fondo mientras el Gobierno es incapaz de aportar las garantías para ello. Sí, iremos a las redacciones, nos sentaremos frente al computador, atisbaremos a través de las cámaras, publicaremos las letras e imágenes, armaremos la estrategia digital, imaginaremos el tamaño de las audiencias... y detrás de todo ese ritual estará la sombra de la muerte como ícono de lo que no podemos decir, lo que tenemos que callar. Y allí vamos de nuevo con el reclamo de justicia, la solidaridad con la víctima y la familia, las romerías a las agencias del Ministerio Público y el presentimiento que asalta al estar frente al cuerpo presente.

Somos cada vez más la sociedad de las noticias a medias, las investigaciones periodísticas por encimita, el análisis acobardado y corrupción y delincuencia organizada cuyas fechorías desvanecen de las portadas de los periódicos o de los espiches de conductores en noticieros de radio y televisión. Si acaso hallamos un escondite en el permisible anonimato de las redes sociales aprovechamos el minuto de valentía así seamos parte de la enorme legión de mensajeros sin rostro.

Al redactar esto, los periodistas nos refrendamos huérfanos de Gobierno, ley y medios de protección. Tener que escribir la nota sobre el asesinato de uno de los nuestros es todo un martirio cuando la obligación profesional consiste en amparar a la gente y sobre todo a los más endebles, los sin voz ni eco. Cómo desde la fragilidad del comunicador denunciar la vulnerabilidad del sinaloense que camina a diario sobre el campo minado de la violencia.

Es necesario insistir en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador Rubén Rocha Moya, los presidentes municipales, fiscalías y tribunales saquen la casta de una vez por todas para que una mejor prensa coadyuve a una gran comunidad. Podría ser una súplica, pero es importante que sea antes una exigencia: justicia para Luis Enrique Ramírez a 10 días de que volvamos a exigir justicia para Javier Valdez Cárdenas.

Aquel 15 de mayo de 2017 el atentado que privó de la vida a Javier Valdez trajo la sensación de que el crimen vertebrado retaba la autoridad del recién investido Gobernador, Quirino Ordaz Coppel. Una de las células del Cártel de Sinaloa desplegó toda la saña posible burlándose de las instituciones y de los políticos recién instalados. Y no quedó duda: el narco manda y la sentencia mortal que dicta es inexpugnable.

Pero en la inmolación de Luis Enrique Ramírez qué mensaje, qué lectura, qué estado de ánimo y qué móvil ha de provenir tomando en cuenta que él no tocaba temas de seguridad pública ni de capos del narcotráfico. He ahí el desafío inmediato, la prueba inicial, para el gobierno de Rocha Moya que bajo ninguna circunstancia debe permitir que la impunidad manche un sexenio en etapa incipiente.

Únicamente la intervención enérgica del Gobernador, haciendo uso y despliegue de las capacidades de contención del crimen, puede sentar el precedente de que delito que se cometa, contra periodistas, activistas o cualquier otro ciudadano de bien, será delito que se castigue. De lo contrario, se prolongará el augurio terrible de que la única paz posible en Sinaloa es la paz de los sepulcros y la cuota de la impotencia y desesperación que se desparrama por todo el País llegará aquí sin darle cauce a nuevas esperanzas.

Entonces no permitamos que a la atmósfera reinante inmediatamente después de la muerte del columnista de El Debate y director del portal Fuentes Fidedignas le corresponda la corroboración de que cada día es de más alto riesgo hacer periodismo en el contexto donde poderes formales y fácticos quieren a la población desinformada, deslumbrada por la versión oficial, e irascible con aquellos que intentan desentrañar los fondos y trampas subliminales de la comunicación oficial o de los códigos del narco.

Cuando reina el desconcierto,

Para resistir sí hay un motivo:

El periodista sigue aquí, vivo,

Y quien lo mata vive muerto.

Organizaciones de periodistas, de la sociedad civil, de derechos humanos, gubernamentales, legislativas, cámaras empresariales y medios de comunicación fueron sacudidos con la noticia de la muerte de Luis Enrique Ramírez que es la notificación directa de que Sinaloa es un peligro latente para la gente pacífica y al mismo tiempo vía libre para los facinerosos que entre Guardia Nacional, Policía Estatal, corporaciones preventivas y cuanta fuerza sea movilizada se desplazan eliminando a quienes ellos elijan, a la hora y en el lugar que quieran.