El mandato fue claro: hagamos una Guardia Nacional con elementos de las Fuerzas Armadas, pero bajo el mando de una institución y un director civil para que en el transcurso de cinco años construyamos una verdadera fuerza policiaca nacional. Hasta ahí todos parecían estar de acuerdo. Tan fue así que todos los partidos votaron a favor de esa reforma en 2019. El Presidente -qué nos extraña- fue el primero en brincarse la norma. En lo que parecía una discusión menor sobre quién debía estar a cargo de la Guardia Nacional, nombró al General Luis Rodríguez Bucio y canceló desde ese momento cualquier posibilidad de pensar a esta nueva fuerza con lógica civil. El General va a depender de la Secretaria de Seguridad, argumentaron quienes tratan todos los días de leerle el pensamiento al Presidente para justificarlo. Eso nunca pasó: un militar es un militar, es un militar y sólo le responde a su jefe militar.
Lo que tampoco pasó es que alguien, desde el Gobierno, trabajara para construir una institución civil. No hubo proyecto, no hubo presupuesto ni voluntad política. Da igual si la excusa es la pandemia o la austeridad republicana, lo cierto es que el Presidente logró desde un supuesto Gobierno de izquierda el sueño eterno del la derecha: que sean los militares los que se encarguen de la seguridad.
La virtud que tiene que el Ejército participe en labores de seguridad en este momento es que puede desplegarse por todo el país. La única institución que tiene infraestructura en cada rincón son las Fuerzas Armadas. De ahí a pensar que la recuperación de los territorios en manos del crimen organizado pasa sólo por tener militares disfrazados de Guardia Nacional hay un abismo. No se trata sólo de ocupar físicamente el territorio, lo cual es sin duda importante, sino que las instituciones del Estado funcionen.
Unos militares empoderados, un Gobierno ineficaz e instituciones gubernamentales debilitadas es un coctel de alto riesgo. No hay que confundir un Presidente de la República fuerte, con un Gobierno fuerte. López Obrador es sin duda el Presidente con mayor poder político de las últimas décadas, pero el aparato gubernamental está sumamente deteriorado. El próximo Presidente o Presidenta no va a heredar la fuerza política de Andrés Manuel, pero sí la debilidad institucional, particularmente en seguridad y justicia.
Por la vía de los hechos, por el fracaso de sociedad y Gobierno a lo largo de tres administraciones seguidas, las de Calderón, Peña Nieto y López Obrador en materia de seguridad hoy tenemos una Guardia Nacional que no es sino Ejército disfrazado, la misma simulación, que en otros sexenios, pero con mayor presupuesto y poder. La militarización del país y no una sociedad más justa apunta para ser la principal herencia del obradorismo.
