Militarismo de AMLO, o el adiós a la policía civil

Sí o sí, el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere lograr su objetivo de militarizar a la Guardia Nacional. Hace unos días anunció que emitiría un acuerdo (decreto) para que tal corporación, en el fuero de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sea trasladada para su administración, operación y fuero al Ejército Mexicano.

México dejará así de contar con una policía civil en el ámbito de la Federación, para dar paso a la militarización de la misma.

Aparte de emitir el acuerdo presidencial, López Obrador informó que de igual forma enviará al Poder Legislativo la iniciativa para materializar la militarización de la Guardia Nacional, pero sabiendo de antemano que no tiene mayoría en ese cuerpo legislativo, anticipa el acuerdo.

Ciertamente, desde la menguada Oposición, el PAN, PRD, PRI, sus dirigentes nacionales han dicho en reiteradas ocasiones que no aprobarían dos iniciativas presidenciales, ni la militarización de la Guardia Nacional, ni la Reforma Electoral que pretende “transformar” al Instituto Nacional Electoral.

Entonces, no teniendo el Presidente la mayoría legislativa, hace uso una vez más de sus acuerdos o decretos presidenciales para lograr sus objetivos. Consciente también, que una vez que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el caso, es muy probable, altamente de hecho, que sentencien a favor del Presidente.

Lo que era la corporación policiaca federal, conocida como Policía Federal, fue desmantelada poco a poco en el primer trienio de la Presidencia de López Obrador. En su lugar instauró la Guardia Nacional y a esa entidad envió a los elementos federales, pero en realidad ya muy pocos permanecen en el servicio. Militares suplieron a policías federales de caminos, militares entraron en lugar de policías federales preventivos, y militares hacen las labores de inteligencia antidrogas que solían hacer especialistas policías federales.

En estas condiciones, de suyo la Guardia Nacional ya está militarizada, materialmente, pues la mayoría de sus miembros son ex militares o militares que pasaron al activo como Guardia Nacional. Al aprobarse la reforma constitucional, o entrar en vigor el acuerdo presidencial, formalmente se militarizaría pues estaría bajo el mando de la Sedena con funciones de policía civil.

Así los militares se encargarán de llevar a cabo funciones de seguridad pública que son de eminente naturaleza civil, como la inteligencia antidrogas, la prevención policial de delitos, el combate al crimen organizado y el narcotráfico, acciones que, en estos momentos, fuerzas militares realizan solo a manera de coadyuvar con las autoridades civiles, sea la Guardia Nacional, la FGR, o las policías estatales o municipales, con las cuales suelen participar en operativos conjuntos, coordinación en retenes, y aseguramiento de sitios de interés.

La Federación se quedaría sin una corporación civil, al formalizarla como una entidad más de la Secretaría General de la Defensa, como, por ejemplo, la Fuerza Aérea, con lo que se concretaría la militarización de la seguridad pública. Quedaría en el ámbito civil solo la Policía Investigadora de la Fiscalía General de la República, que no hace labores de prevención.

Serían los militares entonces quienes se encargarían de:

- “Investigar la comisión de delitos, bajo la conducción y mando del Ministerio Público competente en el ejercicio de esta función.

- “Realizar, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, las investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones que les instruya aquel o la autoridad jurisdiccional, conforme a las normas aplicables”.

- “Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para fines de investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para que determine lo conducente”.

- “Emitir los informes, partes policiales y demás documentos relativos a sus investigaciones y, en su caso, remitirlos al Ministerio Público”.

- “Entrevistar a las personas que puedan aportar algún dato o elemento para la investigación en caso de flagrancia o por mandato del Ministerio Público, en términos de las disposiciones aplicables. De las entrevistas que se practiquen se dejará constancia”.

El problema, para muchos, es que militarizar la seguridad pública podría llevar a vulnerar los derechos humanos, pues los militares y soldados que integran la Guardia Nacional desconocen de las leyes, normas, reglas, de las corporaciones civiles, mientras que uno de los argumentos del Presidente de la República es precisamente que al ser del Ejército correría un menor riesgo la corporación para corromperse, como dice y tiene razón, sucedió con la Policía Federal. Pero ni los militares están exentos del brazo corruptor del crimen organizado o el narcotráfico, y casos hay desde aquel General Gutiérrez Rebollo que se alió con el Cártel del Golfo, pasando por el grupo de soldados que, al conocer de su traslado a Tijuana, aprovecharon para transportar droga hacia la frontera norte de México, o el militar asistente de un General de Zona, que cuando conoció del operativo para detener a un narcotraficante, le avisó para que escapara del lugar.

Hoy día, los resultados de la Guardia Nacional son realmente escasos, lo suyo es patrullar las calles de zonas conflictuadas por el narcotráfico, en un intento por inhibir con su presencia la comisión de delitos. No desarrollan labores de inteligencia para combatir a los criminales organizados o al narcotráfico, como tampoco tienen una estrategia integral, definida para prevenir los delitos más allá de su presencia caminando, transitando o sobrevolando áreas de interés.

La militarización de la seguridad pública, capricho del Presidente de la República, podría formalizarse en los próximos días, y entonces sí, considerando que ya al Ejército se le han otorgado otras facultades de corte civil, como la aviación, las aduanas, los puertos mercantes, los bancos del bienestar, el traslado de productos, la construcción de proyectos de Gobierno, México estará entrando a un militarismo de consecuencias inciertas para un país cada vez más desconcertante.