El 19 de febrero de 2006 ocurrió un siniestro en la mina Pasta de Conchos en el que fallecieron 65 mineros, 63 de ellos permanecieron sepultados en el mismo sitio. La mina estaba concesionada a Grupo México.
Desde 2006, las familias de los mineros cuyos cuerpos quedaron atrapados emprendieron una lucha ejemplar. A los días del siniestro, ya habían establecido un plantón afuera de la mina y exigieron el rescate de los restos de sus seres queridos.
Pero su exigencia se enfrentó a un muro de indiferencia, negligencia y connivencia. Tres administraciones federales se negaron a avanzar en los temas esenciales para las familias: en la justicia, porque eludieron la debida investigación y sanción de los responsables; en el rescate, porque arguyeron que la recuperación de los mineros era inviable, y en las garantías de no repetición, pues omitieron fortalecer la rectoría del Estado sobre la minería de carbón.
Pese a la impunidad empresarial y la complicidad gubernamental, las familias de los mineros nunca dejaron de presentar argumentos sobre la viabilidad del rescate. También participaron en las distintas investigaciones iniciadas. Además, cada 19 de febrero, durante 18 años, marcharon en la Ciudad de México para preservar la memoria. Como parte de estos esfuerzos, en 2018 instalaron el antimonumento “+65” en la Avenida Reforma de la capital, frente a la Bolsa Mexicana de Valores, a efecto de apuntar simbólicamente hacia la responsabilidad corporativa. También durante ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso a trámite, presentado con acompañamiento del Centro Prodh, considerando que existen elementos que apuntan a la responsabilidad del Estado mexicano por distintas violaciones a los derechos humanos, ante la falta de justicia y verdad en el ámbito nacional.
Así se llegó a este sexenio en el que se abrió la posibilidad de retomar los trabajos de rescate, por impulso presidencial y bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y la Comisión Federal de Electricidad. Las labores avanzaron con lentitud y retrasos respecto de los planes originales, dada la complejidad técnica de la obra. Como es natural, el legítimo ímpetu de las familias en ocasiones colisionó con los tiempos gubernamentales y se generaron tensiones, además de preocupaciones sobre la falta de condiciones de seguridad para los rescatistas. Pero las familias nunca abandonaron la interlocución, siendo así una fuerza dinamizadora del proceso. Y es que en casos así el reclamo de las víctimas no sólo es legítimo y comprensible, sino que además contribuye, como un digno acicate, al avance, aunque esto no siempre lo sepan comprender todas las autoridades.
Finalmente, tras casi siete mil días, hace unas semanas los trabajadores que valerosamente se han adentrado a la mina tuvieron, por primera vez, contacto visual con algunos restos.
Esta noticia no puede minimizarse. Se trata, como lo destacó la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su momento, de un innegable, que debe reconocerse. También es un triunfo de las familias de los mineros atrapados, que ven ahora cómo 18 años de lucha dan, por fin, frutos.
Para el memorial de la ignominia quedarán quienes una y otra vez insistieron en que el rescate era imposible. Hoy es más claro que nunca que esta reticencia no obedeció a razones técnicas, sino que fue expresión de la captura del poder político por el poder económico: para no cubrir el costo de la obra y para ocultar malas prácticas, tres administraciones federales se pusieron de lado de los intereses empresariales y no del lado de las víctimas. Que el rescate ocurra ahora muestra, entre otras cosas, que las familias siempre tuvieron la razón.
Desde luego, el caso no ha concluido. Los trabajos que vienen serán complicados y deberán sostenerse hasta que sean rescatados todos los cuerpos. La identificación de los restos será una labor compleja, que demandará plena certidumbre científica y la restitución a las familias de los cuerpos exige ser digna. En este sentido, el pasado 8 de julio familiares demandaron más transparencia en la actuación de la Comisión federal de Electricidad, de la Secretaría del Trabajo y de la Fiscalía General de la República, que ha quedado ahora a cargo de los procesos.
Por otro lado, también quedará como gran pendiente el diseño de garantías de no repetición, pues como muestra el caso de la mina de “El Pinabete”, las actividades extractivas en la zona carbonífera -esa región de inmensa dignidad, desde los tiempos de la histórica lucha de los mineros de Nueva Rosita- sigue siendo sumamente peligrosa, y la presencia del Estado es indispensable, sobre todo mediante el incremento del número y la calidad de las inspecciones a las minas y de la acción decidida contra la muy peligrosa explotación clandestina.
Con todo, el anuncio del hallazgo debe saludarse y tiene un profundo significado. No es menor que ya haya ocurrido la primera identificación, correspondiente al minero José Alfredo Ordoñez Martínez, cuyo cuerpo finalmente fue inhumado en condiciones dignas por sus familiares, que podrán comenzar el proceso de un duelo suspendido.
Además de no escatimar reconocimiento a las autoridades que han coordinado e impulsado las labores, así como a los trabajadores que se han adentrado a las profundidades de la mina, es de justicia reconocer la persistencia de las víctimas. Mujeres valientes como Elvira Martínez, que no dejó de luchar habiendo quedado viuda y con tres hijos, y que en el acto público de hace unas semanas dijo a las autoridades “este es el inicio de lo que siempre hemos pedido [...]”. O como Doña María Trinidad Cantú, que buscó incansablemente recuperar los restos de su hijo, junto con Don Raúl Villasana, su esposo que se adelantó en el camino, quien en ese mismo acto externó visiblemente emocionada: “este es un sueño realizado [...] no estamos contra el trabajo, estamos contra la injusticia”.
Vale la pena reconocer también a quienes han caminado con las familias todo este tiempo. Las y los integrantes del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), de la Compañía de Jesús, que acompañaron a las víctimas luego de que ocurrió el siniestro, como lo hizo también el entonces Obispo de Saltillo, hoy emérito, Don Raúl Vera. Y sobre todo, hay que reconocer a la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), de la que es parte la valiente defensora de derechos humanos Cristina Auerbach, quien pese a las descalificaciones y las adversidades nunca dejó de acompañar la exigencia, gritada tantas veces a una voz y hoy por fin cercana, de: ¡rescate ya!
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