Negligencia policiaca en caso Luis Enrique. El fallido 911 en la muerte del periodista

Llamar en Sinaloa al número de emergencias 911 para solicitar apoyo de seguridad pública es igual que pedirle ayuda rápida a una tortuga gigante de Aldabra, con perdón del quelonio considerado el más lento del mundo. La Policía rara vez llega en el momento que se le necesita pues a veces lo hace hasta que el ciudadano y familia han solucionado la contingencia bajo su propio riesgo, o en el peor de los casos cuando las personas en peligro se convierten en víctimas letales de los delincuentes.

Esto vuelve a la conversación pública ahora que la investigación revela que una mujer acusada del posible encubrimiento de los probables asesinos del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, crimen ocurrido el 5 de mayo de 2022, llamó al 911 para requerir la presencia policial al desarrollarse el evento desafortunado. Porque no llegó la fuerza pública ella le pidió ayuda a su esposo (sospechoso de la autoría intelectual del crimen) quien al encontrarse fuera de Culiacán le encomendó el auxilio a una tercera persona, que sería el autor material.

Detengámonos un poco en este punto ciego del engranaje de protección ciudadana. Esa línea de investigación hasta hoy descartada permitiría conocer las entrañas imperfectas del sistema que, se supone, está atento a la población en situación de inseguridad y debe brindarle la asistencia expedita y eficiente. La clave está en la posibilidad de que Luis Enrique Ramírez estuviera con vida si el 911 funcionara como debe hacerlo. Cómo hubiera cambiado el desenlace de esta historia trágica con el arribo oportuno de los policías, antes que los asesinos.

Brisia Carolina, única detenida como la punta de la madeja criminal que la justicia tiene en sus manos para esclarecer y castigar a los asesinos, declaró según la correspondiente carpeta de investigación que ella acudió primero al 911 para pedir la asistencia de corporaciones policiales debido a que “un hombre intentaba ingresar a su domicilio de manera forzada”, y enseguida hizo del conocimiento del hecho a su esposo, quien se encontraba en la comunidad de Pueblos Unidos.

Pero habría llegado primero el “apoyo” enviado por el esposo, proveniente de la colonia Nakayama, que el auxilio policiaco pedido al número de emergencias. De allí desencadenó el suceso violento que le costó la vida al periodista y lo más seguro es que similares circunstancias le hayan significado muertes o lesiones a tantos sinaloenses que piden ayuda a tiempo y no la ven llegar antes que a las desgracias.

Llama la atención que en el expediente LER falte esa parte que involucra al 911, al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del Estado de Sinaloa, mejor conocido como C4i. ¿Este aparato de vigilancia, estrategia y auxilio en materia de seguridad pública realmente actúa en beneficio de la sociedad o es otro elefante en la sala al que además se le percibe sordo, ciego y mudo?

En la narrativa cotidiana abundan las peripecias en las que personas y familias acuden al socorro que les pudiera brindar el 911 y por no llegar la Policía se dan a la tarea de corretear ellos mismos a los delincuentes, con la desventaja de que éstos portan armas y los persecutores solamente traen consigo la valentía por salvar a sus seres queridos y al patrimonio. Este modo de seguridad vecinal, más reactivo que táctico, ha dejado desgracias donde la impunidad es la constante para corporaciones policiacas que, o les tienen miedo a los malandrines, o están confabulados con éstos.

En el caso Luis Enrique Ramírez, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial estarían frente a otro episodio de negligencia criminal de parte del montaje tecnológico que fue ideado como el “big brother” sinaloense para tener a salvo a la gente pacífica del asedio de la delincuencia común y la organizada. Hay que recordar que durante el sexenio de Mario López Valdez se le otorgó sin licitar a la empresa Seguritech un contrato por mil 307 millones de pesos para crear dicho búnker de vigilancia urbana, el cual ni siquiera es propiedad del Gobierno del Estado.

Las muchas evidencias del desfasamiento del sistema de atención de emergencias en seguridad pública aportan elementos suficientes para revisarlo. Desaparecerlo y sustituirlo por esquemas que sí funcionen y sí respondan, o bien reconstruirlo hasta que pruebe estar al servicio de la comunidad, a cualquier hora, en todos los llamados de auxilio y dotado de la oportunidad y las herramientas proveedoras de ley y orden.

Ya estuvo bien de simulaciones. El 911 es parte de aquella corrompida historia de C4i, C5, videovigilancia ciega, fallida inteligencia policial, despliegue patrullas blindada, drones inutilizados y falsos dispositivos que leen las placas de los vehículos. Se trata del cuento caro heredado de un sexenio a otro donde no cuentan las víctimas de sistemas, búnkeres y teléfonos de emergencia que nunca acuden a auxiliar a los sinaloenses cuando los necesitan.

Le perdonarán, por supuesto,

La falla a la Policía,

Que juega con alevosía,

Al teléfono descompuesto.

Priísta hasta la médula y todo el tiempo “suertuda”, Mayra Gisela Peñuelas se incorporó ayer al Gabinete de Rubén Rocha Moya al ser designada como Subsecretaria de Transparencia del Gobierno de Sinaloa. Con una larga trayectoria en el partido tricolor, plataforma en la que ha sido desde Regidora, Diputada local y Senadora suplente, la estrella política transexenal le brilla ahora en la constelación de la Cuarta Transformación. Ella es identificada con el grupo de poder que encabeza Jesús Aguilar Padilla donde las máximas torales establecen que vivir fuera de la nómina es vivir en el error, o que quien a buen árbol se arrima buena sombra lo cobija.