Persisten riegos en periodismo y activismo
Celebremos la protección y defendámosla
Donde antes nada sucedía, o muy poco, ayer en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos acontecieron en Sinaloa cosas que hablan bien del avance en la salvaguarda de dos gremios que continúan bajo amenaza de la delincuencia y corrupción organizadas, persistentes ambas en consumar sus fechorías sin que los ciudadanos se enteren. Se trata de pasos dados, aunque a tientas, en el campo minado que el crimen tiende a conciencia de que la impunidad estará a su favor.
Es que simultáneamente, en eventos distintos, fue presentado el monitor que mide logros y pendientes en cuestión de detectar y prevenir riesgos para comunicadores y ombudsman, así como se intenta sensibilizar a la fuerza pública estatal del respeto recíproco entre elementos policiacos que realizan operativos de seguridad y reporteros que les dan cobertura a éstos.
Antes de continuar, vale la acotación de que la mayoría de periodistas y activistas se sostienen en el escepticismo de que sus actividades las siguen realizando con las mismas condiciones de riesgo de siempre. Tienen razón pues cada vez que suceden hechos de violencia de alto impacto, como es el caso que a finales de julio desplazó a decenas de familias del municipio de Sinaloa, los criminales se ocupan en intimidar a los trabajadores de la información para que redacten para el miedo, no para el derecho de las audiencias a estar adecuadamente enteradas.
Pero necesitamos avanzar más en la senda para que el estado de los once ríos tenga la mejor norma y órgano garante en lo referente a protección. A ello se debe la trascendencia de que la organización Iniciativa Sinaloa, bajo la dirección de Marlén León Soto, le aporte a la Red de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el micrositio de monitoreo y el primer informe de seguimiento a la implementación del precepto y la institución protectora.
En el monitor presentado por Sibely Cañedo, coordinadora de IS, son analizadas siete áreas clave, encontrándose en estos momentos omisiones en los rubros de creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, implementación del Órgano Interno de Control y máxima publicidad conforme a los lineamientos de transparencia. En los hallazgos hay avances notables (semáforo verde) en ingreso a la Plataforma Nacional de Transparencia, lineamientos para la asignación de recursos públicos y protocolo de evaluación de riesgo, mientras que en foco amarillo (progresos notables) está lo referente a estudios de riesgo y zonas de silencio.
Mientras tanto, las recomendaciones dadas a conocer por la periodista América Armenta apuntan hacia el Congreso del Estado exhortándolo a establecer una agenda de trabajo para la protección de personas defensoras y periodistas con miras a políticas públicas integrales que cumplan con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Al IPPPDDHyP le remarca la necesidad de que instrumente estrategias de vinculación y coordinación a fin de crear una cultura de respeto y protección en todos los niveles del servicio público para que asuman sus responsabilidades.
En ese punto de inducir en lo actores gubernamentales prácticas de respeto a periodistas y activistas avanzó la directora del Instituto de Protección, Jhenny Bernal Arellano, al concluir la jornada de tres días que la llevó a conversar con 157 agentes de la Policía Estatal Preventiva para imbuirles lo crucial de la coadyuvancia de los dos sectores, corporación y prensa, para el trabajo entre las partes fincado en el respeto y apego a la ley, pues ambos, les recordó, requieren del acompañamiento mutuo y de la sociedad. “Necesitamos hacer una labor muy importante con nuestros policías, con nuestros periodistas y defensores porque se ha perdido la línea de respeto y es necesario recuperarla. Que nuestros y nuestras defensoras sepan que tienen aliados en ustedes, que nuestras madres buscadoras sepan que pueden sentirse protegidas por ustedes”, expuso.
La Ley y el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas son una realidad, pero constituyen apenas la piedra de toque en lo bastante que falta por hacer. En la etapa actual, el involucramiento del gobierno, sistemas de procuración e impartición de justicia, medios y trabajadores de prensa, órganos no gubernamentales y de la sociedad civil, resulta crucial para transitar del “ya lo tenemos” al “así los queremos”.
Celebremos que aparte del Instituto y la Ley contamos con organizaciones que como Iniciativa Sinaloa, la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio y la Red de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, efectúan la labor propositiva de ir más allá de lo que ahora tenemos en materia de protección. Y notemos siempre que antes del 24 de mayo de 2022, cuando el Congreso aprobó tal legislación, estábamos en cero y que lo conquistado hasta hoy es perfectible si entre todos echamos a andar todas las estructuras que en sincronía deben funcionar para tener el mejor marco legal y un excelente órgano garante.
No cejemos ni un minuto,
En la tarea por hacer,
Que es la de fortalecer,
A la Ley y al Instituto.
Cada vez que se realiza la movilización militar y policiaca para sofocar crisis de violencia que colocan en riesgo a la población sinaloense, a tal despliegue de seguridad pública le debiera corresponder la ubicación in situ de las instituciones de defensa de derechos humanos gubernamental, autónoma e independiente para que la gente sienta protegidas sus garantías individuales y vea cercanos los medios de denuncia en casos de atropellos. Le caería bien al Gobernador Rubén Rocha implementar esto como regla en las acciones de pacificación de Sinaloa.
