Por: La lucha cotidiana de los derechos humanos
Este 15 de noviembre de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría volver a analizar el amparo en revisión 675/2022, presentado por el Centro Prodh, contra las reformas a la Ley General de Víctimas (LGV) por las que se eliminó la obligación de destinar un mínimo del presupuesto anual a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con la finalidad de cubrir exclusivamente gastos relacionados con reparación integral, medidas de ayuda y asistencia para las víctimas.
Esto, después de haber retirado el asunto de la lista para la sesión que se celebró el pasado 9 de agosto, fecha en la que originalmente se tenía previsto discutir el sólido proyecto de resolución elaborado por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que de forma acertada se propone conceder el amparo por considerar que la reforma vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos.
El juicio de amparo fue promovido contra una reforma realizada en 2020 a la LGV, en la cual se eliminó la asignación obligatoria de un porcentaje mínimo del presupuesto anual a la atención a víctimas y la prohibición legal de utilizar dichos recursos para otro fin distinto dentro de la propia CEAV. Ésta era una garantía esencial para la protección de los derechos de miles de víctimas en México; no obstante, fue eliminada arguyendo que estaba vinculada con la existencia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), instrumento que bajo la figura de un fideicomiso permitía flexibilidad en la cobertura de estos derechos. Y dado que se estimó, mediante generalizaciones excesivas, que todos los fideicomisos habían sido fuente de corrupción -salvo los militares, por cierto-, la LGV fue reformada regresivamente.
Así, con esta reforma, se aumentó el riesgo de que frente a cambios en las prioridades presupuestarias se disminuya o recorten los recursos para el pago de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas como gastos funerarios de personas privadas de la vida arbitrariamente, traslados y hospedajes para las búsquedas de las familias que buscan a personas desaparecidas, entre otras.
Si la SCJN se pone de lado de las víctimas al resolver este amparo, la decisión se emitiría en un momento crucial. En una revisión realizada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 recientemente aprobado por el Congreso de la Unión, se encontró que el presupuesto asignado específicamente para las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral para víctimas está por debajo de la garantía mínima que fijaba la LGV previo a la reforma. La partida “Ayudas Sociales” de la CEAV, a través de la cual se financian este tipo de medidas, contaría en 2024 con un presupuesto de 633 millones de pesos, por lo que, para cumplir con la garantía mínima, el presupuesto de esta partida debería aumentar en un 24%; es decir, cerca de 200 millones de pesos más.
Así, si el proyecto de resolución se aprueba por la Primera Sala, podría tener una repercusión en el ejercicio fiscal de 2024 y se aumentarían los recursos de apoyo para las víctimas, por lo que es indispensable que la SCJN no postergue nuevamente esta trascendental discusión y resuelva el amparo en revisión 675/2022.
Este año se cumplieron 10 años de la creación de la LGV y del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), que surgió para empezar a paliar los peores efectos de la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos que la llamada “Guerra contra las Drogas” ha generado en México. Pero aunque el surgimiento del SNAV despertó una incipiente esperanza, a una década no sólo ha logrado su propósito generando decepción, sino que incluso se están materializando retrocesos. La SCJN no puede ser indiferente a esta realidad.
La Primera Sala tiene la oportunidad de defender el principio de progresividad respecto del derecho a la atención y reparación integral que detentan quienes han sufrido delitos y violaciones graves a sus derechos humanos, quienes necesitan de la atención, protección y empatía por parte de todas las autoridades de nuestro país. Esto, además, en un contexto en que recientes políticas y reformas vuelven indispensable que se fijen criterios de avanzada en materia de progresividad de los derechos, de cara a recortes presupuestales y cambios de prioridades. Hacemos votos para que este 15 de noviembre, los derechos de las víctimas sean tutelados en nuestro Máximo Tribunal.
