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El registro como partido político lo recibieron en Morena de manos del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello. Fue en julio de 2014. El propio Córdova tenía meses de haber sido electo consejero presidente del INE, institución que recién había transitado de lo que fue el Instituto Federal Electoral.
Los triunfos de Morena, incluido el más grande honor, haber ganado la presidencia de la República con más de 30 millones de votos entre ese partido y sus aliados, fueron confirmados por el consejo de Instituto Nacional Electoral.
Como organismo garante de la democracia en México, el INE (sus consejeros, su presidente) no ha fallado en la organización de los procesos electorales. Contrario a ello, la ausencia de conflictos postelectorales y la mínima presentación de recursos de invalidez sobre los procesos, sus resultados o la organización, son prueba que desde esa institución han dado no solo certeza a las elecciones en México, también legalidad y transparencia.
En cinco años desde que se transformó en INE, el Instituto Electoral ha realizado o coadyuvado en 198 procesos electorales. Uno a la presidencia de la República, uno al Senado, dos diputados a la Cámara de Diputados, 194 en los Estados. En promedio por año emiten 16 millones de credenciales para votar, incrementan el padrón electoral, todo con un nivel de ciberseguridad que ha evitado que suceda lo que en años pasados, que el padrón electoral esté en el mercado negro al mejor postor.
Lorenzo Córdova fue el primero en salir a informar y validar el resultado de la elección a la presidencia de la República que ganó en julio de 2018 el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador. En su calidad de Consejero Presidente del INE, Córdova coordinó los trabajos de una elección en la cual fueron instaladas 156 mil 807 casillas, donde los incidentes no sobrepasaron los dos mil, y un gran porcentaje de los mismos fueron de menor importancia y solucionados al momento.
No se registraron, ni el día de la elección ni durante los posteriores, inconformidades. Sí hubo una rigurosa fiscalización de los recursos ejercidos por los partidos políticos en ese proceso electoral, y de la cual se generaron multas por un total de 586 millones de pesos. Además conforme a la votación, partidos políticos nacionales y locales perdieron su registro. Fuera de eso, la elección de 2018 fue llevada a cabo con pulcritud. Así llegó Morena a la presidencia de la República, en un ejercicio electoral sin contratiempos, y con certeza jurídica, democrática.
Por supuesto perfectible siempre, el Instituto Nacional Electoral es el resultado de años de lucha ciudadana por mantener los procesos electorales fuera de los tentáculos del gobierno o las garras de los partidos políticos. La ciudadanización del Instituto Electoral comenzó en el IFE y se va consolidando en el INE.
Por eso llama la atención que un diputado de Morena quiera modificar las reglas del Instituto Nacional Electoral, cuando hasta la fecha han dado certeza a los procesos de elección durante los últimos cinco años. Además, que particularmente -como suelen dirigir sus reformas en Morena- se pretenda afectar solo un cargo y a una persona. La presidencia del Consejo General del INE, y a su presidente Lorenzo Córdova Vianello.
El Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, por cierto electo por representación proporcional en su natal San Luis Potosí, presentó una iniciativa para modificar el periodo de la presidencia del Consejo General del INE. Propone rotarlo cada tres años, pero a partir de ya -cuando entre en vigor la modificación a la Ley si es que se la llegan a aprobar- y no a partir de 2023 cuando concluye el periodo de nueve años para el cual fue electo por la Cámara de Diputados el doctor Córdova.
En momentos que para el país y la democracia son cruciales, la aprobación de un presupuesto para el desarrollo de elecciones y en la víspera de la más grande de todas las elecciones en México, la del 2021, resulta no solo impertinente sino grave que un diputado de Morena quiera cambiar las reglas de un sistema democrático ya instaurado, y con resultados positivos.
Efectivamente en el año 2021 se celebrarán elecciones en 30 de 32 estados y se elegirán a 15 gobernadores, en concordancia con la reforma de 2014 que mandató la armonización de los procesos locales con los federales, en este caso intermedios. Se renovará la Cámara de Diputados federal, 30 Congresos en los Estados, ayuntamientos en 30 entidades federativas y quince gubernaturas, en Baja California (a menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale la inconstitucional Ley Bonilla con la cual pretenden ampliar a cinco años el mandato), Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Será pues la elección más grande que se tenga en México, y estará organizada por el Consejo General del INE encabezado por Lorenzo Córdova Vianello.
En estas condiciones, de ser cierto el apoyo de Morena a la iniciativa del diputado potosino para rotar la presidencia del INE, se evidenciaría la ambición del partido político del presidente por acaparar los organismos autónomos de México. Ya lo hicieron con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al colocar ahí a Rosario Piedra Ibarra, activista abiertamente a favor del Presidente en sus campañas políticas y de hecho candidata a un cargo de elección popular por Morena.
Córdova Vianello no tiene partido político. No milita en ninguno ni ha sido proclive a ideología política alguna. Con su carrera cimentada en la academia, donde es miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, entre otros, ha dado muestra de su compromiso con la democracia y nada más. En los cinco años que ha presidido el órgano electoral en México, los partidos políticos han ganado espacios en diferentes esferas y todos. En porcentajes de acuerdo a la data del INE, ha sido así: Morena 25.93, PAN 25.93, PRI 18.52, PRD 14.81, MC 7.41, Independientes 3.70, PVEM 3.70. El árbitro electoral ha sido pues, neutral.
El diputado de Morena quiere aprovechar la coyuntura de una renovación en parte del Consejo General del INE para acortar el periodo de la presidencia de Lorenzo Córdova. En la reforma de 2014 se eligieron Consejeros para diferentes periodos, cuatro de ellos lo fueron por cinco años y en abril de 2020 deben ser nombrados nuevos Consejeros del INE.
Los cuatro que concluirán su periodo en el Consejo del Instituto Nacional Electoral son, Pamela Sanmartín Ríos y Valles, Benito Nacif Hernández, Marco Antonio Baños Martínez, y Enrique Andrade González. En la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena y aliados, deberán elegir a los sucesores por votación de tres cuartas partes de los legisladores presentes al momento de la designación.
No es sospechoso pensar que con esas ansias reformistas hacia el órgano electoral y siendo los diputados los electores, intenten en Morena colocar en esa consejo a personas afines a su partido o a su ideología, para terminar tomando este Instituto Nacional Electoral. En esa coyuntura, el diputado Gutiérrez pretende hacer rotativa la presidencia del INE, y dejar fue de su cargo al doctor Córdova.
Hace unos días en una nota que tuvo poca difusión, el líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo abiertamente que la iniciativa de Gutiérrez no era de la fracción parlamentaria de Morena. Textualmente declaró: “Esa es una iniciativa de un diputado, o de varios diputados de Morena, pero no es una iniciativa de la fracción parlamentaria... creo que está exagerado respecto a esa iniciativa, es una más de las muchas que hay”.
Ojalá así sea. Ojalá y la intentona del morenista Carlos Gutiérrez por tomar el control político del INE al rotar cada tres años la presidencia del Consejo General, y empañar con tintes políticos el nombramiento de cuatro consejeros (el colegiado lo integran once) en abril de 2020, no pase de eso, de una intentona. De la exageración de un diputado. Tales acciones no solamente afectarían el desarrollo, la organización y la supervisión neutral de los procesos electorales, sino que dañarían la democracia mexicana, la certeza de las elecciones, y la ciudadanización y la autonomía del organismo garante, el INE.
