Memoria, justicia y verdad: la diferencia con la Casa Blanca
Comenzar puede generar las emociones más contradictorias. A veces, se presenta como una luz que promete despejar las tinieblas; otras, como una marejada de incertidumbre que no deja más opción que flotar o hundirse. En este momento, nos encontramos ante una mezcla apabullante de ambas sensaciones: por un lado, el inicio de un gobierno que, en su mera existencia, encarna la emancipación simbólica y política de las mujeres mexicanas; por el otro, la amenaza tragicómica de un magnate reincidente en la Casa Blanca, quien se empeña en demostrar que el racismo y la xenofobia son credenciales de poder en este tiempo.
En los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum hemos atestiguado una administración que se presenta como “el segundo piso del humanismo mexicano”. En ese espíritu, sus primeros pasos han sido la concreción de una reforma al Poder Judicial, anunciada como uno de los pilares “de la transformación”. Sin embargo, el paisaje político que deja la reforma parece un terreno minado: debates interminables sobre el acceso a la justicia, especialmente para quienes, antes y después de la reforma, ya enfrentaban barreras insuperables para ingresar al sistema.
El verdadero desafío, sin embargo, no radica en los procesos legislativos ni en los salones donde las leyes se redactan con cuidado quirúrgico y se aplican con torpeza epidémica. La prueba más dura está en quienes observan desde la sombra de un sistema que nunca los ha considerado protagonistas: las personas históricamente vulneradas, entre ellas, la población migrante.
En un país donde cruzar fronteras no sólo desafía la geografía sino también la dignidad, la promesa de acceso efectivo a la justicia resuena con la fragilidad de un eco en el desierto. Reformar las instituciones sin transformar la realidad de quienes dependen de ellas es como construir una casa sin ventanas: técnicamente funcional, pero irremediablemente ciega. Mientras tanto, México sigue esquivando el reconocimiento de que sus políticas migratorias vulneran principios constitucionales, derechos humanos y compromisos de cooperación internacional. En los primeros 100 días del nuevo gobierno, las cifras y hechos hablan por sí solos: políticas de contención y devolución, desalojos forzados, privación ilegal de la libertad y muertes que ensombrecen cualquier discurso de progreso.
A esto se suma el regreso triunfal de Donald Trump a la Casa Blanca. Con su victoria, resurge la amenaza de represalias arancelarias contra México por el manejo de su política migratoria, así como iniciativas de devolución masiva de migrantes. No solo se endurecen las políticas nacionales, también se agrietan los cimientos de la solidaridad y la empatía hacia quienes, obligados por violaciones sistemáticas en sus lugares de origen, buscan refugio en México.
Quizá la reelección de Trump sea apenas uno de los tantos signos preocupantes en la crisis de derechos humanos que desgarra la región. Pero no todo está perdido. Tal vez sea tiempo de revivir aquel espíritu de solidaridad que México demostró en su mejor versión: un humanismo renovado que se comprometa a erradicar políticas que criminalizan la migración, a investigar la impunidad con un sentido de justicia real y, sobre todo, a honrar la memoria y la verdad en nombre de quienes, a pesar de todo, siguen cruzando fronteras con la esperanza de hallar un futuro mejor.
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La autora es Giscell Gamboa (@GiscellGamboa), encargada de Incidencia y Vinculación de Sin Fronteras.
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