El pasado 25 de julio se abrió una grieta en la relación bilateral. Por vez primera, en una conferencia mañanera (26 de julio) los funcionarios del Gobierno mexicano reconocieron que no saben nada. El Presidente López Obrador está exigiendo información a Estados Unidos de algo que sucedió en México y, por ende, sus servicios de inteligencia “algo” debían saber. En otras palabras, “algo” pasó que aparecieron dos grandes criminales en un aeropuerto de Estados Unidos, proveniente de México, sin rasguños, ningún herido o muerto, todo pacífico. Parece que hubo “abrazos, no balazos”, pero por parte de Estados Unidos hacia ellos.
Para evitar conflictos de disputa de la “soberanía”, que podían congelar la relación bilateral de cooperación en seguridad, los dos gobiernos se curan en salud. México buscará una explicación a su “ignorancia” del caso, y Estados Unidos tendrá que judicializar impecablemente lo que ocurrió “en su territorio”. De lo contrario, quedará en el baúl de lo increíble la forma como llegaron dos grandes criminales a Estados Unidos y se entregaron así nada más.
Sin embargo, hay ganadores y perdedores. Gana quien tiene bajo su custodia a los dos criminales. El Presidente Biden se anotó un gol olímpico contra Donald Trump, que ya estaba emocionado afirmando que usaría a las fuerzas armadas de su país para atacar a los cárteles en territorio mexicano si gana las elecciones del 5 de noviembre, pues el gobierno demócrata era inepto. Parece que no lo fue y Biden ganó, y Trump no se ha pronunciado.
Otro que gana es el Cártel de Jalisco, pues su competencia, el de Sinaloa, se debilita, fractura y probablemente entre en un grave conflicto interno con mucha violencia. O sea, tiene las puertas libres para avanzar en su conquista hegemónica por la actividad criminal en México.
Gana también la vilipendiada y odiada DEA, aunque parece que ella no fue, sino el FBI (información por comprobar), pero triunfaron las instituciones de inteligencia antinarcóticos del vecino del norte, y pierden las mexicanas. No de a gratis, como se dice en México, fueron a El Paso, Texas, para aterrizar, pues allí se localiza la instalación más importante para la guerra anticriminal en Estados Unidos y el continente: El Paso Intelligence Center (EPIC). ¿Quién le dijo al piloto de la enigmática aeronave que aterrizara allí? En otras palabras, el Departamento de Justicia y sus diferentes instancias son ganadores.
Por el momento, dos políticos, uno de cada país, Presidente aquí y ex Presidente allá, son perdedores. A los dos les gusta mucho hablar y están de forma notable auto-reprimiéndose. Como en un juzgado, cualquier cosa que digan puede usarse en su contra.
El fentanilo está causando estragos, no sólo en la salud de los más de 70 mil muertos en Estados Unidos durante 2023 por su consumo (que sumado a otras drogas químicas superan los 100 mil), sino en las relaciones entre los dos países. Se identifican en numerosos reportes de inteligencia hechos públicos (por ejemplo, los informes anuales de la DEA que se publican a inicios de cada año) al Cártel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación como importadores de insumos químicos desde Asia, fabricantes de fentanilo en sus laboratorios clandestinos, y su exportación a Estados Unidos.
Ninguno de los dos gobiernos puede controlar las introducciones ilegales en las aduanas de químicos y, sobre todo, en las aduanas terrestres de Estados Unidos, por donde pasa la mayoría de los cargamentos. O sea, ambos gobiernos son igualmente responsables de esas incapacidades de seguridad fronteriza.
La aparición del fentanilo en el escenario subió de rango la amenaza de la nueva droga a la seguridad de Estados Unidos, mucho más letal que la cocaína andina. La secrecía del operativo lleva a pensar que el combate al fentanilo se hará con todos los medios al alcance de Estados Unidos, legales o no. Hoy tenemos un operativo impecable, sin un solo disparo. Ojalá y el combate a las drogas fuera así, en México y Estados Unidos, y que disminuya el riesgo a la salud de los estadounidenses vulnerables, y que se puedan reducir las capacidades, riquezas de las grandes organizaciones criminales mexicanas y su principal modus operandi, la violencia y la corrupción.
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El autor es Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y miembro del Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México.
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