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El 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos como una forma de reconocer la lucha de las mujeres que se dedican a la defensa de derechos humanos en la búsqueda de paz, igualdad y justicia para todas las personas, y cuya labor se ha visto particularmente obstaculizada por la violencia de género que recae sobre las mujeres alrededor del mundo.
Este día fue declarado durante la Primera Consulta Internacional de Mujeres Defensoras que se celebró en Colombo, Sri Lanka, en el año 2005. Años más tarde, la Asamblea General de Naciones Unidas emitió en junio de 2016 la primera Resolución sobre la protección de las defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras de los derechos de las mujeres; en donde reconocen su ardua labor en la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y todas las personas en un contexto donde viven en constante amenaza y riesgo por este trabajo, al estar más expuestas a violencias por razones de género, que incluyen la violencia sexual.
En México, las mujeres defensoras de derechos humanos, activistas y sobrevivientes de la violencia machista que se han convertido en defensoras de sus causas, así como la de otras mujeres, han impulsado cambios estructurales a nivel normativo que han permitido, por un lado, visibilizar las distintas violencias que enfrentamos las mujeres y, por el otro, crear los aparatos jurídicos para sancionar dichas violencias y prevenir que nuevos casos vuelvan a ocurrir. A manera de ejemplo tenemos la Ley Olimpia, que desde el año 2014 logró establecer sanciones para castigar la violencia digital y los delitos contra la intimidad sexual cometidos a través de medios telemáticos, así como la Ley Ingrid que, gracias al impulso de activistas y mujeres feministas, se logró establecer desde febrero del 2021 un nuevo artículo en el Código Penal de la CdMx que pretende impedir y, en su caso, sancionar la difusión de imágenes de víctimas de agresiones, particularmente mujeres.
Por otro lado, pese a que desde junio del 2012 se promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual establece un mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, incluidas las mujeres, ello no ha sido suficiente para erradicar y desafortunadamente tampoco para prevenir la violencia en contra de este sector.
Y en el caso particular de las mujeres, esta violencia extrema también ha alcanzado su labor de defensa y activismo, un ejemplo muy visible lo encontramos en las mujeres buscadoras, muchas de ellas madres que tienen un hijo o una hija desaparecida, que han tenido que dejar su vida familiar para salir a realizar las funciones que los estados deberían estar haciendo, buscar a las miles de personas desaparecidas en este país hasta en los rincones menos imaginados; lamentablemente, debido a la violencia que vivimos en gran parte del País, estas actividades se han convertido en labores de alto riesgo que, incluso han cobrado la vida de aquellas mujeres defensoras de derechos humanos; tan solo en el año 2022 se han registrado el asesinato de por lo menos cinco mujeres buscadoras: María Carmela Vázquez, de Guanajuato; Esmeralda Gallardo, de Puebla; Rosario Rodríguez, de Sinaloa; Brenda Beltrán, de Sonora; y Ana Luisa Garduño, de Morelos.
En este contexto, resulta fundamental reconocer y honrar la lucha de las mujeres defensoras que día a día luchan por crear un mundo libre de violencias y con igualdad de oportunidades para todas y todos, donde las opresiones sistémicas dejen de operar y lo que impere sea un mundo donde se reconozcan las diversidades humanas, lejos de estereotipos, estigmatizaciones y desigualdades de género, raza, condición social.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer para lograr que la perspectiva de género permee en todo el aparato estatal a fin de prevenir que violaciones o delitos contra las mujeres ocurran, y mientras tanto, lograr que las autoridades -de todos los niveles de Gobierno- sepan brindar una atención adecuada, que permita reducir las desigualdades sociales e históricas a las que se enfrentan las mujeres.
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La autora es Natalia Pérez Cordero, investigadora en el programa de derechos humanos y lucha contra la impunidad de @FundarMexico