"Periodismo y medios: las nuevas batallas. Caso Javier Valdez y ataques cibernéticos"
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A la tribuna de la Cámara de Senadores se llevó ayer la denuncia por los hackeos consumados contra medios de comunicación de Sinaloa, en la víspera de que el sector de la prensa afectado la presente hoy ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, cerrándose la etapa querellante y abriéndose la expectativa de que estos delitos no sean archivados en la gaveta de asuntos irrelevantes y que la investigación correspondiente siente precedentes que motiven el ejercicio de la libertad de expresión.
Sin existir motivos para echar a vuelo las esperanzas, pues la coyuntura coincide con el cumplimiento de más de 40 meses de impunidad desde que el 15 de mayo de 2017 asesinaron en Culiacán al periodista Javier Valdez Cárdenas, se impone terca la sensación de desamparo, y la correspondiente impotencia, porque a nadie parece importarle en México y en este caso en Sinaloa las agresiones contra reporteros y sus trincheras.
La Senadora Imelda Castro Castro planteó un punto de acuerdo que les solicita a los titulares de la Feadle, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo; de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra y del Gobierno de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, que investiguen los ataques a los sitios web del periódico Noroeste, la revista Espejo, el noticiero Línea Directa, al semanario Ríodoce y al sitio Reacción Informativa y se ubique, detenga y procese al o los responsables, se desplieguen las medidas de protección de las garantías constitucionales de las víctimas y se adopten las mismas acciones en el ámbito estatal.
“Hasta el momento se desconoce el origen de las agresiones o si dichos ataques provienen de un mismo agente, sin embargo, éstos pudieran tener que ver con el inicio del proceso electoral rumbo al 2021”, dijo la senadora sinaloense, mientras que otro integrante de la Cámara Alta, Mario Zamora Gastélum, había planteado el 23 de septiembre la misma solicitud de investigación y sanción de los hechos, ante el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
El 24 de septiembre, la organización Artículo 19 que defiende la libertad de expresión en el contexto internacional se pronunció junto con 53 organizaciones y medios del país, y 145 ciudadanos, para que la Feadle investigue con urgencia los ciberataques a medios sinaloenses y dé con los responsables, apegándose al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que establece que las agresiones contra la prensa deben tener como línea de investigación base la labor informativa del medio.
En esta misma vertiente, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel dio a conocer el 28 de septiembre que le solicitaría a la Fiscalía General del Estado la investigación respectiva ya que este tipo de delitos “es algo que no se vale, que es reprobable y creo que lo que está pasando con los medios de comunicación no está bien, es algo que no puede quedar impune”.
En fin, más que un asunto particularmente planteado desde los cinco medios de comunicación que fueron afectados, los ataques cibernéticos simultáneos y repetitivos a los portales informativos del periódico Noroeste, la revista Espejo, el noticiero Línea Directa, al semanario Ríodoce y al sitio Reacción Informativa deben verse como la agresión a la libertad de expresión con obstrucción al derecho a la información.
Si desde los contenidos periodísticos insistimos todos los días en que sean esclarecidos y apliquen la ley en lo referente a delincuencia en sus diversas formas de manifestarse, resultaría incongruente que esta vez el sector de la prensa permaneciera de brazos cruzados, por intimidación o por conformidad, sobre todo si el daño ocasionado trasciende a los medios y se traslada a derechos fundamentales de la población en general.
Hay que seguir en pie de lucha, ahora que los hackers y los intereses que se agazapan detrás de ellos están calando el nivel de fragilidad del periodismo digital para perpetrar un ataque brutal y definitivo que les cancele a las audiencias toda posibilidad de acceso a contenidos que incomoden a los poderes formales o efectivos. Para nada es ahora el momento de anularnos en la defensa de las tribunas periodísticas que son esenciales para el fortalecimiento de los pilares de legalidad, paz, democracia y transparencia.
Solamente se trata de otra batalla por librar, paralela a la jornada de exigencia de justicia a Javier Valdez, demanda que no se ha concretado a 40 meses del crimen, un retraso de un año y ocho meses en el juicio y seis diferimientos en el desahogo de diligencias, tiempo cedido a la impunidad y lapso que los presuntos responsables han aprovechado para armar sus coartadas.
Reverso
Nos llegará en alguna ocasión,
A manera de noticia,
Al periodismo la emancipación,
Y a Javier, la justicia.
Sacando cuentas
Luis Guillermo Benítez Torres, quiere que las feministas paguen por rayonear las paredes del Palacio Municipal. Pero él cuándo saldará los daños ocasionados por derroches, fiestas virreinales, viajes al extranjero con todo y Banda El Recodo, mariscadas ofrecidas a políticos en la Ciudad de México, vehículos de lujo para él y la familia, contratos millonarios dados a sus cuates, impunidad concedida a los culpables del tiburonario colapsado, dinero que le entregó vía contratos a la empresa que tenía demandado al Ayuntamiento. Si el Alcalde pagara todo lo que les ha quitado a los mazatlecos, de seguro le alcanza para remozar la pintura de Mazatlán entero.
