La pesca ilegal en México es uno de los principales problemas para la salud del océano y la subsistencia del sector pesquero. Pescadores industriales y artesanales se quejan de lo mismo y tienen razón. Esta actividad disminuye la abundancia en los mares, daña ecosistemas y rompe con procesos biológicos como la reproducción de algunas especies. También genera una competencia desleal que perjudica a las y los pescadores legales.
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) calcula que la pesca ilegal representa 40 por ciento del total de captura en el País. Aun reconociendo la magnitud de este problema, el Estado Mexicano ha hecho muy poco por combatirla.
En 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evaluó el desempeño de la Conapesca sobre su programa de combate a la pesca ilegal y llegó a la conclusión de que este era ineficaz, que carecía de una estrategia y eran solamente acciones aisladas.
En Oceana quisimos saber qué tanto avanzamos en la última década. A través de solicitudes de acceso a la información y análisis de la información pública, identificamos que no solo no avanzamos en los últimos años, sino que tuvimos un retroceso.
Los oficiales federales de pesca, encargados de realizar acciones de inspección y vigilancia en mar y tierra, disminuyeron de 180 a 160. Los recorridos en tierra y mar cayeron 75 por ciento y las detenciones de personas pescando de manera ilegal cayeron 95 por ciento.
Desde 2015 se identifica poca eficacia en la política de combate a la pesca ilegal ya que, del total de captura pesquera reportada, se retiene menos del 1 por ciento. Si reconocemos que el 40 por ciento de la pesca es ilegal, ¿dónde queda el 30 por ciento restante? Es claro que existe un contexto de impunidad donde los pescadores ilegales realizan su actividad sin sanciones.
En nuestro estudio identificamos que, del total de captura legal reportada anualmente, al menos el 22 por ciento se obtiene de manera ilegal, ya sea porque se pescó sin permiso, en veda, en zonas prohibidas, se usaron artes de pesca no permitidas o algún otro supuesto de ilegalidad. Es decir, sucede un fenómeno llamado “lavado de pescado”, en el que el producto pesquero ilegal entra a la cadena de valor falsificando información y se vende como si fuera legal.
La pesca ilegal es un problema apremiante, con efectos negativos fuertes para la salud del océano y el bienestar de familias de pescadores. En Oceana construimos una serie de propuestas de política pública que la siguiente administración puede poner en marcha.
Es importante señalar que se necesita incluir al sector pesquero en esta discusión y crear las condiciones para implementar una estrategia de combate a la pesca ilegal que atienda las acciones de pesca ilegal más nocivas para el océano y los pescadores (pesca en veda, en zonas prohibidas, en Áreas Naturales Protegidas, sobre especies protegidas, con artes de pesca no permitidos y sin permiso).
Esta estrategia deberá contar con objetivos específicos y medibles que permita guiar las acciones de las autoridades correspondientes y generar mecanismos de coordinación que permitan que la Conapesca lidere adecuadamente las acciones de combate a la pesca ilegal de la mano de la Marina, Conanp, Profepa, los gobiernos estatales y los pescadores.
Existe una ruta clara para revertir el daño de la pesca ilegal, se requiere de la voluntad de quien llegue a la Presidencia de México.
El reporte completo está disponible en: https://mx.oceana.org/reports/pesca-ilegal-mexico/
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La autora es Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana en México (@OceanaMexico).
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