La vida de un periodista en México puede ser tan fugaz como un segundo. Todo depende de los riesgos que asuma, consciente o inconscientemente. Los más expuestos a las balas son los que, desde recónditos lugares de provincia, ejercen un periodismo de denuncia: ponen en evidencia a alcaldes, regidores, síndicos y a funcionarios estatales por sus actos de corrupción o sus ligas con criminales.
El ejercicio periodístico en este país está convertido en una tarea de muerte. Esto demuestra que al poder político han arribado grupos criminales, personajes que desde la política sirven al crimen organizado en todas sus modalidades. Y cuando son denunciados entonces deciden asesinar al periodista que los exhibió públicamente. El hilo se revienta por lo más delgado, en este caso, los periodistas sin protección alguna que se juegan la vida en cada golpe de tecla.
En lo que va del año han sido asesinados doce periodistas; el más reciente asesinato ocurrió en Ciudad Victoria, Tamaulipas –tierra de nadie — donde gobierna un personaje que ha sido calificado de “mafioso”: Francisco Javier Cabeza de Vaca, personaje panista que es investigado en México y en Estados Unidos por estar relacionado a actividades de lavado de dinero. Sobre él pesan señalamientos respecto de que recibió apoyo financiero de los cárteles Zetas y del Golfo, en su momento sus presuntos aliados, durante sus inicios en la política.
El periodista asesinado en Tamaulipas respondía al nombre de Antonio de la Cruz y laboraba como reportero en el periódico “Expreso”; era, según su historial, uno de los más críticos del régimen de Cabeza de Vaca, cuestionado y exhibido dentro y fuera de México como “narcogobernador”.
Al reportero lo asesinaron cuando salía de su domicilio. Así ha ocurrido en muchos casos, pues en la mayoría de las entidades y municipios tanto los criminales y políticos –son lo mismo –tienen ubicados los domicilios de reporteros y fotógrafos y, cuando se ofrece la oportunidad, deciden asesinarlos, incómodos ante alguna publicación. El crimen organizado en el poder político no sabe responder más que con balas. Esa es la llamada narcopolítica, que el Presidente se niega a desmantelar.
Tras este asesinato –que derivó en marchas, protestas y la exigencia de varias organizaciones para que el gobierno detenga la matanza de periodistas –se puso en entredicho, una vez más, la eficacia del mecanismo de protección a comunicadores y defensores de derechos humanos que opera la Secretaría de Gobernación y que, en lo particular, depende del subsecretario Alejandro Encinas.
En estricto sentido, en México no funciona el mecanismo de protección. Pero eso es único que ofrece el gobierno. No puede más o no quiere más. Muchos reporteros han sido asesinados pese a estar incorporados a ese programa. Lo único que resuelve la Secretaría de Gobernación y el citado mecanismo es un cambio de domicilio para los reporteros en riesgo y, en el peor de los casos, otorgan un botón de pánico para ser activado en caso de una emergencia. Este botón de pánico, sin embargo, ha despertado sospechas: se afirma que con ese instrumento el reportero está ubicado las veinticuatro horas del día y nadie garantiza, debido a la infiltración del crimen en el gobierno, que la ubicación física del comunicador no pueda ser filtrada a grupos políticos ligados al crimen.
Esto último se ha cuestionado en diversos medios de información. El miércoles 29, por ejemplo, la periodista María Luisa Estrada, del portal informativo “La Guillotina”, cuestionó en la conferencia mañanera el funcionamiento del mecanismo de protección a periodistas: dijo que no sirve y que, por ello, el escritor Jesús Lemus está desterrado del país.
Lemus es autor de varios libros candentes, entre otros, “El Licenciado”, donde da cuenta puntualmente de los nexos criminales de Genaro García Luna. El reportero fue encarcelado por Felipe Calderón cuando era Presidente por haber publicado que su hermana María Luisa Calderón recibía apoyo económico del capo Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
La reportera también le cuestionó al Presidente por qué siguen operando en Gobernación y al lado de Encinas funcionarios ligados a Genaro García Luna; además, pidió una explicación respecto de las razones por las que la empresa RCU S.A de C.V –ligada a Genaro García Luna a través de su hermano –cuenta con una concesión y/o contrato, otorgado por adjudicación directa, para brindar protección a periodistas dentro del mecanismo de la Secretaría de Gobernación.
El tema de dicha razón social y sus presuntos lazos con el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón preso en Estados Unidos, ya había sido puesto en el escritorio de Olga Sánchez Cordero cuando fungió como Secretaria de Gobernación. De acuerdo con una fuente consultada, la respuesta de la funcionaria fue la siguiente: “Si la empresa funciona, ¿Cuál es el problema?.
No fue todo: La periodista María Luisa Estrada dijo en la conferencia mañanera que tiene pruebas de cómo Enrique Irazoque, director General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información, le ha otorgado escoltas y automóviles a personas que no se dedican al periodismo. Y la mañana del jueves 30, la reportera le entregó las pruebas al Mandatario, quien las tomó en propia mano.
En los primeros cuatro meses de este 2022 fueron brutalmente acribillados nueve comunicadores. Toda esta pesadilla comenzó el 15 de enero con la muerte de José Luis Gamboa, asesinado a puñaladas en una calle del puerto de Veracruz.
Antes de su muerte, había publicado un video en el que denunció a los grupos criminales que exigen pago de piso a comerciantes; señaló los vehículos en los que se mueven los criminales y los nombres de los personajes políticos que los protegen. En la lista aparece el exgobernador Miguel Ángel Yunes, entre otros. La denuncia derivó en su muerte. Hasta ahora, el caso sigue impune.
La segunda víctima fue Margarito Martínez, un fotoperiodista de nota roja afincado en Tijuana, Baja California. Su muerte sucedió el 17 de enero de este año. Y esa misma semana, también en Tijuana, fue acribillada a las afueras de su casa la reportera Lourdes Maldonado. Recibió varios tiros cuando aún no se bajaba de su vehículo. El principal sospechoso de este crimen, de acuerdo con versiones periodísticas, es el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, a quien la propia reportera denunció en una conferencia mañanera porque se negó a pagarle su liquidación tras despedirla de una de sus empresas de comunicación y, además, la amenazó en varias ocasiones.
Poco antes de finalizar el mes de enero en Zitácuaro, Michoacán, fue ultimado a tiros el reportero Armando Linares López. Su cuerpo fue perforado por ocho balas de grueso calibre al salir de su domicilio. Y en Fresnillo, Zacatecas, fue acribillado Juan Carlos Muñiz.
La muerte aterrizó en Sinaloa el 4 de mayo: en un paraje fue hallado el cuerpo del reportero Luis Enrique Ramírez. El 10 de mayo, en Cosoleacaque, Veracruz –uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo –fueron ejecutadas las periodistas Yesenia Molinedo Falconi y Sheila Johana García.
Y este 29 de junio, en Ciudad Victoria, cayó abatido al salir de su casa el reportero Antonio de la Cruz, quien colaboraba en el periódico Expreso. Sobre este caso pesan las sospechas sobre altos funcionarios del Gobierno del Estado que están relacionados con el crimen organizado. El periodista ejercía un periodismo crítico hacia el gobierno de Cabeza de Vaca y esto causaba mucha incomodidad. De ahí que la principal línea de investigación debe ser su trabajo profesional. La carpeta de indagación fue iniciada por la Fiscalía del estado, pero también se abrió otra en la Fiscalía General de la República (FGR)
Lo peor que puede pasar en este caso es que la investigación se quede en Tamaulipas. Aunque no hay ninguna garantía de que el caso se esclarezca, lo mejor es que la indagación sea atraída al ámbito federal.
La FGR carga fuertes señalamientos por la falta de resultados en las investigaciones centrales del país, pero también tiene una enorme deuda pendiente en los casos de los reporteros asesinados desde hace varios años.
En la FGR están los expedientes de la mayoría de los periodistas asesinados en Veracruz entre los años 2011 a la fecha; ahí están los casos de Miguel Ángel López Velasco, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina Martínez, entre otros, donde existen indicios de la participación del crimen organizado.
En el caso de Regina, la FGR reabrió recientemente el expediente, que se había cerrado en Veracruz con el móvil del robo; ahora aparecen nombres de políticos que despacharon en los gobiernos de Miguel Alemán y Fidel Herrera, denunciados en su momento por la reportera de la revista Proceso de tener nexos con el narcotráfico.
En Ciudad Victoria se efectuó una marcha en protesta por el crimen del reportero Antonio de la Cruz, cuya hija de 23 años también resultó herida (y posteriomente murió) en el ataque armado contra su padre.
La exigencia al Presidente Andrés Manuel López Obrador es que cese la matanza de periodistas y se le otorgue la protección debida a los que están incorporados al cuestionado mecanismo de la Secretaría de Gobernación, que no ofrece otras medidas más que cambio de domicilio y botones de pánico, en caso de emergencia. Eso y nada resulta lo mismo.
El escenario que priva en el país es de absoluta descomposición. Los ríos de sangre siguen corriendo por doquier. Y contra los periodistas se ha desatado una especie de guerra sucia, desde las altas esferas del poder político y/o criminal, que no ceja a pesar de las múltiples protestas incluso internacionales, donde México es visto como un territorio de muerte.
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