Opacidad y corrupción en el Ayuntamiento de Mazatlán

    Pretendieron ocultarlo, pero al final la presión ejercida por la opinión pública obligó al Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, a revelar las desmesuradas condiciones de pago que el Ayuntamiento acordó con Nafta Lubricantes para liquidar la obligación que se tiene con esta empresa a raíz de una demanda millonaria que se perdió de manera omisa.

    Pretendieron ocultarlo, pero al final la presión ejercida por la opinión pública obligó al Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, a revelar las desmesuradas condiciones de pago que el Ayuntamiento acordó con Nafta Lubricantes para liquidar la obligación que se tiene con esta empresa a raíz de una demanda millonaria que se perdió de manera omisa.

    Antes de hacerse público el documento, el comité de transparencia del Ayuntamiento decidió, a propuesta del recién nombrado Secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, reservar de manera parcial dicho convenio bajo el argumento de que su exposición ponía en riesgo el debido proceso, lo cual es totalmente falso, dado que el juicio de nulidad concluyó en 2019 con la sentencia definitiva a favor de la empresa, por lo que el convenio es simplemente una negociación posterior que no perjudica los derechos procesales de las partes involucradas.

    En todo caso, el Secretario del Ayuntamiento olvida que los ciudadanos también son parte interesada en el litigio, pues al final, son estos los que deberán liquidar con sus impuestos los 141 millones de pesos que los tribunales decretaron como compensación a la empresa, así que, tan sólo por ese legítimo interés, era necesario aclarar y hacer del conocimiento público los términos de cualquier negociación que involucre los recursos y el patrimonio de la ciudad.

    Además, la ley de transparencia establece que para considerar un documento público como reservado, los sujetos obligados deben antes realizar una prueba de daños para verificar si su divulgación realmente compromete la seguridad pública, la vida de un individuo o el patrimonio de un particular; o para corroborar que el menoscabo que pueda producirse con la publicación de la información no sea mayor al interés de conocerla. Es por eso que, ante la falta de una prueba de daños, la declaración de reserva que decretó el Ayuntamiento de Mazatlán carece de total validez.

    El convenio había sido avalado por el Cabildo de Mazatlán desde julio de 2021, y hasta ahora no se sabía con precisión su contenido. Fue necesaria la presión de los medios de comunicación para hacer público el acuerdo. Aunque por la declaración de reserva, dudo mucho que el Ayuntamiento haya revelado la versión completa del documento. Por lo pronto se sabe que el adeudo será liquidado a más tardar el 28 de febrero del próximo año.

    El químico Benítez piensa que le hizo un favor a la ciudadanía al revelar este convenio que por ley estuvo siempre obligado a hacer público. Pero su exhibición no lo exime de responsabilidad, y ahora falta analizar la legalidad del acuerdo, pues todo parece indicar que las condiciones de pago, de por sí onerosas, ahora implican la permuta de un lote que el Ayuntamiento le está otorgando a Nafta por debajo de su valor comercial, así como la cesión ilegítima de un terreno de gran plusvalía, por estar localizado frente al Parque Central de Mazatlán. Se trata de un terreno que pertenece a los vecinos del Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto y es utilizado como parque vecinal.

    En su primer borrador, el acuerdo también mencionaba otro lote ubicado frente al bosque de la ciudad, que es administrado por el Consejo Ecológico de Mazatlán (CEMAZ), organización sin fines de lucro que promueve el cuidado y conservación del medio ambiente. De no haber sido por las filtraciones que en su momento hizo Observatorio Ciudadano, encabezado por Gustavo Rojo, seguramente ese terreno ya estuviera en posesión de Nafta lubricantes. Por eso es inaceptable que se pretenda arrebatar a los mazatlecos los pocos espacios públicos para incorporarlos a la misma dinámica de especulación inmobiliaria que ya hemos denunciado en otras ocasiones.

    El convenio también estipula la condonación de impuestos y permisos a esta empresa filial de Grupo Arhe, que entre 2013 y 2020 se benefició con 19 contratos y 117 millones de pesos, pasando por alto los impedimentos estipulados en la ley de adquisiciones, que prohíbe al Municipio celebrar acuerdos con personas físicas o morales con las que se tengan procesos legales.

    Es evidente que el Ayuntamiento está sumido en la opacidad y la avaricia. La 4T no le está haciendo justicia a las localidades que votaron para acabar con la corrupción. Mientras, la ciudadanía se encuentra aletargada por el populismo del Presidente de la República. Mazatlán es la muestra de lo que ocurre cuando se deja de criticar y acotar al poder: tarde o temprano se corrompe.