Otro grito de auxilio de la población infantil
¿Y la estrategia Sinaloa a favor de la niñez?

Aun de la indignación, del horror mismo, debemos sacar fuerzas para denunciar la ausencia de acciones de gobierno para alejar a los niños de esa trampa en que se convierten las familias disfuncionales que en el límite de la cobardía atentan contra ellos, la parte más débil y desamparada del tejido social. Aunque sea en el fondo del barranco de la irracionalidad en que nos reitera la espantosa muerte de la pequeña en un campo agrícola del Municipio de Navolato, ha de haber algún hálito de entereza que permita convertir la consternación en determinación.

Quien asesina a una niña o niño nos mata a todos los componentes del conjunto humano. El crimen en sí acaba con cualquier indicio de civilidad y arrasa con el Estado, el sistema de leyes, el entramado institucional de protección a la infancia y los anhelos por transformar en convivencia armónica aquello que desde hace mucho ha sido coexistencia violenta, tanto que ahora avanzamos a normalizarla por la pérdida de las capacidades de asombro y de prevención ante sucesos brutales como el ocurrido el martes.

Primero la crueldad con que privaron de la vida a la niña Valentina en Mazatlán, de 13 años de edad, nos avivó la herida de la violencia contra lo más entrañable de los hogares. Ahora, la terrible inmolación de la menor de 6 años debe activar acciones que vayan más allá de las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado, las reacciones de autoridades que se estancan en exigir “castigo ejemplar” y la conmoción generalizada por la saña injustificable con que se atenta contra la niñez. Inadmisible que a los días todos despertemos con la memoria y la protesta calmadas.

A la Secretaría de la Mujer, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes les están planteando las circunstancias la emergencia de planes de supervisión, detección y atención oportuna de menores de edad en situación de peligro frente a agresiones de diferentes tipos. Cueste lo que cueste, a como sea, en Sinaloa urge la gran estrategia de salvaguarda de los derechos y la vida de la niñez.

Falta acercar a las zonas de alta incidencia o de posibles sucesos de violencia intrafamiliar los sensores gubernamentales que ubiquen y atiendan los casos mediante la proximidad social. Una red de profesionales que ponga en la mira a familias disfuncionales y que pueda y sepa aislar a los pequeños de episodios de violencia que en el peor de los casos acaban en tragedias que los sinaloenses ya no debemos permitir. Ni una niña o niño más en las garras de la bestialidad que asesta el zarpazo en el lugar y hora menos pensados.

Los gobiernos municipales también están convertidos en observadores pasivos de esta expresión del fenómeno criminal siendo que tienen a los Síndicos y Comisarios palpando en la esfera más cercana del quehacer ciudadano. Quien sea sabe en la comunidad rural, o en manzana de una colonia, en qué familias acechan conductas de inminente ataque a los niños; estos ciudadanos deben ser concientizados y dotados de instrumentos de denuncia ante posibles acometidas ilícitas contra niñas, niños y adolescentes.

Se trata de subir el escalón que le sigue a la sensibilidad mostrada por el Gobernador Rubén Rocha Moya y la Secretaria de l Mujer, María Teresa Guerra Ochoa. Este es el momento de no escatimar en la operación del sistema de rastreo y actuación a tiempo en cuanto a protección de la población de menor edad en condición vulnerable. Ninguna otra víctima agregada a la lista que en diciembre nos coloca en la afrentosa realidad del delito ejercido al más ignominioso nivel de la barbarie.

Rocha Moya manifestó ayer su pesar y sinceras condolencias a los familiares y a toda la comunidad de trabajadores del campo agrícola, “por este ya de por si reprobable homicidio que además le sucedió a un ser indefenso e inocente”. Horas antes, Tere Guerra se pronunció en contra de este tipo de hechos que al ser lastimosos, crueles e insensatos “lastiman y duelen como madres, como familia y como sociedad”.

Claro que sí representa un avance que en los dos casos de niñas asesinadas los presuntos victimarios hayan sido detenidos y las carpetas de investigación estén en curso. Son resultados que mitigan el impacto derivado del pavor por los sucesos, sin embargo, resultan insuficientes al incrementar la preocupación de saber que muchos niños continúan expuestos a circunstancias similares y que cerca de ellos no hay la mano solidaria o la política pública que los rescate.

El Gobierno del Estado está obligado a instalar la prevención y la ley muy por delante de las conductas criminales que afectan a la niñez. Y jamás verse orillado a enviar la condolencia o el “iremos hasta las últimas consecuencias” después de que otros pequeños resulten sacrificados. A empezar hoy, sin que nadie se quede al margen, esta enorme tarea que tiene mucho que ver con la paz, los valores, la familia y la legalidad.

Nos llegó la cruel realidad,

Con sus violentos desaliños,

A ensombrecer la Navidad,

Despojándonos de los niños.

Muchos niños en situación de calle, la mayoría utilizados con fines de mendicidad, constituyen la otra luz de alerta que a toda hora y en cualquier lugar se enciende en la vía pública y la asumimos como una fatalidad más a la que debemos acostumbrarnos. Lo que menos importa es la moneda que les damos porque tal dádiva no alcanza para atemperar el remordimiento de no hacer lo que debemos, lo que podemos, para alejarlos de ese tren de vida que les atropella el futuro frente a las narices del gobierno y de los ciudadanos.