“Dos cosas podemos estar seguros al nacer, que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos”, reza el dicho popular. La fuente natural del ingreso público deberían ser los impuestos directos que gravan la capacidad contributiva de las personas como lo es el impuesto sobre la renta.
Sin embargo, los gravámenes indirectos, como lo son el IVA y el IEPS, entre otros, en su conjunto a veces han superado la recaudación de ISR. También tenemos que la recaudación fiscal en México mantiene una fuerte dependencia a la renta petrolera que genera aportaciones fiscales derivado de un recurso no renovable, por lo que esto no es sostenible en largo plazo.
Para poder analizar el sistema fiscal mexicano no solo se debe revisar la fuente de ingresos públicos sino el gasto público, es decir en qué se gasta el Gobierno esos recursos que recauda vía impuestos.
Desde la edad media, los escolásticos como Juan de Mariana en sus estudios sobre las finanzas reales señalaron que el principio rector de una sana política fiscal es: “debe ante todo procurar el monarca que, eliminados todos los gastos superfluos, sean moderados los tributos. Así la principal preocupación del gobernante ha de ser que los gastos públicos no sean mayores que las rentas reales”.
Incluso Pedro Fernández de Navarrete en 1619 señaló que los impuestos crecen porque el Gobierno incrementa sus gastos y llegaba a la conclusión de que “la moderación en los gastos es el mejor medio para engrandecer el reino”.
En México el sistema nacional de coordinación fiscal es simple y se basa primordialmente en la aplicación de tres impuestos federales (ISR, IVA e IEPS) y dos de nivel estatal (nómina) y municipal (predial).
El sistema de coordinación fiscal se diseñó por el viejo régimen priista como un sistema de control político donde la Federación controla vía recursos a los estados, y los estados controlan a los municipios; de tal manera que las transferencias federales son la principal fuente de recursos con que cuentan las entidades federativas y los municipios y éstas constituyen en promedio el 85 por ciento de sus ingresos. Siendo el eslabón más débil de la cadena los ayuntamientos ya que existe una fuerte dependencia de los municipios de las aportaciones y participaciones federales.
Los ingresos propios de los ayuntamientos, como son el Impuesto Predial y los derechos de suministro de agua, representan solamente el 20 por ciento de los ingresos totales municipales en promedio.
Es por este motivo que todo lo que se haga por parte de los congresos estatales para fortalecer las finanzas municipales y su fiscalización es plausible.
Lo que no se vale es que se imponga el populismo fiscal y se sacrifique la hacienda municipal en el nombre del “cuidado de la economía familiar”, como sucedió recientemente en el Congreso del Estado de Sinaloa, donde no se permitió a los municipios actualizar los impuestos prediales el porcentaje de inflación, lo que significa una reducción de los mismos en términos reales y que marca la pauta para las administraciones municipales que inician su gestión.
Organismos internacionales como la OCDE han recomendado a México el fortalecer la recaudación del Impuesto Predial como una gran oportunidad para el financiamiento de los municipios.
