La 4T plantea una profunda reforma del Poder Judicial en la que se elegirían mediante el voto popular a jueces, ministros y magistrados, además de que se modificaría radicalmente al Consejo de la Judicatura. Sólo en Bolivia se conoce algo semejante. Fuera de este país ningún otro ha recurrido a tal procedimiento.
Elegir mediante una votación popular a los integrantes del Poder Judicial al igual que se hace para elegir a los titulares del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo no atenta contra ningún principio democrático. No habría nada más democrático que eso, si entendemos que en un proceso electoral las mayorías deciden. Pero, ¿por qué en la tradición liberal, si partimos de John Locke, en el Siglo 17, a Montesquieu, en el Siglo 18, no se concibió así? Porque, finalmente, aunque hay antecedentes en los griegos clásicos, la idea de la división de poderes es una definición del liberalismo, aunque en un principio no fuera democrático.
No recuerdo qué dicen estos dos grandes clásicos sobre ese tema ni lo investigué para escribir este artículo. Lo que sí es evidente es que cuando se va extendiendo paulatinamente el derecho al voto a cada vez más sectores sociales en las primeras democracias democrático liberales- Estados Unidos, Inglaterra, Francia, principalmente- nunca establecieron que los miembros del Poder Judicial fueran electos por el sufragio popular.
Sin embargo, es necesario decir que las constituciones de esos países, originalmente, dejaban fuera del derecho al voto tanto a la clase obrera y a las mujeres (así como a los esclavos en Estados Unidos). Es decir, la definición de los actores de la democracia, aún en las sociedades liberales más antiguas, no ha sido inmutable. Las luchas sociales, políticas y las redefiniciones conceptuales han modificado y establecido variables en los regímenes democráticos.
A pesar de lo anterior, en ningún sistema político, salvo, insistimos, el boliviano, se recurre al voto popular para elegir a los miembros del Poder Judicial. En la actualidad, Luis Arce, el Presidente de Bolivia, propone que se rediscuta ese método porque no ha dado los resultados esperados.
En México, lo propone el Presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador y lo refrenda la virtual Presidenta Claudia Sheinbaum. Las probabilidades de que se apruebe tal reforma son muy altas porque Morena tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y en el Senado sólo le faltaría convencer a tres senadores de otras bancadas para lograrlo.
Morena ya dio otro paso, antes de su debate y legislación, para legitimar la reforma al obtener, en una encuesta impulsada por el propio partido, alrededor del 80 por ciento del universo consultado. Lo cual era esperable porque el respaldo a Claudia Sheinbaum en las elecciones del 2 de junio fue de casi el 60 por ciento y la inercia del triunfo aumentó la aceptación a Morena.
Los pronósticos de tirios y troyanos es que la reforma tal cual la presenta el titular del Poder Ejecutivo se va a aprobar porque Morena tiene los votos legislativos para hacerlo. La primera reacción de los mercados fue rechazar la reforma debilitando al peso, y según los analistas que desaprueban el objetivo de la 4T es que, cuando se apruebe esta iniciativa morenista, se va a generar una crisis financiera en México similar a las de 1994.
Los movimientos más recientes del peso no anuncian eso, pero los economistas desafectos a Morena sostienen lo anterior.
López Obrador y Claudia Sheimbaum sostienen que no será así porque las finanzas de México son sólidas y el triunfo electoral fue rotundo y plenamente legítimo porque el 60 por ciento de los electores tienen confianza en lo que ha hecho Morena en el Gobierno y en el programa que propuso la doctora Sheinbaum, el cual incluye la reforma al Poder Judicial.
Personalmente, tengo serias dudas sobre los alcances favorables de esta reforma, sin que niegue, ni mucho menos, la necesaria transformación de un poder sumamente corrompido.
Según las encuestas de Mitofsky posteriores a 2108, se considera que el Poder Judicial es la institución más corrupta. Justamente, uno de los objetivos más importantes de la reforma es combatir la corrupción, pero nada garantiza que muchos jueces, ministros y magistrados electos mediante el voto popular se alejen de la corrupción, como tampoco el método existente lo ha logrado.
En una sociedad penetrada en casi todos los resquicios por el crimen organizado rechazar sobornos de los criminales y de otros poderes fácticos pone en peligro su vida o, si no, los placeres del dinero untado, sea cual sea el método para elegirlos.
Obviamente, Morena, con esta reforma, pretende, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, que lleguen ministros ideológica y políticamente afines. Esto no debe espantar a nadie, porque eso sucede en la mayoría de los países.
En Estados Unidos, para hablar de uno de los casos más conocidos, los presidentes proponen a mujeres u hombres ideológicamente cercanos al ideario de su partido. Un demócrata propone siempre a un candidato liberal y los republicanos a uno conservador. Sin embargo, prácticamente nunca hay homogeneidad ideológica y política en el Poder Judicial. De haberlo, la democracia interna en el Poder Judicial y en el sistema en su conjunto se vería seriamente comprometida. Esto es justamente lo que puede suceder si, por ejemplo, los 10 candidatos propuestos por Morena ganan la elección.
Mi opinión no es la de un experto en el tema, se parece más bien a la de un ciudadano común, pero siendo un firme convencido de que el disenso, la diferencia, la pluralidad son fundamentales en toda sociedad democrática, el dominio absoluto de una sola voz partidaria se me hace inaceptable.
No tengo ni idea cómo sería una mejor reforma al Poder Judicial, pero sí confío en que un extenso debate abierto, sólido y honesto entre legisladores, jueces, ministros, magistrados, barras de abogados y militantes de los diferentes partidos políticos, puede generar una propuesta consensuada.
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santamar24@hotmail.com
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