La participación de México en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) ha sido una constante desde el año 2000, proporcionando información valiosa sobre el nivel de competencias de las y los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. Sin embargo, cada tres años resurge la duda/incertidumbre sobre su aplicación, lo que evidencia la falta de compromiso con la evaluación educativa en el País.
PISA es una evaluación internacional coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que mide los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. Su objetivo no es solo conocer el nivel de desempeño académico, sino evaluar qué tan preparados están los jóvenes para enfrentar situaciones de la vida diaria. En este sentido, sus resultados ofrecen información clave para diseñar y mejorar políticas educativas basadas en evidencia. No obstante, en México, en lugar de utilizar esta prueba para fortalecer la educación, el debate suele girar en torno a si el país participará o no.
Los resultados de la edición 2022 de PISA en la que participaron 81 países y economías revelan un panorama preocupante. México obtuvo 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, cifras por debajo del promedio de la OCDE, que se sitúa en 472, 476 y 485 puntos, respectivamente, lo que posicionó al País en el lugar 51 de 81. Pero el problema no es solo la brecha con otros países, sino que los puntajes nacionales también han caído respecto a 2018, cuando se obtuvo 409 en matemáticas, 420 en lectura y 419 en ciencias. Esta caída refleja las afectaciones de la pandemia y del cierre prolongado de escuelas en el aprendizaje de los estudiantes. Más allá de los números, la realidad es que dos de cada tres jóvenes en México no pueden aplicar conocimientos matemáticos para resolver problemas cotidianos y que uno de cada dos tiene dificultades para comprender lo que lee.
Actualmente, PISA es la única evaluación estandarizada internacional en la que México participa y, ante la suspensión de PLANEA (elaborada por el extinto INEE) y la Evaluación Diagnóstica de Mejoredu, también es la única herramienta nacional disponible para conocer el estado del aprendizaje de los estudiantes. Esta situación hace más urgente la necesidad de recuperar un sistema de evaluación integral, con mediciones periódicas y comparables a nivel estatal, que permitan diagnósticos más precisos y la implementación de estrategias diferenciadas por entidad.
El reto no termina con la confirmación de la aplicación de PISA en 2025. Si realmente se busca garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y adolescentes en México, se debe institucionalizar la participación del País en este tipo de evaluaciones, asegurando que, además, cada edición cuente con una sobre muestra estatal para generar información más detallada, la cual se dejó de tener desde el año 2012. Y, sobre todo, se debe garantizar que los resultados no se queden archivados, sino que se conviertan en herramientas de mejora continua para la educación.
La evaluación no es un fin en sí mismo, sino un medio para entender dónde estamos y qué necesitamos mejorar. Si México sigue sin contar con un sistema de evaluación sólido y constante, las decisiones seguirán tomándose a ciegas, afectando el derecho a una educación de calidad para las futuras generaciones.