Muertes por fentanilo en Sinaloa: urge una política de salud

Se ha vuelto un lugar común de la narrativa lopezobradorista decir que en México no se produce fentanilo. En Sinaloa, las autoridades locales han sostenido el mismo discurso a pesar de los múltiples decomisos de miles de pastillas de esa droga en el estado.

El Presidente ha llegado incluso al extremo de afirmar que en el país que gobierna “hay tráfico de drogas pero no consumo”. Una afirmación que contrasta con la violencia cotidiana que nos deja, al menos, 83 asesinatos diarios y acumula más de 110 mil desaparecidos oficialmente.

El problema del narcotráfico, el consumo de drogas y la violencia que les acompaña es crónico, abrumador y evoluciona sumamente rápido en México; tal vez por eso los medios solemos cubrirlo desde el diarismo (informamos sobre el asesinato, el detenido o el decomiso del día) o, tristemente, desde el sensacionalismo, el amarillismo y la especulación: ¿quién es el nuevo capo o la nueva novia de éste?, replicamos el video del asesinato en vivo para conseguir clicks, etc.

Conscientes de nuestro contexto y el lugar desde el que hacemos nuestro periodismo, en Noroeste intentamos -y no siempre lo logramos- alejarnos de estas dinámicas y tratamos de abordar éste y otros temas desde una perspectiva más sistémica o compleja, por eso esta semana (ayer y hoy para ser más específico) presentamos una investigación sobre las muertes por fentanilo y otras drogas en Sinaloa desde una perspectiva de salud. Es un trabajo de Karen Bravo auspiciado por el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR) y el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Decidimos investigar este tema para responder a la pregunta básica del periodismo: ¿qué está pasando?

Y los hechos recientes nos enseñan que el fentanilo y las drogas sintéticas llegaron para quedarse en Sinaloa y se han vuelto más importantes en producción, tráfico y consumo que la mariguana o la heroína. Desde la redacción dejamos de reportear plantíos para informar sobre “laboratorios”, que no son otra cosa que cocinas caseras de drogas. Pasamos del campo a la ciudad y de la lógica de la exportación “al otro lado”, a la del narcomenudeo local.

En ese contexto, la investigación de Karen revela algo que preocupa: mientras que los gobiernos estatal y federal ponen recursos en campañas de prevención, los consumidores actuales de drogas quedan a la deriva pues no existe una política de salud clara para atenderlos.

Esos consumidores son atendidos en anexos privados sin que las autoridades de salud puedan intervenir con mayor integralidad. De acuerdo con los datos de la investigación, en Sinaloa hay 3 mil 882 personas internadas en centros de rehabilitación. Entre esta población hay 96 menores de edad, 90 hombres y el resto mujeres.

Además, hay evidencia que demuestra que existen centros de rehabilitación ilegales que operan fuera de las regulaciones de Coepriss y que incluso realizan prácticas de trata o trabajo forzado, como sucedió recientemente en el municipio de Angostura donde fueron liberadas más de 50 personas en dos centros clandestinos ubicados en las comunidades de Chinitos y La Reforma. Evidentemente, el crimen organizado está presente en estos espacios.

Otro hallazgo relevante es que es realmente difícil saber cuando alguien murió por sobredosis de drogas, más aún si se trató de fentanilo, pues no hay un protocolo forense para el rastreo de esa causa. Es decir, ante el fentanilo, una de las drogas más adictivas y peligrosas de la actualidad, estamos a ciegas.

Las muertes por estas razones pueden parecer “pocas” pero no lo son y van en aumento: el consumo de drogas en Sinaloa ha dejado 46 personas muertas entre 2020 y 2022; según datos de las actas de defunción a las que tuvimos acceso vía solicitud de información: 17 tienen registradas a “las drogas” como causa del deceso, 13 por uso de metanfetaminas, 10 por consumo de fentanilo y seis por opioides.

Ante eso, diversos actores públicos reaccionaron ayer a nuestra investigación: destaco el anuncio inmediato del Gobernador Rocha Moya sobre la adquisición de naloxona para tratar los casos de sobredosis.

En fin, siempre he creído que todo esfuerzo en materia de campañas de prevención sobre el consumo de drogas es loable si se acompaña de una verdadera política de salud para atender a consumidores problemáticos; de lo contrario, solo tenemos propaganda.

Y la propaganda no sirve para atender problemas de política pública. Por eso urge implementar protocolos para la detección, el registro y la atención de ésta y otras adicciones a drogas sintéticas en el estado. Estamos a tiempo.