Resulta paradójico que una organización de la sociedad civil que se creó para combatir la corrupción y la impunidad tres años antes de que el actual Presidente llegara a la presidencia haya sido combatida sin tregua por el candidato cuya principal oferta de campaña fue erradicar la corrupción. Más paradójico resulta el trato dispensado a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad cuando López Obrador se valió en campaña y se sigue valiendo como gobernante de las más de 70 publicaciones sin distingo partidarios de esa misma organización: los desvíos de recursos de Borge y de Javier y César Duarte, los Bahamas leaks, la corrupción inmobiliaria de Mancera, los mil millones de Juntos Podemos, la deuda pública multimillonaria de Moreno Valle, Odebrecht y Lozoya, el cambalache de obra entre la SCT de Ruiz Esparza y el gobierno de Nayarit, Pegasus y la PGR, Peralta y los medidores de luz, las tarjetas BANSEFI en el terremoto, Homex y el abuso como modelo de negocio, la Operación Safiro y los siete estados que desviaron 650 millones a empresas fantasma ligadas al PRI y La Estafa Maestra (en colaboración con Animal Politico). Lo ha seguido haciendo a partir de que López Obrador llegó al poder con investigaciones como: el emporio farmacéutico del superdelegado Lomelí, el hijo de Bartlett y la venta de ventiladores Covid-19 a sobreprecio, la oscura historia de la iglesia La Luz del Mundo, el uso clientelar de los programas sociales, las adjudicaciones directas como costumbre de ayer y hoy, los permisos del gobierno para importar combustibles a empresas acusadas de pagar sobornos o los recortes y subejercicios en el Metro.
MCCI comenzó a operar a inicios de 2016 con un grupo de profesionistas de la academia, del periodismo de investigación, del derecho y de la comunicación para estudiar las causas, costos y consecuencias de la corrupción, proponer alternativas de solución y documentar las redes y hechos de corrupción e impunidad. Lo hizo de manera consistente en los últimos años del sexenio de Peña Nieto. Lo hace ahora en el de López Obrador. Lo seguirá haciendo sin tregua. Entonces y ahora incomodamos al poder. Fuimos atacados por el gobierno de Peña Nieto y ahora somos perseguidos por el de López Obrador.
Lo hemos repetido en distintos foros: 1) MCCI no es un grupo político ni participa en actividades políticas o electorales; 2) sus recursos provienen de agencias de desarrollo internacional y fundaciones e instancias privadas al amparo de las leyes mexicanas y apegados a su objeto social; 3) cada donativo recibido se registra ante las autoridades competentes y éstas han hecho un uso indebido de la información trasgrediendo el derecho al resguardo de los datos personales ; 4) MCCI ha hecho un uso responsable, legal y legítimo tanto de los recursos recibidos como de las libertades garantizadas por la Constitución; 5) las reiteradas acusaciones -desvío y triangulación de recursos, financiamiento a la oposición o evasión de impuestos, entre otras- son, además de falsas, actos de acoso e intimidación para estrangular financieramente a la organización, dañar su reputación e impedir que sus integrantes realicen su trabajo con la libertad a la que tienen derecho y; 6) están dirigidas a amedrentar a los donantes nacionales y extranjeros y a los miembros del Consejo Consultivo exhibiéndolos en las mañaneras como si cometieran un delito por financiar o participar en la organización. Todo esto sin contar los amagos de dos auditorías fiscales en menos de dos meses (marzo y mayo de 2021).
Después de afirmar que un gobierno extranjero no puede dar dinero a grupos políticos de otro país porque eso es injerencismo, intervencionismo y golpismo, el gobierno de México envió una nota diplomática en la que solicita al de los Estados Unidos que suspenda el apoyo financiero a MCCI en virtud de que “el financiamiento a actores políticos va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención ...”. La petición se basa en que “miembros de dicha organización, como Claudio X. González, han sido explícitos en su militancia política en contra del Gobierno de México”. Agrega, en la misma misiva que el gobierno de México reconoce como esencial el trabajo de la sociedad civil.
El Presidente falta a la verdad en ambas afirmaciones.
Sabe que Claudio X. González, fundador reconocido de MCCI junto con la que esto escribe, dejó de pertenecer a la organización hace un año precisamente para dedicarse a la muy legítima tarea de la movilización política ciudadana. Sabe también que no participa en ninguna capacidad en MCCI y que esta organización no tiene actividad política alguna por convicción, porque sus estatutos lo prohíben y porque sus donantes lo exigen. Dice creer en la sociedad civil y su colaboración con el gobierno pero cada que puede expresa que, junto con los órganos de autonomía constitucional, son una “simulación” y su tarea es “facilitar el saqueo y tapar acciones indebidas de los gobernantes”. En realidad, para el Presidente, la sociedad civil y los órganos autónomos son incómodos contrapesos y obstáculos para el ejercicio discrecional del poder y por ello deben desaparecer.
