Poder Legislativo: ser honesto y parecerlo. Esclarecer robo de cheques y nepotismo
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Desde hace algunas semanas el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense retomó al seno del Congreso del Estado el tema del extravío dentro del edificio camaral de cheques de pago de nómina y a partir de ese hecho induce la acusación de malos manejos administrativos solapados por los altos mandos de la 64 Legislatura estatal. En contraparte, los que deben salir a aclarar la situación, específicamente la Junta de Coordinación Política, guardan silencio a sabiendas de que los sentencia el refrán de “el que calla otorga”.
Esto deriva de que el Presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez, denunció a la Fiscalía General del Estado a inicios de marzo la no localización de los documentos cobrables cuyo monto global es menor a 100 mil pesos, aunque el delito prevalece sin importar la cuantía de la afectación. Hoy, más de un mes después, todo indica que la FGE y el Congreso le han colocado un candado de secrecía al caso.
Es decir, de un asunto menor, de obvia y urgente resolución según el argot camaral, se transitó a la actitud negligente que engrosó el tamaño de la duda. De la desconfianza, mejor dicho. Se sabe que la Fiscal Sara Bruna Quiñónez ya dilucidó quiénes cobraron los cheques y se adhirió al pacto de no divulgar, añadiéndole el innecesario elemento de la sospecha a algo que pudo reducirse a un suceso de tratamiento y escarmiento consuetudinarios.
Para matizar el ocultamiento de información hubo un acuerdo interno de proporcionarles a los coordinadores de bancadas el seguimiento del avance de las indagatorias para que a su vez la hicieran llegar a sus representados. Eso también roza el terreno de la opacidad al tener la representación popular la obligación de mantener al tanto a los sinaloenses de sus actos. De no hacer cosas malas que parezcan buenas, o viceversa.
Los diputados del Movimiento Regeneración Nacional, sobre todo Feliciano Castro Meléndrez y Pedro Alonso Villegas Lobo, acusan a la bancada del PAS de tomar el caso del robo de cheques como distractor frente al tema de las reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa a consecuencia de la recién aprobada Ley de Educación Superior de Sinaloa. Aunque así fuera, la existencia de la sustracción configura delito y debe ser castigado.
Un asunto tan sencillo como lo es la transparencia a la que está obligado, quizás más que nadie, el cuerpo legislativo se transforma en escándalo por la supuesta reserva que exige la investigación de la institución del Ministerio Público. Al contrario, para evitar que se deteriore más la imagen de la asamblea popular, la sospechosa discreción tendría que reemplazarse pronto por la información veraz que ayude a desvanecer en la opinión pública el manto de sospechosismo que cubre a la Cámara.
Para colmo de males, el 17 de abril el Diputado Gene René Bojórquez, vocal de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, le dirigió a Elisa Podesta Rivas, Contralora Interna del Congreso, la solicitud para que investigue y se finquen responsabilidades al Secretario Administrativo de la 64 Legislatura, Refugio Álvarez Montaño, por la supuesta contratación indebida de Jesús Nicolás López López, quien se desempeña como auxiliar en el Departamento de Servicios Generales, pese a la relación de parentesco por afinidad que existe entre ambos servidores públicos. El pasista estimó que aquel funcionario tiene a alrededor de 10 parientes políticos trabajando en la Cámara.
Ante la mirada vigilante de la sociedad, los diputados están emplazados a cumplir el compromiso por la integridad de todo aquello que le compete al Congreso. Al menos sí deberían revisar la actuación del Secretario Administrativo por lo referente a los cheques perdidos y posibles designaciones con la mancha del nepotismo, porque ambas situaciones están en el ámbito de sus atribuciones. De no hacerlo, evidenciarían la nociva práctica de encubrirse como camarillas y blindar a infractores de la ley con el asfalto negro de la complicidad.
E independientemente de las diferencias que existan entre bancadas, los posicionamientos de la fracción parlamentaria del PAS, o de cualquier otra, deben recibir el adecuado trámite reglamentario a satisfacción de lo que establezca la ley. Si algún Poder del Estado debe ceñirse a la norma que establece que la mujer del César además de ser honesta también debe parecerlo, éste es el Legislativo pues de allí emanan los preceptos de legalidad y transparencia. El buen juez por su casa empieza.
A nadie le sirve, mucho menos a los Diputados, un Congreso en cuyo interior se viole la ley y los infractores reciban el abrazo de la impunidad. Tomen nota: están siendo desmenuzados por el microscopio ciudadano.
No blinden con el cinismo,
Dentro de la Legislatura,
Cualquier roída estructura,
De robo y nepotismo.
Como más leña echada a la hoguera, en vez de contribuir a apagar el fuego, el Diputado del PAS Gene René Bojórquez señaló al morenista Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de ser cabeza de una jugada política que le pasó a la Fiscalía estatal la información sobre las propiedades de la familia Cuén Díaz que son sujetas a investigación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa. Sin más pruebas lo sustentó en que “es lo que está diciendo el radiopasillo”.
