La esperada renuncia de Juan José Ríos Estavillo al cargo de Fiscal General del Estado de Sinaloa llegó al Congreso. Presentado el documento que se asume una renuncia, aunque en ninguno de los trece párrafos los expresa como tal, sino como un eufemismo de “retiro voluntario”, el Poder Legislativo mandata la publicación de la convocatoria para la elección de un nuevo titular de la fiscalía.
La convocatoria se expide según lo dispuesto en el Art. 21 de la Constitución Política Mexicana y los artículos 76 y 76 bis de la Constitución local y llama a los interesados e interesadas en participar por la vacante de Fiscal General a registrarse en un proceso de selección organizado en primera instancia por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Del total de personas registradas que cumplan con los requisitos legales y se presenten a las comparecencias públicas correspondientes, se elegirán cinco. Esta “quinteta” es decisión exclusiva del organismo ciudadano de selección que abarcará en tres etapas: I) Análisis de la trayectoria profesional de las y los participantes. II) Evaluación de la propuesta de plan de trabajo y III) Comparecencia.
Diversas voces de la sociedad civil, políticos, periodistas, columnistas e incluso funcionarios públicos de nuevo y viejo cuño han mostrado simpatías públicas con algunas y algunos “pre-aspirantes”. Resulta interesante saber que las comparecencias serán públicas y difundidas por las redes sociales, desde ahí los interesados del proceso podrán observar el desempeño argumentativo y la preparación técnica que demuestre cada candidato o candidata al puesto. Público será también el currículo de los aspirantes.
Llevar a la máxima publicidad posible este ejercicio ha sido la mejor respuesta ante los nubarrones que opacaron la salida del Juan José. La cuestionada autonomía no es un asunto discursivo nada más, es un tema de mucho fondo y forma en una de las instituciones públicas más importantes para el Estado. Sinaloa no merece un Fiscal de cuota o de cuates.
Durante la semana me han entrevistado varios medios de comunicación, porque la opinión pública local entiende que esto no solo es un tema de la aplicabilidad de las leyes y el desarrollo puntual del orden constitucional. En temas tan importantes para el Estado, como lo es la elección de un Fiscal General, los actos no solo son asuntos de legalidad -materia de abogados y juristas-, sino también de legitimidad -tema de politólogos, sociólogos y otros teóricos de las instituciones-.
Y aquí es donde los mecanismos ciudadanos de selección, si hacen bien la tarea, podrán salvar la página de la mácula imborrable del abuso en la concentración del poder en el marco de un cambio de gobierno. Por eso, a leer en la convocatoria temas como: “Declaración de conflicto de interés”, “declaración patrimonial” y “declaración fiscal”, acompañado de cartas de recomendación, investigación de los antecedentes o carpetas de investigación de cada uno de los interesados ante las fiscalías locales y la FGR, además de la ya mencionada comparecencia pública, el trago apesadumbrado del mal pensamiento, puede ser menos amargo.
Cuidar las formas tanto como el fondo, fue la regla en la hegemonía del partido que gobernó el país por mas de siete décadas. Si hoy se quieren regresar por los senderos ya recorridos, valdría la pena recordar que “nada” se puede dejar en los terrenos del “ahí se va”. En abono a la discusión valdría la pena señalar que Sinaloa no es la única entidad federativa con cambio de gobernador que vive un proceso de cambio en de fiscal. En Colima, San Luis Potosí y Chihuahua han cambiado de fiscal por causas diversas, años atrás pasó lo mismo en Veracruz, Morelos y Puebla.
Por verse las definiciones y los resultados de la selección de la primera etapa (en la quinteta) y la decisión que tomará el Gobernador (en la terna) y la votación que se computará por los sufragios de los cuarenta legisladores y legisladoras. Del resultado de la suma de los procesos; del organismo ciudadano, del próximo Ejecutivo y del Legislativo emanará la figura de un fiscal, que tendrá sobre sus hombros sacar adelante los vergonzosos números en materia de impunidad, cifra negra, carpetas de investigación congeladas y múltiples deficiencias institucionales en temas tan importantes como las capacidades de los servicios forenses y la atención desde las perspectivas de las víctimas y la reparación del daño. Luego le seguimos...
