Mazatlán en quiebra: el que sigue paga. Saldar la deuda o pagar el costo político

Son bastantes y contundentes las moralejas recibidas en Mazatlán como para que el Alcalde Édgar González Zataráin repita o solape los errores y depravaciones administrativas de sus antecesores en el cargo, que han llevado al principal municipio sureño a quebrantos financieros que repercuten en la proveeduría de mejores satisfactores a la población y, por añadidura, dan la idea de servidores públicos que uno tras otro agarran enormes tajadas del erario y reciben además el correspondiente bono de impunidad.

El municipio asediado por alrededor de mil demandas, algunas ya solventadas y otras por resolver, constituye el arquetipo de gobiernos edilicios fallidos y de mandamases de catadura cleptómana cuya inviabilidad histórica debe decretarse ya. Al disponer de las arcas públicas para el provecho particular o de sus amigos olvidaron la letanía ética que sin pizca de vergüenza recitaron y que en la acción popular recalcan el ultimátum de amarrarles las manos y frenarles las avaricias a pertinaces desfalcadores.

A cualquier munícipe se le pone la piel de gallina al enterarse de que la Comuna bajo su responsabilidad deberá pagar 544 millones de pesos por resoluciones a favor de particulares o empresas que demandaron al Ayuntamiento, y que el monto total de las indemnizaciones puede ascender a 2 mil millones de pesos, según lo dio a conocer el sábado González Zataráin, quien recibe en sus manos una bomba de tiempo activada para hacer trizas las finanzas municipales.

Tal vez los daños sean difíciles de evitar por mediar mandatos judiciales resarcitorios en la mayoría de los casos, pero lo que sí es posible esquivar tiene que ver con el costo político que sin deberla ni temerla pague el Presidente Municipal al estar al frente de la coyuntura que conlleva el impacto social de destinar el presupuesto a pagar deudas y desviarlo de la función esencial de mejorar el bienestar de los mazatlecos.

En el escenario menos peor se trata de comprometer casi el doble del gasto destinado a obra pública en Mazatlán para 2023, de 285 millones de pesos, y en la previsión catastrófica se requerirían dos terceras partes de los 3 mil millones de pesos que el Cabildo aprobó ejercer como egresos durante el año en curso. Cuidado con desestimar tales prospectivas sin que el Gobierno ni los ciudadanos adopten las previsiones para derribarlas.

Lo normal sería definir los ciclos en que se generaron los pasivos y causas que por no atenderse a tiempo vienen a hacer crisis hoy. Transparentar los nombres de cada Alcalde que incurrió en negligencias y endosarles la responsabilidad como lección a los que ahora y en el futuro tomen el compromiso de gobernar. Acudir a los instrumentos legales para que al menos la justicia imponga la enseñanza del escarmiento.

En Mazatlán más que en otros municipios, desde hace dos décadas presenciamos el agotamiento del modelo gubernativo fincado en la gestión social, lucha incansable por el bienestar colectivo y nunca más acopiador de fortuna personal como puntal de los movimientos ciudadanos por los derechos y el desarrollo. El viraje hacia administraciones marrulleras, que con las manos en la cintura comprometen el bien público, lleva al menos 13 presidentes municipales, entre los electos y los interinos, desde que Alejandro Higuera Osuna ocupó el puesto e impuso la horma corrupta por primera vez en el período 1999-2001.

A partir de allí hay lapsos ominosos en el desempeño de alcaldes, como el de Jorge Rodríguez Pasos que convirtió la investidura en el estilo simiesco de arremeter contra todo y todos, inclusive siendo víctima su esposa, a la que agredió físicamente. El priista Jorge Abel López Sánchez que logró interrumpir el maximato del “Diablo” Higuera pero no pudo abstraerse del modus operandi de los ediles de su partido. Fernando Pucheta, también de manufactura tricolor, obtuvo el ominoso galardón de “la peor desgracia para Mazatlán”, y Luis Guillermo Benítez, que termina de acumular epítetos despectivos y demandas judiciales.

Pero es a Édgar González al que se le viene encima el alud de indemnizaciones que deberá atender el Ayuntamiento de Mazatlán, que pierde cuanta demanda se instaure en su contra. Paradójicamente, el Presidente Municipal que vino a enmendar los agravios y bancarrotas de los antecesores, que restablece la transparencia y trae el estilo de conciliación con los sectores y acercamiento con los ofendidos, ve venir la bola de nieve que con sorprendente apatía gubernamental y permisibilidad legal moldearon los ex alcaldes.

Ya se veía venir el alud y ni aunque se quite la libra, aunque sí posee el compendio de desaciertos en que cayeron panistas, priistas, petistas y morenistas, que bien puede usar como referentes de torpezas irrepetibles en la presente etapa de transición hacia el adecuado desempeño de la función pública. Y allí están también los legajos de expedientes en los juzgados para que en lugar de pagar él por los platos rotos, el Alcalde de Mazatlán obligue a sus antecesores a barrer la casa, lavar la loza y asearse la cola.

Reverso

Que alguien haga la cobranza,

A ex alcaldes de Mazatlán,

Que se apegaron al refrán,

“El que no transa no avanza”.

El que busca encuentra

¿Qué hacía el recién extinguido Instituto de Salud para el Bienestar cuando en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel se construían en Culiacán los nuevos hospitales General, Pediátrico y Centro de Salud, obras a las cuales hoy se le encuentran anomalías y que antes eran calificadas como de vanguardia? ¿Qué no eran parte del sistema de atención médica de primer mundo, similar al de Noruega y Dinamarca, que ofreció el Presidente Andrés Manuel López Obrador?

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