Mujeres de Atenco: la lucha para hacer cumplir la sentencia Interamericana
Han pasado17 de años de los hechos de represión, tortura y, en el caso diferenciado de las mujeres, tortura sexual en Texcoco y San Salvador Atenco. Durante todo ese tiempo, es la lucha de las mujeres sobrevivientes la que sigue resonando, no sólo para exigir justicia y que se sancione a los elementos federales y municipales responsables, incluida la cadena de mando, sino también para que el Estado mexicano cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenada para este caso, con lo cual se contribuiría a garantizar la no repetición.
Eso es lo que más significa las sobrevivientes: que Estado actúe y erradique esta práctica aún persistente en el país, para que ninguna otra mujer tenga que padecer esta grave violación a sus derechos humanos.
En este camino contra la impunidad, las mujeres sobrevivientes han tenido que enfrentarse a diversos bretes. Tras agotar los recursos en México, once mujeres decidieron impulsar un proceso ante el sistema interamericano de derechos humanos. Fue gracias a su poderosa voz, su dignidad, el acompañamiento de distintas organizaciones como el Centro Prodh y CEJIL, que tras un proceso prolongado, lograron una sentencia considerada paradigmática en noviembre de 2018.
Entre las medidas ordenadas por el Tribunal Interamericano, se encuentra la remisión del total de la investigación de los hechos de tortura y tortura sexual ocurridos el 3 y 4 de mayo en Atenco, a la Fiscalía General de la República, específicamente a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Y es que, durante estos 17 años, han sido las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México las encargadas de la investigación, sin que ésta tuviera algún avance sustantivo.
Es decir: hasta hoy, no han logrado sancionar a ningún elemento o funcionario de las diversas corporaciones locales, por los actos de tortura sexual cometidos contra las mujeres. Por el contrario, la FGJEM ha obstaculizado, en diversas ocasiones, la posibilidad de que las mujeres sobrevivientes accedan a la justicia. Esto se ha visto, más recientemente, tras la negación de remitir la investigación a FGR, como lo ordenó la Corte hace cuatro años. Por su parte, la FGR ha sido complaciente con este desacato y otras instancias federales, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), no terminan de entender y sobre todo cumplir sus obligaciones frente a una sentencia internacional
Debido a esto, en julio de 2020, las mujeres sobrevivientes acompañadas por el Centro Prodh iniciaron un juicio de amparo. Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito le dio la razón a las mujeres al resolver, y nuevamente ordenar a la Fiscalía del Estado de México remitir la averiguación previa del caso a FGR.
No conforme, otra vez, con la decisión, el 6 de abril de este año, la Fiscalía del Estado de México solicitó a las autoridades judiciales una prórroga de 20 días para dar cabal cumplimiento a lo ordenado en dicha resolución por la “complejidad del asunto y voluminosidad del expediente”. Sin embargo, el juzgado encargado de la ejecución de la sentencia únicamente le concedió 10 días para la entrega de la investigación, sin que hasta hoy se haya notificado a las víctimas el cumplimiento.
Las dignas demandas de las mujeres sobrevivientes por alcanzar justicia son de la mayor relevancia, no sólo para poner fin a 17 años de impunidad, sino porque una adecuada investigación y sanción de los responsables puede fungir como una verdadera medida de no repetición, en un país donde la práctica de la tortura sexual persiste. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Tortura Sexual que publicó la Secretaría de Gobernación, el 79.3 por ciento de las mujeres señalaron haber vivido tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, durante su arresto, traslado o estancia en el Ministerio Público o en el centro penitenciario; el 32.19 por ciento refirió explícitamente haber sufrido tortura sexual, mientras que un 11.64 por ciento se presume (por sus narraciones) que vivieron actos de tortura sexual sin haberla reconocido como tal.
Aún quedan muchas deudas hacia las sobrevivientes, no sólo la creación del Observatorio Independiente sobre Rendición de Cuentas y Monitoreo de Uso de la Fuerza Policial, como lo destacó el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también que se garantice justicia a todas las mujeres que han sorevivido a la tortura y tortura sexual, como el caso de Keren Selsy Ordoñez, quien continúa en prisión injustamente desde hace más de 7 años y a quien las mujeres de Atenco, como parte de la campaña Rompiendo el Silencio, le han mostrado toda su solidaridad y apoyo.
En este sentido, es alarmante y ominoso que a cuatro años de la emisión de la sentencia interamericana no existan pasos firmes hacia su cumplimiento. Por ello, en este memorial de los terribles hechos de 2006, seguimos acompañando a las sobrevivientes, uniendo voz por la justicia y no repetición, para que ninguna, ni una más, en ninguna parte del país, tenga que padecer tortura sexual.
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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años.
