Ohuira: una consulta para legitimar una planta ilegal
Vivimos tiempos cínicos. Los fines se imponen por encima de los medios. Ya no importa el cómo, solo hay que conseguir el qué. En especial si se trata de dinero o poder. Digo esto por varios hechos de la agenda pública que nos enseñan que en esta coyuntura de nuevo gobierno, los sinaloenses habremos de digerir decisiones en otro tiempo impresentables.
El ejemplo más emblemático de ese actuar es la planta de amoniaco de Topolobampo. Un proyecto multimillonario pensado para aprovechar una oportunidad única pero gestado desde el influyentismo y la violación de derechos de terceros. Del que Noroeste dio cuenta en su momento y que nos costó el embate del malovismo.
Pero ya nada de eso importa: en torno a GPO, la empresa promotora cuyo proyecto ha sido detenido por los amparos de los pobladores organizados de la bahía de Ohuira, se han aglutinado ya todos los intereses empresariales y políticos, tanto estatales como nacionales. El objetivo es uno solo: sacar la planta adelante.
Corta memoria: la que fuera una planta incómoda para los opositores de izquierda, es ya una gran inversión ahora que se han convertido en gobernantes.
Lo dijimos desde el editorial que publicamos acompañando el reportaje sobre la planta: toda inversión de esta envergadura para Sinaloa se agradece y apoya, siempre y cuando sea dentro del marco legal.
Y ahí están, de sobra documentados, los hechos: la torcida participación de los Labastida, (padre e hijo), incapaces de ver sus conflictos de interés; el cambio de opinión de Codesin respecto de la ubicación en el humedal RAMSAR; el dinero ganado por “el compadre” Rubén Felix Hays con la compraventa de los terrenos; el inusitado apoyo que el proyecto recibe ahora del Gobernador Rocha Moya y su alcalde “morenista” de Ahome; las encuestas a modo; las “columnas” en medios nacionales hablando bien de la planta; la consulta que viene para simular legitimidad pero que no anulará los amparos (esos sí muy reales) que pesan sobre el proyecto.
Y agregaría algo todavía más preocupante: las amenazas de muerte a Ulises Pinzón, el activista opositor a la planta, y desestimadas por, nada más y nada menos, que ¡Vargas Landeros!
Cada vez me convenzo más de que la planta se hará y más allá de los beneficios que pueda traer, cualquier empresario que pretenda invertir en Sinaloa habrá aprendido una lección poderosa: viola la ley, no tomes en cuenta a los ciudadanos afectados por tu dinero, menosprecia el medio ambiente, al fin que, al tiempo, las “bondades del proyecto” superarán el costo ético. Y para legitimar eso cuenta con la clase política en turno.
Un clavo más a la jodida cultura de legalidad de nuestro estado, que necesita inversión, sí, pero por el camino correcto.
Entiendo que a estas alturas, muchos años después de que en Noroeste hiciéramos público el influyentismo detrás del proyecto, sea terriblemente incorrecto seguir “en contra” del mismo. En su momento se nos acusó de tener intereses económicos ahí y hasta de obstaculizar el desarrollo de Sinaloa.
Personalmente me reuní, siempre con respeto, con funcionarios de desarrollo económico del gobierno anterior y con ejecutivos de GPO; del mismo modo que mantengo contacto con los activistas cuya posición es contraria. He escuchado los argumentos de ambos lados para un tema que es técnicamente complejo y que hemos estudiado a profundidad, pero los hechos relatados en nuestro primer reportaje se sostienen; es decir, sobre la planta solo se han agregado tiempo y amparos, pero en esencia el proyecto es el mismo.
Decía Tony Judt que cambiar de opinión era válido cuando los hechos también cambiaban.
La planta de amoniaco de Topolobampo no ha cambiado nada. No se ha movido ni un centímetro del humedal RAMSAR en el que se encuentra, acaso la empresa ha regalado más dinero en la compra de conciencias; el que cambió fue Rocha y también sus aliados, entre ellos Melesio Cuén: ahora son gobernantes. Y en tiempos económicamente complicados, esa planta conviene, y mucho, al Gobernador, al Presidente, a ciertos empresarios.
Conviene tanto que realizarán una consulta popular para legitimarla, con Consejo y todo. Que no para aprobarla porque los amparos seguirán tan sólidos como antes de que la gente vote. Aunque gane el “sí”. Lo reconoce el mismo Gobernador Rocha Moya al aceptar que el resultado no será vinculatorio.
La consulta pues, tiene un solo objetivo: presionar a la Corte. La Ley, el influyentismo, el conflicto de interés, los pueblos originarios afectados, ¡qué!, lo que importa es anotarse esa inversión. Yo coincido en que el proyecto vale la pena y es necesario, por eso vuelvo a preguntar: ¿y si la reubican?
