@DoliaEstevez
WASHINGTON, D.C._ Tras la publicación en Forbes de la lista de los diez mexicanos percibidos como los más corruptos en 2013, Humberto Moreira amenazó con demandarme. Se ganó un lugar en el listado-junto con Gordillo, Romero Deschamps, Salinas, García Luna, Graniel, Yarrington, Herrera, Montiel y Sota-debido al explosivo aumento de la deuda estatal ocasionado por el derroche y actos de corrupción durante su gestión en Coahuila.
Christian F. Zinser Cieslik y Asociados, el despacho mexicano que representó a Moreira, me envió una carta tachando la lista de “difamatoria y maliciosa”. Argumentó que su cliente había sido “exculpado” por la PGR. Zinser Cieslik demandó que quitáramos a Moreira de la lista, contactáramos a todos los que habían diseminado la información para pedirles que la enmendaran y nos retractáramos públicamente diciendo que no había base para decir que el político priista era percibido como un corrupto (24/12/2013).
Steven Zansberg, de la firma de abogados Levine Sullivan Koch & Schulz en Colorado, que me representó pro bono, le respondió que su queja no procedía y citó las fuentes públicas de donde formé mi opinión sobre el listado (misiva 03/01/2014). No supimos más de Moreira o su abogado.
De ahí que, como observó Lorenzo Meyer, lo que opinó Sergio Aguayo en 2016 de que Moreira destilaba “un hedor a corrupción”, no salió de la nada (Reforma 21/07/2016). “Entre las muchas fuentes que pudo haber usado Aguayo para sustentar su juicio, se encuentra lo publicado en 2013 por Dolia Estévez en Forbes (“Los 10 mexicanos más corruptos de 2013”, diciembre 16, 2013) y ahí aparece Moreira”.
¿Por qué entonces a mi no me demandó y a Sergio sí? Porque seguramente su abogado le dijo que la posibilidad de ganar en las cortes estadounidenses era nula. Dada la fuerte protección judicial de la que gozamos los periodistas y opinadores en Estados Unidos, las demandas por difamación interpuestas por personajes públicos, más aún si son extranjeros y peor todavía si son mexicanos con fama de corruptos, fracasan o son desechadas por las cortes como “frívolas”.
La justicia estadounidense está mucho menos politizada que la mexicana. Los jueces, al margen de si son conservadores o liberales, se apegan a derecho. Raras veces pueden ser sobornados so pena de perder el trabajo y ser procesados. Se recusan en casos de potencial conflicto de interés.
La protección de la que gozamos los periodistas se deriva de un fallo histórico de hace más de medio siglo. En medio de la conmoción del movimiento de derechos civiles en los 60, seguidores de Martin Luther King publicaron un anuncio pagado en The New York Times criticando a la policía de Montgomery, por el maltrato a los manifestantes. L.B. Sullivan, comisionado policíaco, demandó al diario por difamación en una corte local que falló a su favor y ordenó a The New York Times pagar a Sullivan medio millón de dólares por reparación de daños. El periódico apeló, pero el Tribunal Supremo de Alabama confirmó la sentencia del tribunal de menor jerarquía.
El diario entonces llevó el caso a la Suprema Corte de la nación. En una votación contundente de 9 contra 0, el máximo tribunal emitió un fallo que marcó un hito: el derecho a publicar está amparado por la Primera Enmienda constitucional que fomenta y protege la libertad de expresión. El histórico dictamen, conocido como “The New York Times Vs Sullivan”, restringió la posibilidad de que personajes de la vida pública ganen demandas por difamación. Estableció que, para que prospere ese tipo de acusaciones, el personaje público deberá probar que el texto en cuestión fue publicado con “malicia efectiva”, o sea, a sabiendas de que es falso o que al autor no le preocupó irresponsablemente saber si es o no cierto.
La resolución anuló multas acumuladas por 300 millones de dólares impuestas por cortes estatales contra diarios locales que perdieron demandas por difamación.
La icónica decisión arruinó el apetito de políticos y personajes públicos de usar las leyes sobre libelo para suprimir la crítica y coartar la libertad de expresión. En la actualidad, el fallo “The New York Times Vs Sullivan” es el precedente más importante usado en la defensa de periodistas acusados por difamación.
Los abogados de Morrison Foerster, la firma que me defendió pro bono, lo utilizaron en la fracasada demanda que entabló Alejandra Sota en mi contra en 2014 por haberla incluido en el listado de presuntos corruptos. En ese sentido, se puede decir que Moreira fue más perspicaz que Sota. El Juez de distrito en Virginia Liam O’Grady, catalogó a Sota como “personaje público” y resolvió que la ex vocera de Felipe Calderón no pudo probar que hubo “malicia efectiva” en la publicación del listado o que el contenido fuera falso, como alegó Sota, por lo que no hubo difamación (Orden, 30/11/2015).
El fallo del Magistrado Francisco Olea Contró autorizando el embargo de propiedades de Aguayo si no paga 10 millones de pesos a Moreira, es una monstruosidad bajo las leyes estadounidenses. El Magistrado actuó con el mismo dolo de sus pares en Alabama medio siglo atrás que dio lugar al histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia en 1964. En México urgen leyes que fortalezcan las protecciones a los periodistas y opinadores, y no permitan el uso faccioso de los tribunales para inhibir la libertad de expresión, bajo el alegato de “daño moral”.
