"Por una política de Estado en torno al desplazamiento de la población serrana (Parte II)"

arturo.lizarraga@hotmail.com

Por el Día Internacional de la Mujer, con afecto para 

Asociación de Médicas Cirujanas de Sinaloa, A. C.,

por ejercer su profesión con entrega total

a pesar de las desventajas de género.

Cuando se revisan las acciones de las diferentes instancias del Gobierno de Sinaloa con respecto al desplazamiento forzado de población, solo se ven acciones aisladas, inconexas y hasta contradictorias entre sí. Como hacen una cosa, hacen la otra. Por un lado, parece que quieren que la población se regrese a las localidades de origen y, por otro, que lo que buscan es que se queden a vivir en la ciudad. Motivos hay para cualquiera de las dos opciones: en virtud de que están próximos los comicios, conviene al partido en el poder mantenerlos en la sierra -al menos temporalmente-, habida cuenta que son voto verde, tan útil en las definiciones electorales; pero en la sierra existen riquezas muy grandes, mismas que les pueden ser alienadas si estos se establecen definitivamente en los valles.

En la sierra, los responsables de Gobierno hoy realizan obras de remozamiento en  algunas placitas (en La Petaca, por ejemplo) o la construcción de pequeños cobertizos (como en La Mesa del Carrizal), pero eso lo pudieron haber hecho hace mucho tiempo, como acciones de rutina de los ayuntamientos; la Secretaría de Salubridad y Asistencia así como el Instituto Mexicano del Seguro Social reabrieron las clínicas en las localidades más grandes (dicho entre paréntesis, con la generosa participación de médicos -de ambos sexos- y enfermeras), pero carecen de medicamentos para tratar los males de la población; también la Policía estatal tiene presencia, pero ésta se reduce a realizar rondines por las localidades y nada se hace contra los violentos (por decir algo, contra Los Valvuleños, a quienes responsabilizaron las autoridades de los hechos sangrientos en la sierra); unas dependencias entregan despensas en la sierra, otras lo hacen -a las mismas personas, inclusive- en la ciudad; se anuncia que se fomentarán cultivos alternos, pero no se combate la siembra de estupefacientes, acaso porque es más redituable para muchos y porque se espera que pronto se legalice; las escuelas ya atienden a los niños, pero las condiciones en que lo hacen son deplorables. Eso en lo que respecta a Concordia, pero sucede exactamente lo mismo en las localidades de los demás municipios que expulsan a su gente, al menos, según nos consta, en los del sur de Sinaloa. 

Mientras tanto, ¿qué pasa con los desplazados que se asentaron en los valles y que siguen ahí porque aún no han querido o no han podido regresar? Los de El Rosario, están en condiciones de miseria y desesperanza en localidades del municipio de Mazatlán como Lomas de Monterrey y El Walamo, en colonias de la cabecera municipal de Villa Unión y engrosando los círculos de miseria del puerto; el Presidente Municipal de El Rosario ni los vio ni los oyó cuando fueron expulsados por la violencia, y sigue sin verlos ni oírlos ahora, cuando viven en chozas de cartón. Lo mismo sucede con los de desplazados por la violencia en Ajoya, El Tambor, Contraestaca y muchas otras del municipio de San Ignacio.

En las autoridades, sólo vemos demagogia, indolencia, valemadrismo; en los desplazados, resentimiento y pobreza extrema. Coraje en la sierra, coraje en los valles. Una sola bomba de tiempo y ni quien se preocupe por enfrentar integralmente el problema. 

Y el Estado, ese Leviatán cuya función principal es proteger a los ciudadanos, ¿dónde está? Ni se ve, ni se escucha actuar como tal: es un Estado omiso.