El asesinato de periodistas se ha convertido en México en un infame deporte nacional. Esta semana se suman dos casos más: Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, directora y reportera de un portal informativo, El veraz, fueron acribilladas afuera de un Oxxo en Cosoleacaque, Veracruz.
De 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 155 asesinatos de informadores, en posible relación con su labor. Del total, 141 eran hombres y 14 eran mujeres. De ellos, 47 se registraron durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. En los 42 meses del actual mandato de Andrés Manuel López Obrador van ya 35. Nueve en lo que va de 2022.
Invariablemente, en cada caso, las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno repiten el clisé: “Condenamos enérgicamente este crimen”. “No quedará impune”. “Se llegará hasta las últimas consecuencias”. “Reiteramos nuestro respeto irrestricto a la libertad de prensa”. Sólo cambia el nombre de la víctima y el lugar de su asesinato.
Casi siempre se informa pronto que el o los autores materiales del asesinato han sido identificados. Rara vez es detenido alguno. Menos se llega a sentenciarlos: la inmensa mayoría de esos homicidios quedan finalmente impunes. Desde 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició tres mil 419 investigaciones por agresiones a periodistas y comunicadores, y de ellas, en solo 28 se habían logrado sentencias contra los responsables. Menos del uno por ciento respecto al total de casos.
En estos 11 años, la FEADLE registró 94 asesinatos de periodistas, pero hasta diciembre de 2021 solo tenía constancia de seis sentencias por el delito de homicidio, descartando en el 70 por ciento de los casos investigados que existiera vínculo con el trabajo periodístico.
Lo más grave de todo es que desde la cúspide del poder en México se aliente un clima de linchamiento contra los comunicadores, que en gran medida puede explicar la multiplicación de los crímenes contra ellos en diferentes partes del país. Concretamente desde el púlpito de Palacio Nacional se les estigmatiza de manera prácticamente cotidiana, con generalizaciones más que imprudentes e injustas. En el discurso presidencial los periodistas somos, todos, seres deleznables: corruptos, chayoteros, mentirosos, cómplices y solapadores de los saqueadores del país, de los enemigos y explotadores del pueblo y ahora de los traidores a la Patria.
El asunto ha sido motivo de preocupación no solo del gremio afectado y de agrupaciones de periodistas, sino también de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de organismos internacionales como las Naciones Unidas, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta el Parlamento Europeo. La degradación inducida de la imagen de la profesión, advierten, es caldo de cultivo para las agresiones de todo tipo, incluido el homicidio.
En marzo pasado, la Unión Europea aprobó una resolución en la que hizo un llamado a las autoridades mexicanas, y en particular a las más altas, a “abstenerse de emitir cualquier comunicado que pueda estigmatizar a los defensores de derechos humanos, periodistas y trabajadores de los medios, exacerbar el ambiente en su contra o tergiversar su líneas de investigación”.
Sin embargo, Andrés Manuel escapa invariablemente, de manera tramposa, a esos señalamientos. Asegura que en nuestro país el Gobierno respeta la libertad de prensa y no persigue ni reprime ni menos mata a los periodistas. Por supuesto que no. Desde el asesinato del columnista Manuel Buendía Tellezgirón en 1984 (hechos en los que se vio involucrado por cierto el actual director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, entonces Secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid Hurtado) no se ha registrado algún crimen de Estado en México.
Con su estrategia de confundir deliberadamente la información con la opinión para descalificar a los medios y los comunicadores que le son adversos y evadir así los trabajos periodísticos que descubren y documentan fallas, mentiras o corruptelas en su gobierno, López Obrador alimenta irresponsablemente una animadversión hacia quienes ejercemos esta actividad.
Se ha llegado al extremo de elaborar “listas” de informadores y analistas, que son exhibidos como enemigos del cambio y aliados del conservadurismo, casi como delincuentes, en la pantalla-hoguera de las conferencias de prensa matutinas del salón Tesorería. Cuidado. Por ese camino se llega derechito a la sentencia atroz: “Haz patria, mata a un periodista”. Válgame.
PERDIDA EN EL LABERINTO. Obligada a su divulgación por la inevitable filtración del documento censurado de la empresa noruega DNV sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, la jefa de Gobierno de CDMX se perdió en su laberinto. Mientras sus colaboradores hacían maroma y media para desacreditar el famoso Tercer Informe, Claudia optó por hacer mutis en lugar de dar la cara. A pesar del nuevo espaldarazo presidencial, ese nuevo error puede precipitar su hundimiento.
