La semana pasada, gracias a investigaciones periodísticas publicadas en Univisión y en El País, se dio a conocer un video que registra un nuevo evento de ejecuciones arbitrarias cometidas por el Ejército Mexicano.
Los hechos ocurrieron hace casi un mes, el 18 de mayo, y sólo se supo de éstos gracias al trabajo periodístico y a las denuncias de organizaciones no gubernamentales, lo que confirma una vez más que estas voces civiles son necesarias en un país como el nuestro, con independencia de cual sea el partido que gobierne.
El video es un trágico testimonio visual del uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de elementos del Ejército, muy similar al que se ha documentado en casos como Tlatlaya, que trabajamos a profundidad desde el Centro Prodh. El patrón detectado en estos eventos es que los elementos castrenses, después de vivir momentos de extrema tensión al enfrentarse a la criminalidad organizada, privan arbitrariamente de la vida a personas que ya se encuentran aseguradas e inermes, para después alterar las escenas criminales sembrando armas y posteriormente mentir y distorsionar los hechos en los informes donde dan cuenta de lo ocurrido.
Por eso no se trata de un caso aislado, sino de una muestra de lo que ocurre cuando se amplía el poder militar y cuando se deposita en los castrenses la función de seguridad pública. En un rápido registro hemerográfico, pueden detectarse al menos 11 casos similares durante el sexenio, que involucran a alrededor de 39 víctimas. Pero el número de civiles privados arbitrariamente de la vida podría ser mayor: en la difusión de documentos militares por los “Guacamaya Leaks” surgió información sobre cómo habría 798 personas fallecidas en enfrentamientos protagonizados por el Ejército durante los primeros cuatro años del sexenio, cifra que algunas periodísticas sitúan incluso en las mil personas muertas por militares.
La pregunta es inevitable: ¿en cuántos de estos casos el uso de la fuerza letal se ajustó a los principios internacionales de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas, y en cuántos se trató de casos como el de Nuevo Laredo? La respuesta es imposible, pues las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se benefician de la opacidad e impiden que haya escrutinio externo sobre los reportes pormenorizados por uso de la fuerza letal, que deben realizar conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
En este caso reciente, llama poderosamente la atención además que de nuevo ocurran ejecuciones en Nuevo Laredo, donde ya se han registrado eventos similares en el pasado reciente. La recurrencia de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en esa ciudad tamaulipeca debería llevar a una investigación de oficio en contra de los mandos territoriales de esa entidad, pues la experiencia ha mostrado que estas alzas en los abusos bien pueden obedecer a órdenes explícitas o implícitas de aplicar “mano dura” por parte de los mandos; o incluso a la deliberada animadversión militar en contra de un grupo criminal en particular, por estar coludido con su rival. Lamentablemente, estos extremos no pueden descartarse.
El pasado 10 de junio, por cierto en el 52 aniversario del “Halconazo”, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un boletín oficial anunciando avances en la investigación de los hechos y el cumplimiento de 16 órdenes de aprehensión. Lejos de ser un paso en el sentido correcto, este comunicado hace patente el retroceso que está generando la ampliación inédita del Poder Militar en este sexenio. El comunicado no es de la Fiscalía General de la República, que sigue ausente de los temas más acuciantes, sino de la propia Sedena; ni siquiera se trata de un comunicado conjunto de castrenses y civiles.
Es decir, estamos ante una ampliación fáctica del fuero militar en el que es el propio Ejército el que está decidiendo a quién y cómo investigar, en una aplicación inconstitucional e inconvencional del artículo 37 del Código de Justicia Militar; se dirá que esta indagatoria militar es independiente de la que pueda realizar la FGR, pero lo cierto es que esta instancia civil conocerá de un marco fáctico ya establecido por los militares, pues son éstos los que actúan como primeros respondientes, levantan la evidencia, entrevistan a los testigos y realizan la calificación legal preliminar. Además, los acusados estarán en cárceles castrenses y los mandos no serán investigados. Los militares retienen, en suma, el control de la indagatoria y la complaciente FGR se subordina.
El Presidente de la República sigue afirmando que México ya cambió y que en el País ya no se violan derechos humanos, porque el gobierno no es el mismo de antes. Eventos como el de Nuevo Laredo lo desmienten y muestran que estas afirmaciones son falsas y peligrosas. Los abusos militares no se han erradicado; éstos, además, no obedecen sólo a las órdenes que den los civiles, pues en los últimos 15 años de violencia exacerbada las Fuerzas Armadas han desarrollado inercias de uso excesivo de la fuerza con relativa autonomía, como aún ocurre en el presente.
