La tarde-noche del jueves 17 de octubre el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador cometió la pifia más grande desde que tomó el poder al llevar a cabo un pretendido operativo para capturar a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Se trata, de Ovidio Guzmán López, quien tiene una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos desde septiembre de 2018.
Los hechos se conocen: a fin de evitar su captura, las fuerzas armadas del Cártel de Sinaloa exhibieron buena parte de su poderío generando caos, miedo y terror en la población de Culiacán, cuyas imágenes y videos exhibidos en redes sociales y medios informativos conmocionaron a la sociedad mexicana y sorprendieron en el mundo.
Las críticas al gobierno federal encabezado por López Obrador no se hicieron esperar. La lectura más inmediata que se ha hecho de ese episodio es que el gobierno federal se doblegó ante las fuerzas del crimen organizado; que el gobierno tuvo miedo. Varios columnistas, desde su postura liberal, coincidieron en que el episodio de Culiacán era la confirmación de un Estado fallido en México; otros escribieron que se pasó del Estado fallido al “Estado rendido y derrotado”.
Pese al ridículo al que se exhibió a las fuerzas armadas, López Obrador avaló la decisión de su gabinete de seguridad de liberar al hijo de “El Chapo”, y detener el operativo, bajo el argumento de que así se salvaron vidas humanas.
A las críticas en redes sociales y de columnistas en medios de información, se sumaron las críticas oportunistas y cínicas como las de los ex presidentes panistas Vicente Fox o Felipe Calderón. Como si ellos no hubieran protegido en su momento a cárteles del narcotráfico.
Pero la mayoría de quienes hablaron de Estado fallido o derrotado parten de ciertas premisas que están equivocadas. Asumen que existe “una guerra contra el narcotráfico”, es decir que hay un Estado dispuesto a combatir las actividades del capitalismo ilegal; y que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y de la soberanía política.
Desde hace tiempo varios autores han explicado la falacia de creer que hay una guerra contras las drogas, cuando se ha documentado y exhibido que el conjunto de actividades del capitalismo ilegal, entre ellas el narcotráfico como la más lucrativa, son actividades empresariales-criminales que no pueden llevarse a cabo sin la protección del poder político.
Una muestra de ello es justamente el poder de fuego que exhibió el Cártel de Sinaloa el jueves por las calles de Culiacán. ¿Alguien puede creer que el gobierno local o los mandos militares no sepan de las grandes cantidades de armas que se almacenan las bodegas del cártel en Sinaloa? ¿Puede creerse un ejército de cientos de sicarios movilizados en más de 100 vehículos sin que los policías municipales se enteren?
Más que un Estado fallido, los hechos de Culiacán confirman la existencia de un narco-Estado o Estado criminal pues de otra forma no se puede entender la existencia de una fuerza armada privada con el poder de fuego que mostraron los grupos de sicarios al servicio del Cártel de Sinaloa.
El narcotráfico es uno de los principales negocios del capitalismo ilegal, pero es capitalismo al fin y al cabo y por lo tanto, uno de los grandes negocios de acumulación de capital en México, que es tolerado y protegido por el poder político, porque partidos y políticos se sirven de este mismo capital para financiar sus actividades.
Y además el narcotráfico no solo realiza sus actividades con la complacencia del Estado mexicano, sino también de Estados Unidos que tolera el capital proveniente de este negocio en su sistema financiero como quedó evidenciado en febrero de 2016, cuando se reveló que el banco HSBC lavó 1,100 millones de dólares en sucursales de Sinaloa.
Por estas razones, además de exhibirse al actual gobierno, el episodio de Culiacán es una muestra fehaciente de la existencia del narco-Estado o Estado criminal que opera en esta fase de acumulación por despojo y de la violencia organizada (pública y privada) que le acompaña.
