Policías en narcoguerra: morir dos veces
¿Quién protege a los que nos protegen?

Las bajas de elementos de corporaciones policiacas, 25 desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha, dificultan confiar en los partes de guerra que intentan hacerle creer a la población pacífica que la fuerza pública federal y estatal procede a recuperar terrenos para la seguridad pública en medio de la prolongada confrontación que acontece al interior del Cártel de Sinaloa. El reporte más reciente agregó en menos de 72 horas a un coordinador operativo de la Unidad de Vialidad de Culiacán, un comandante de la Policía de Navolato y un agente del área de aprehensiones de la Fiscalía General del Estado.

Estos crímenes que son en menoscabo de la discontinua construcción de paz convocan a hacer el análisis con mayor profundidad al tratarse de víctimas que pertenecen al sistema guardián de la adecuada convivencia social y que aparte de resultar afectadas por el choque interno en el CDS son sometidas al martirio adyacente de la descalificación respecto al modo de prestar sus servicios, en esa propensión insensata de hacer leña de árboles caídos.

Es decir, además de la acción homicida, a los policías se les mata tantas veces como la indolencia consensuada los inscribe en la lógica de hacerlos culpables de sus propias muertes, a tal grado de justificar a los verdaderos asesinos. Más allá de la pérdida dolorosa que sufre la familia de cada uno de ellos, la indiferencia unánime les dedica a estos servidores públicos el agravio de razonar a favor de los malhechores sin pizca de agradecimiento ni reconocimiento. “Por algo acabó así”, “en qué cosas andaría metido”, “no creas que por bueno le pasó eso”, sentencia la gente.

Sin embargo, nada bien anda el aparato de protección ciudadana cuando los que realizan la función de garantizar el orden y hacer valer la Ley son percibidos más vulnerables que aquellos a los que deben cuidar. Tal fragilidad policial redunda en el sentimiento generalizado de desamparo que desde hace seis meses y medio permanece como fatalidad a la cual procedemos a normalizar. Omitimos recapacitar en que por cada mengua en las fuerzas del gobierno nos disminuimos más a sinaloenses amedrantados, rehenes de los facinerosos.

Parece que cada vez nos damos menos cuenta de que los policías de Sinaloa están expuestos a una doble muerte. La que les provoca el crimen organizado a la vista de todos y aquella que la conversación pública les asesta al dar por hecho que el ataque letal tiene como móvil alguna vinculación o complicidad con la delincuencia. La primera consiste en la advertencia a los sinaloenses a través de arrodillar a las instituciones de seguridad pública; la otra proviene de la larga estela de corrupción y colusión de la fuerza pública con el hampa, sin importar que tal correlación no sea igual que antes .

El hecho de agregar a los policías caídos al catálogo del contubernio no debiera ser en automático, sin contar con las pruebas que sustenten tales hipótesis. La mayoría son inmolados en el cumplimiento del deber o bien los sicarios del narcotráfico los asesinan por haber afectado de alguna manera a sus organizaciones. Aquí sí existen actos de heroísmo en quienes salen a diario a resguardarnos y dejan al garete a sus familias en el presente contexto de peligro.

En tanto las investigaciones no demuestren lo contrario, Jorge Octavio, coordinador vial; Alfonso, comandante de Navolato, y Salvador, agente de la Fiscalía, perdieron la vida propia al tratar de cumplirle a la sociedad en la misión de protegerla. Ellos son parte de al menos una docena de militares y efectivos de la Guardia Nacional también asesinados, los más de mil homicidios dolosos, las mil 150 personas privadas de la libertad y los 30 menores de edad abatidos en la cruel narcoguerra.

En estos tres casos a manera de muestra, igual que en la totalidad, predomina la agresión cuando los agentes gozan de su tiempo libre o no cuentan con el respaldo de compañeros u operativos que los refuercen en el cumplimiento de sus funciones. Se trata de crímenes arteros cometidos con la alevosa ventaja de las armas del narco. Sangre y plomo impresas en el pavimento para que quede como lección que puedan traducir los habitantes en peor carencia de seguridad que la ya corroborada.

Todo esto lleva al tartamudeo pernicioso en materia de pacificación donde se torna urgente definir quién cuidará a los que nos protegen contra la acción criminal. Es el andamio de la seguridad pública que colapsa en la parte de arriba y deja incluso el remozamiento del edificio gubernamental de amparo a los gobernados. Es el escalón defectuoso que no lo habían previsto ni las instituciones o quienes las dirigen, mucho menos una sociedad que por desconfianza o por abulia abandonó a sus legítimos cuidadores.

Un mayor crimen es ser ingratos,

Con la fuerza pública caída,

Pagándole con tan malos tratos,

Por cuidarnos con su propia vida.

Precisamente en un fin de semana cuando la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Sinaloa ofrece a los culiacanenses un trayecto seguro hacia las playas de Altata, con la supuesta movilización de la Bases de Operaciones Interinstitucionales vigilando el trayecto, ocurre el viernes en el corazón urbano de Navolato el asesinato del comandante Centauro, Alfonso Lizárraga, y el sábado se reportaron dos homicidios: uno en las inmediaciones del ejido Buenos Aires, sindicatura de San Pedro, y otro en el poblado San Isidro, en el tramo de la carretera que comunica a Villa Juárez a Navolato con la cabecera municipal. Esto debe ser analizado en la Mesa de Coordinación en la cual se revisan todos los días las acciones contra la violencia derivada del enfrentamiento entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y los de Ismael “El Mayo” Zambada.