Morir en Sinaloa, del lío a la enmienda
Las cambiantes versiones de la Fiscalía

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La cadena de información zigzagueante que inició con el hallazgo el miércoles de un cuerpo sin vida por la Carretera México 15, que en principio supuso la identidad de uno de los implicados en el megafraude de Inverplux y en tres ocasiones fue modificada dicha versión hasta que finalmente resultó descartada, delata la extenuación del arcaico modelo de “investigación” forense donde lo importante era dar la noticia y luego corroborarla. Tal alteración de la verdad legal es ambrosía para las fake news, revictimización de inmolados y deudos, pero sobre todo constituye engaño a la ciudadanía.

Cuando en torno a un hecho de violencia existen demasiados filtradores de versiones, la tergiversación es el resultado natural. Pero lo inadmisible es que sea la Fiscalía General del Estado la que incurra en dicha anticipación comunicativa creando confusión y, lo más delicado, afectando el trabajo de los expertos en criminalística en momentos cruciales en los cuales debiera imponerse siempre la fe en la institución del Ministerio Público como informante legítima y creíble.

Por allá a las 12 de mediodía del 19 de abril vino la noticia de que posiblemente el cadáver que apareció cerca de Juan José Ríos correspondía a Cristian Ulises, señalado como el operador del fraude de Inverplux. Dos horas más tarde se pone en duda dicha identidad pues aún no se realizaban las pruebas de soporte; por allá cerca de las 10 de la noche la Fiscalía emite tarjeta informativa confirmando que sí era Cristian Ulises, y al amanecer del 20 de abril se corrigió que no era éste, sino un primo de nombre Pedro Antonio.

Imaginemos a alrededor de 4 mil sinaloenses afectados del robo perpetrado en Inverplux recibiendo la falsa versión de que el presunto cometedor del delito fue hallado asesinado, con la incertidumbre agregada a la de por sí casi segura posibilidad de que los timados no recuperen su dinero ni el acceso a la justicia. Que se duerman con esa angustia y al día siguiente despierten sabiendo que el muerto no era quien decían sino un familiar de él.

Acababa de suceder igual cuatrapeo pericial en el caso de la niña de 4 años de edad cuyo cuerpecito inerte fue encontrado el 21 de marzo semienterrado a orillas de un dren en la comunidad de Juan José Ríos. Las primeras diligencias de la FGE determinaron “alguna enfermedad respiratoria, probablemente neumonía” como causa del deceso y así se estableció en la pesquisa inicial. Pasaron dos semanas para que la Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada diera a conocer la posibilidad de que a la pequeña la asesinara su propia madre, procediendo a detenerla y judicializar tal línea de investigación.

Ese dislate les movió el piso a instituciones de protección de la mujer, colectivos de reivindicación de derechos ciudadanos y al sentido común de la gente. Es que se ha vuelto común que la divulgación de eventos de violencia obligue a ajustar la información originaria con lo que en realidad sucedió. En algunos casos podría no ser responsabilidad de la Fiscalía al tratarse de la carrera por la primicia de algunos medios de información, a pesar de la regla acuñada por el gran Gabriel García Márquez que establece que “la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor”.

Aunque en la mayoría de estas situaciones son las autoridades las que incurren en albazos noticiosos que dejan un primer impacto de miedo o de preocupación en las audiencias, daño imposible de subsanar con la consiguiente aclaración. Eso de soltar rumores que chocan pronto con la autenticidad déjenlo a las plataformas digitales donde merodean youtubers o influencers que logran armar tendencias sensacionalistas con el costo de perder credibilidad.

Nunca segundas versiones son buenas, pues los receptores de mensajes contradictorios en vez de reconocer la capacidad de enmienda de quienes corrigen, lo que resuelven es la sospecha de ocultamiento de la veracidad, verdades a medias, o celadas de impunidad. Aunque se trata de dos situaciones muy diferentes, la alevosía del dueño de Inverplux para saquear a ahorradores incautos, y las disparidades sociales ancestrales en que vivió la madre que presumiblemente mató a su hija, los informes únicos del MP, sostenidos en estudios de la medicina y antropología legal, hubieran contado con la consecuente confianza ciudadana.

El compromiso comunicativo le es intrínseco a las fuentes federales, estatales y municipales, más a los que transmiten datos sensibles para la sociedad siendo el caso de la Fiscalía y de quien al estar al mando de la procuración de justicia en Sinaloa está obligada a igual profesionalismo que presentó durante su encomiable carrera en el aparato judicial. Nada debe emanar de la institución sin antes probarse en el rigor de los procedimientos y ordenamientos de las ciencias forenses. Por respeto a las víctimas, por cuidado del debido proceso y por consideración a la opinión pública escamada y en permanente estado de alerta.

Un día te declaran muerto,

Y al siguiente, con cabal salud,

Apareces con la solicitud,

Para que no lo den por cierto.

En el Congreso del Estado se realizó ayer la sesión solemne del Parlamento Juvenil 7 de abril, cediéndoles las curules a jóvenes que fueron convocados por Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política, a procurar “una educación superior en libertad donde la generación del conocimiento no esté limitada ni por poderes políticos de gobiernos, pero tampoco por fuerzas internas al interior de las universidades”. En representación del Gobernador Rubén Rocha acudió el Secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares, quien expuso que “queremos en Sinaloa instituciones educativas al servicio de la comunidad, de los jóvenes, de los sinaloenses, de su desarrollo, de su libertad y de nadie más”. Estas intervenciones no las quiso escuchar al Diputado del Partido Sinaloense, Gene René Bojórquez, quien optó por salirse del Salón de Plenos.