La mañana del 20 de octubre de 2024 fue asesinado el Padre Marcelo Pérez Pérez, sacerdote tsotsil de 51 años, originario de San Andrés Larrainzar, conocido por su profundo compromiso con la justicia, la paz y los derechos humanos. El asesinato del Padre Marcelo ocurrió en San Cristóbal de las Casas, a plena luz del día, cuando salía de celebrar una misa en la iglesia del Barrio de Cuxtitali. Este homicidio es hoy signo y evidencia de la profunda descomposición en que se encuentra el estado de Chiapas, similar a la que -tristemente- viven también otras regiones del País.
El Padre Marcelo fungía como párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí tuvo que desplazarse, por cuestiones de seguridad, después de haber estado en Pantelhó durante más de cinco años. Antes fue vicario de la Pastoral Social en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas durante dos periodos, a lo largo de casi seis años.
El compromiso de este sacerdote ejemplar era conocido y reconocido por muchas y muchos. De la mano del Pueblo Creyente de Simojovel, que es parte del Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), el Padre Marcelo encabezó iniciativas pacíficas -como peregrinaciones multitudinarias, encuentros de reconciliación y mesas de diálogo- para rechazar el alcoholismo, la violencia, las violaciones a derechos humanos cometidas por las autoridades, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y el contubernio entre grupos políticos y el crimen.
La mediación frente a los conflictos fue uno de sus principales aportes. Así, contribuyó a que, en noviembre de 2018, 400 familias desplazadas de El Bosque tras un ataque armado retornaran a su comunidad. Posteriormente, en abril de 2020, trabajó para que pobladores de Santa Cruz Nihó y Allende Esquipulas de Bochil sellaran un pacto de paz.
En esta línea de trabajo, uno de los desafíos más arduos que enfrentó fue la labor de pacificación frente al conflicto del municipio de Pantelhó. Tras ocho años de crecimiento del crimen organizado en la región y del asesinato de uno de los líderes de Las Abejas de Acteal -Simón Pedro Pérez López- decenas de familias empezaron a desplazarse. Ante esta situación, el Padre Marcelo -acompañando por más sacerdotes y religiosas- logró establecer un diálogo entre las personas desplazadas, el grupo de las así llamadas autodefensas, pobladores y autoridades.
Derivado de su labor en este caso, el Padre Marcelo fue criminalizado a través de la apertura de una carpeta de investigación en su contra, por una acusación falsa que, sin embargo, se judicializó y que incluso derivó en una aberrante orden de aprehensión, lo que en su momento denunció con firmeza el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
La reconciliación en los conflictos no fue la única vertiente de acción del Padre Marcelo, quien entendió que la paz sin justicia puede ser simulación. Por eso, defendió los derechos colectivos de los pueblos. Así, acompañó a las y los habitantes de Solosuchiapa cuando, en defensa de sus derechos al territorio, al agua y a la salud, afectados por la acción de la minera Frisco, decidieron dar por terminada su relación con la empresa. El Padre Marcelo también encabezó peregrinaciones con los habitantes de Huitiupan en exigencia del cumplimiento de su derecho a la salud. Más recientemente, acompañó a ejidatarias y ejidatarios de Bachajón quienes fueron injustamente detenidos en el contexto de su oposición a la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio indígena, lucha valerosa que acompañamos desde el Centro Prodh en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Toda esta trayectoria trajo consigo múltiples riesgos a la vida del j’Tatic Marcelo: desde declaraciones criminalizantes por parte de funcionarios y actores de poderes fácticos hasta amenazas directas a su vida, así como la ya referida emisión de una orden de aprehensión. Por ello fueron otorgadas las medidas cautelares números MC-506-14 por parte de la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, vigentes -e incumplidas- hasta el día en que fue asesinado. La responsabilidad del Estado por incumplir su obligación como garante de la vida de un defensor de derechos humanos en riesgo conocido, considerando estos antecedentes, es evidente en este caso y así debe señalarse.
El crimen contra este emblemático religioso indígena ha cimbrado en México y otras partes del mundo. A la condena y exigencia de justicia ya se han sumado la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Diócesis de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Compañía de Jesús, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora de la ONU sobre las defensoras y los defensores de derechos humanos, entre otros actores.
Sin embargo, la respuesta gubernamental no ha estado a la altura de esta indignación. En particular, ha sido evidente -como lo fue ante la inédita decapitación del alcalde de Chilpancingo- que se permitirá a la Fiscalía General de la República pasar de largo en la investigación de estos crímenes, que aparentemente seguirán abordándose como meros homicidios del fuero común, obviando la conexión evidente que guardan con la delincuencia organizada. De ocurrir eso en el caso del Padre Marcelo, estaremos ante el absurdo de que la misma Fiscalía que lo criminalizó investigue ahora su ejecución; no sería extraño -dado este antecedente- que ello pueda derivar en intentos de empañar su memoria. Sin soslayar lo anterior, más allá de la justicia, la respuesta gubernamental debe atender con medidas urgentes la severa crisis en que se encuentra Chiapas, sin descalificar a quienes la denuncian, como lamentablemente ocurrió el sexenio pasado cuando a quienes alzaron la voz se les acusó de “exagerar”. Las consecuencias de este proceder negligente están a la vista.
Pero con independencia de lo que pase arriba, sin duda alguna la memoria del padre Marcelo vivirá por muchos años en las comunidades y los pueblos con los que caminó en el México de abajo: la memoria de un sacerdote del pueblo que llevó a la práctica su fe, entendiendo que ésta necesariamente obliga a trabajar por la justicia, como tantos otros y otras en la imprescindible Diócesis de San Cristóbal de las Casas, desde tiempos de Don Samuel Ruiz. Su ejemplo, en este sentido similar al de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, ultimados en Cerocahui, nos habla del entrañable testimonio de quienes desde los márgenes y con la gente siguen encarnando con congruencia profética lo que con amor predican. Descanse en paz.
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