La presunción de inocencia es uno de los pilares en que se funda la vida civilizada en cualquier parte del mundo. Cuando ésta no se respeta por parte de los poderes gobernantes, estamos indudablemente ante un régimen autoritario o incluso tiránico.
La razón es que sólo se puede estar claro de si alguien es culpable de algún acto cometido sólo después de que se le haya hecho un juicio justo y expedito. Esto es todavía más importante cuando se trata de amenazar a alguien de ser encarcelado sin juicio alguno.
Recordemos que bajo el precepto de la presunción de inocencia la carga de la prueba recae en la parte acusadora quien tiene que probar la verdad de sus asertos. Esto es lo civilizado, lo decente, lo justo.
Si no fuera así, los ciudadanos estaríamos a merced de decisiones arbitrarias del poder político, que no necesitaría pruebas para acusar a alguien e incluso para enviarlo a una prisión.
En una democracia liberal esta figura no debería existir o se debería aplicar en casos muy extremos y excepcionales. Esa no parece ser la idea, ni del actual gobierno, ni del entrante. Efectivamente, la propuesta de Morena en el Congreso consiste en ampliar los casos en que operará la prisión preventiva oficiosa. El catálogo de delitos que cubrirá ahora incluirá la extorsión, el narcomenudeo, delitos relacionados con drogas sintéticas, contrabando, defraudación fiscal o delitos fiscales relacionados con “factureras”.
En lugar de haber atendido la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - de la que México es parte - de reformar el artículo 19 de la Constitución y otros ordenamientos similares para que éstos se acoplen con la Convención Americana, el gobierno insiste en profundizar aún más esta injusticia. La nueva redacción del artículo 19 propuesta por Morena ahonda aún más la distancia con la doctrina de los derechos humanos, las convenciones internacionales en la materia, el espíritu de la Constitución y el sentido común.
El Gobierno interpreta el sentir popular contra el crimen organizado como uno en el que se demanda la codificación de Leyes que atentan contra derechos fundamentales de los ciudadanos. Ese es un error conceptual y práctico. Lo que demanda la población es más seguridad y no más gente inocente en las cárceles mexicanas.
Como siempre, el blanco ostensible de este nuevo ordenamiento son aquellos críticos del gobierno que éste decida acallar, al poder imputarles delitos inventados para los que no habría defensa. Otras víctimas serían las clases más desfavorecidas. Ellos son sin duda alguna la mayoría de las más de 113 mil personas en la cárcel hoy sin que se haya comprobado su culpabilidad. Se dice que más o menos la mitad de quienes están en prisión hoy en México se encuentran ahí sin que se les haya sometido a un juicio. Tremenda injusticia.
Por su magnitud, este tema debe ser discutido en el Congreso de manera razonable y teniendo en cuenta el beneficio de todos los mexicanos.
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