La reforma judicial es un tema que, si bien es cierto ha estado en medios, creo que no se le ha dado una dimensión justa al impacto (negativo a mi ver) que tendrá. Lo he dicho con anterioridad y lo volveré a decir, los juzgadores (de cualquier nivel) no tienen por qué hacer campaña, buscar el voto popular, su único interés debería ser la aplicación de leyes y la justicia, porque, créame, no siempre la aplicación de leyes es justicia, pero ese es otro tema.
Esta semana creo que podemos encontrar un ejemplo muy “ad hoc” a lo que temo sucederá, la Ministra Loretta Ortiz, quien fue propuesta por el ex Presidente López y recientemente nombrada como presidenta para la conducir los trabajos de la primera sala, en un evento ante la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE) señaló que a los abogados hay que ponerle aranceles porque cobran millones y millones de pesos por sus honorarios, lo cual me parece una pésima declaración en cuestión legal, pero quizá una declaración popular que busca simpatías entre sus posibles electores.
En primera porque esos abogados que cobran “millones y millones de pesos” deben de ser minoría, pero aun cuando no lo fueran, ¿cuál es la razón de interferir en la oferta y demanda en este tipo de servicios?, las cuales deben de regirse por la libertad de las partes de acordar el precio por los servicios que se prestarán. En aras de tratar de explicarme mejor, imagine que usted se siente mal, tiene varias opciones, la primera de ellas sería acudir a un hospital público y tratar de conseguir cita próxima para su malestar, posteriormente de recibir el dictamen buscar medicina, otra opción sería acudir a las farmacias cuyo dueño es el hombre que más votos ha recibido sin ser candidato a la Presidencia de nuestro país, es decir, las farmacias del Dr. Simi, donde podrá ser atendido por un precio no muy elevado, ahora bien, supongamos que ya acudió y aún no logra resolver sus males, otra opción es que acuda con un especialista que le cobrará más de lo que le hubieran cobrado en los anteriores supuestos, pero en teoría (ojo con esto) debería de tener mayor posibilidades de curar su malestar. Al final Usted elige a dónde acudir.
Podríamos hablar de un caso similar con los abogados: recordemos que existen los abogados de oficio (a quienes paga el Estado), los cuales lamentablemente se encuentran en la mayoría de los casos rebasados de trabajo, otra opción es buscar un abogado que no cobre tanto y, por último, buscar un abogado que esté más especializado en el asunto en el que usted lo necesite. El abogado le cobrará con base a lo que esté en juego, es decir, le cobrará dependiendo de lo que se esté realizando, es decir, no es lo mismo un asunto donde los puntos a tratar sean pocos, a un asunto donde los asuntos a tratar son varios, así como la complejidad de dichos asuntos.
Resulta ilógico que usted vaya con un abogado porque quiere la recuperación de un inmueble el cual usted rentó por la cantidad de 5 mil pesos mensuales y que tienen meses sin que le paguen y el abogado busque cobrarle esos “miles y millones de pesos”, pero, por otro lado, imagine que usted está buscando recuperar una deuda de 10 millones de pesos y el abogado le dice que le va a cobrar 5 mil pesos, seguramente pensará que algo no está bien y desconfiará. Lo mismo sucedería con un ingeniero, no es la misma que Usted quiera construir una casa, a que quiera construir un fraccionamiento; con un cocinero, no es la misma que usted quiera una orden de tacos a que quiera una cena de tres tiempos para 500 personas.
¿Entonces cuál es la finalidad de esa declaración? Para mi punto de vista no es otro que el tema electoral, un tema del cual un juzgador federal no debería de estar opinando, mucho menos en su carácter de servidor público. ¿Y si en lugar de hablar de aranceles, hablamos de respeto a los derechos adquiridos de la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación?
