En la elección del próximo 1 de junio para elegir a los integrantes de un Poder Judicial castrado de su autonomía y controlado por el Poder Ejecutivo, no voy a votar.
Y no lo hago por tres razones:
1. La reforma del Poder Judicial no surge del propósito de mejorarlo: nace del deseo de la venganza del Presidente Andrés Manuel López Obrador porque éste no se le sometió y votó en contra de leyes que quería aprobar violando la Constitución.
No puede consumar la venganza porque no tenía mayoría calificada en las cámaras, para cambiar la Constitución, pero dejó el plan que debería seguirse para aniquilar al Poder Judicial ya como tarea de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030).
A ella el voto ciudadano no le dio la mayoría calificada en las cámaras, obtuvo el 54 por ciento de los votos y la Oposición el 46 por ciento, pero lo alcanza por una aberrante e ilegal interpretación del INE, en votos divididos de sus integrantes, de cómo repartir las diputaciones y senadurías de mayoría.
La Presidenta compró a integrantes del TEPJF para que avalaran la decisión del INE, pero aun así no tenía la mayoría en la Cámara de Senadores y compró y amenazó con la cárcel a algunos de ellos, para que le dieran la mayoría. Al final, como broche de oro, para rematar, amenazó a un Ministro de la SCJN, era el voto que se necesitaba, para hacer realidad la reforma del Poder Judicial.
La Presidenta, siguiendo el libreto que le dejó su mentor y líder, consumó la venganza. Ella pudo dar marcha atrás, tenía los medios para hacerlo, pero asumió convencida y como tarea propia la destrucción del Poder Judicial.
2. Todo indica que está diseñado un gran fraude electoral, para que el resultado sea el que quiere el Gobierno. Por primera vez en décadas los ciudadanos no son los que estarán a cargo de las casillas y de contar los votos. Esto quedó en manos de colaboradores del INE, quien decidió que no se destruyan o invaliden, en las casillas, las boletas sobrantes, sino que se lleven a los centros donde se contarán los votos. La ventana del fraude está abierta y es evidente.
3. En todos los países democráticos los integrantes del Poder Judicial se deben a la Constitución y las leyes que de ella emanen y no del voto popular. Nuestro País camina para no ser un país democrático y convertirse en una dictadura constitucional de partido. Después del 1 de junio los jueces tendrán que responder no a la Constitución, sino al partido y a los poderes fácticos que los hicieron ganar.
