¿Para cuándo el relevo en la CEDH?
Congreso prorroga a Álvarez Ortega
A José Carlos Álvarez Ortega se le venció el 7 de junio el segundo período en la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sin que el Congreso del Estado emita la correspondiente convocatoria para renovar al ombudsman de Sinaloa, dando la impresión el Legislativo de que entre sus prioridades no está la salvaguarda de las garantías constitucionales inherentes a las personas. Aún tratándose de un acto de omisión, como todo indica que es, de cualquier forma significa inobservancia a la Ley en la materia.
La 64 Legislatura a punto de fenecer porque concluye funciones el primer día de octubre cuando tomará posesión la siguiente integración de la Cámara, no puede permitirse descuidos, ni siquiera al parpadear, tratándose de la figura de defensor del pueblo en el contexto de alta incidencia de ataques a los derechos humanos que afectan a los segmentos poblacionales de mayor vulnerabilidad. Le queda poco tiempo para desahogar la designación del nuevo presidente de la CEDH, pero debe hacerlo.
Álvarez Ortega fue nombrado el 7 de junio de 2016 para un período de cuatro años con posibilidad de ser reelecto por una sola vez por lo que hasta en noviembre de 2020, cinco meses después de cerrar la primera etapa, el órgano legislativo lo refrendó con retraso al frente de la CEDH. Legalmente debió dejar el cargo hace diez días y ni siquiera ha iniciado el procedimiento parlamentario abriéndose un lapso ilegítimo de prolongación del encargo. Inadmisible que la demora que aplicó para reelegirlo sea reeditada al designar al sucesor.
No es que Álvarez Ortega haya presentado un mal trabajo o que esté operando para estirar su permanencia en la CEDH. Nadie cuestiona sus buenos resultados en los ocho años que ha desempeñado esta responsabilidad ni se le puede comprobar algún plan tendiente a extender el plazo legal. Es el Congreso del Estado, específicamente la Comisión de Derechos Humanos, la que no da señales de cumplimiento al procedimiento del relevo.
A este retardo metodológico habría que agregarle el tiempo que tomará convocar, seleccionar y elegir. El artículo 17 de la Ley Orgánica de la CEDH dispone el procedimiento de consulta pública organizado por el Legislativo, con la publicación de la convocatoria, comparecencia de aspirantes, dictamen sometido a consideración del Pleno y finalmente la toma de protesta. Mínimamente, si se implementara el formato a marchas forzadas, tomaría de uno a dos meses.
Este tema carecería de trascendencia a no ser que se trata del amparo a sectores que están en Sinaloa en diferentes situaciones de fragilidad. En enero del año en curso Álvarez Ortega le informó al Consejo Consultivo que en 2023 los más agraviados en sus garantías constitucionales, según las quejas recibidas por la CEDH son mujeres, con mil 872 casos; adultos mayores, con 679; niñas, niños y adolescentes, con 409; personas con discapacidad, con 112; jornaleros agrícolas, con 81; personas con alguna adicción, con 38, e infectados por con VIH SIDA o miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, con 6, así como periodistas, con cuatro casos.
Habría que agregar que los transgresores de derechos humanos no ofrecen treguas. Sean crimen organizado, mafias políticas o servidores públicos, persisten en generar miedo mediante procedimientos que retan a las instituciones que tienen la encomienda de poner orden y mantener la legalidad. Ahí están como evidencia más reciente del predominio violento que doblega a las autoridades, los disparos con armas de fuego contra el edificio sede del diario digital Adiscusión, la noche del 13 de junio en Culiacán.
De la urgencia que el Poder Legislativo le otorgue en su agenda a temas como la renovación de la presidencia de la CEDH dependerá la habilitación jurídica, moral y social del ombudsman estatal. Esto trasciende cualquier accidente jurídico donde alguien que ejerza el cargo más allá de los plazos que delimita la Ley, así lo haga con la mayor aptitud y reconocimiento, sea cuestionado respecto al soporte legal imprescindible para el órgano y el individuo que lo representa. Legitimar es del verbo a conjugar en el trámite de transición.
En el centro de este análisis está el debido cuidado de la normatividad para que ninguna irregularidad salpique a la CEDH y de paso rocíe la integridad de la Comisión contaminándole la credibilidad y la confianza al que venga a relevar a Álvarez Ortega. Muy al margen de quien preside o presidirá el órgano autónomo prevalece la importancia de que exista la mejor protección a segmentos en indefensión frente a perpetradores de todos los modos de abuso.
Eso es lo cardinal. Al poner en relieve la tardía intervención del Legislativo para efectuar el cambio de estafeta en la CEDH, lo que resalta es la preocupación por la probable desidia que interfiera en la legitimidad del reemplazo. De seguro Álvarez Ortega resolvería el dilema apostándole a mantener intacta la dignidad de la institución ombudsman.
El Congreso con su demora,
Se muestra atado de manos,
Cuando debe sonar la hora,
Puntual de derechos humanos.
Alejandro Moreno Cárdenas debe soltar el timón del PRI como primera condición para que el partido implemente la transfiguración sin dejar rastros en el presente del ignominioso pasado que en cada proceso electoral lo disipa más en la preferencia de los ciudadanos. Sí, cambiarle de nombre y de colores, pero también poner al Revolucionario Institucional lo más lejos posible de los apetitos políticos que lo han destruido y “Alito” es uno de éstos. La “profunda reforma, grandísima, como nunca” que propone el desfachatado dirigente nacional del tricolor acabará siendo más gatopardismo, si él continúa sacándole provecho al cadáver priista.
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