@rmartinmar
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En Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrió el pasado domingo el ataque a mansalva hacia siete jóvenes que fueron masacrados por un convoy de soldados con un saldo de cinco jóvenes asesinados, un chico más que está en estado de coma inducido, y un sobreviviente de 21 años, quien fue dejado vivo por los soldados y hoy valientemente cuenta los hechos tal como se vivieron.
La ocurrida en Nuevo Laredo la madrugada del domingo 26 de febrero es una de las masacres más graves y ominosas cometida por fuerzas de seguridad pública en lo que va del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo una salida a divertirse de siete jóvenes acabó con la vida de cinco de ellos, literalmente masacrados, un herido grave y un sobreviviente temeroso por su vida?
De los siete jóvenes, uno de ellos radicaba en San Antonio con su madre pero con frecuencia viajaba a Nuevo Laredo donde vive su novia. Este joven de 21 años, Gustavo Ángel Suárez Castillo, era el dueño de la camioneta en la que viajaban los chicos. La noche del sábado previo a la masacre, Gustavo Suárez fue enterado por su novia de que estaba embarazada.
Sea para festejar que iba a ser padre, sea porque solo querían divertirse, decidieron ir al antro de nombre Mister Pig. Cerca de las 4:00 de la mañana salieron y se dirigían a sus casas cuando se encontraron con el convoy militar compuesto por 20 soldados.
¿Qué ocurrió? Así lo cuenta Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humano de Nuevo Laredo: “Los siguen a distancia cuatro vehículos militares durante 450 metros, el conductor de la camioneta toma la decisión de parar para ver qué quieren, ya detenidos, un vehículo militar, una pick up, los embiste por detrás e inmediatamente les empiezan a disparar, a la cabina y por parte del frente también. Los muchachos estuvieron a dos fuegos. Cinco de ellos murieron en el lugar de los hechos, uno quedó ileso porque se tiró al piso y otro más quedó muy grave por tres impactos de bala que lo mantienen en un estado de coma”.
El resultado de las necropsias, publicadas por Alberto Pradilla en N+ y Pablo Ferri en El País son contundentes: el conductor de la camioneta, Gustavo Suárez, recibió 12 balazos, uno de ellos en el cráneo. “Le destruyeron su cabeza”, dijo su padre. El copiloto recibió 10 tiros; tres jóvenes viajaban en el asiento de atrás: el tercero recibió cinco proyectiles, cuatro en la espalda; un cuarto joven, dos disparos, uno de ellos le provocó que se desangrara hasta morir; y el quinto joven un único disparo en la cabeza. Uno de ellos, herido de gravedad, como se dijo.
Y otro más sobreviviente. Se llama Alejandro Pérez Benítez, de 21 años, y ha declarado que lo dejaron vivo a condición de que grabara un video en un celular de un soldado, donde declaraba que estaban huyendo, cuando no fue así.
La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado, dos días después de la masacre, y admite que sus soldados dispararon a los jóvenes y que cinco de ellos murieron, pero pretenden hacer creer que fue por una confusión y porque los jóvenes pretendían huir de la revisión. Cuando no fue así.
Según el comunicado de la Sedena: “aproximadamente a las 4:50 a.m. del domingo 26 de febrero de 2023, el personal militar (...) realizaba reconocimientos en el área urbana de ese municipio (...) cuando oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta, avanzando a la dirección donde se escucharon; posteriormente, visualizaron un vehículo tipo pick up con siete individuos a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado. De esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego; suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos”.
Como se deja en claro en el comunicado, los mandos de la Sedena parecen estar protegiendo a los soldados implicados en la masacre al aseverar que actuaron porque escucharon disparos cuando el joven sobreviviente ha declarado que ellos jamás dispararon.
Pero hay demasiadas contradicciones en la versión oficial y especialmente el testimonio del joven Alejandro Pérez, cuestiona el relato oficial. Se ha intentado criminalizar a los jóvenes masacrados sosteniendo que traían armas, que el vehículo no traía placas, que era robada y que estaban huyendo. Todo es mentira.
El mismo reporte inicial tomado por la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que no se encontraron armas o sustancias ilícitas en el vehículo donde viajaban los jóvenes. Por su parte, Jennifer Castillo, madre del conductor del vehículo, reveló que la camioneta traía una placa provisional de “cartón” (en un papel) e incluso mostró N+ el número de la matrícula: 2607J46, expedida por el estado de Texas y que expiraba el 25 de abril.
Esta masacre no es solo una grave violación a los derechos humanos, sino que pone en evidencia el fracaso de la política de seguridad que ha desplegado el Estado mexicano desde al menos cinco sexenios atrás, en el gobierno del priista Ernesto Zedillo Ponce de León que se presento el Plan Nacional de Seguridad y cuando se diseñaron políticas antidrogas. Es cierto que debido al contexto de deslegitimación en el que llegó Felipe Calderón a la Presidencia de la República, éste declara la supuesta guerra contra las drogas que ha resultado un completo fracaso. Desde entonces, cerca de 400 mil mexicanos han muerto violentamente y más de 100 mil han desaparecido de sus hogares en esta guerra absurda que no se va ganando de ningún modo.
Y aunque uno de los deportes preferidos del actual Presidente López Obrador consiste en culpar a los gobiernos “neoliberales” del pasado de todos los males nacionales, el actual gobierno de la Cuarta Transformación no solo no ha resuelto los problemas de inseguridad y violencia organizada que aquejan a toda la nación, sino que no reconoce el fracaso en este ámbito. En los hechos, su política de “abrazos y no balazos” es más parecida a la misma de Calderón, por más que traten de negarlo.
En una corrección al incumplimiento de sus promesas de campaña, López Obrador debería cumplir con regresar el Ejército a los cuarteles y de atacar el narcotráfico legalizando todas las drogas para enfrentar de raíz este complejo problema. Pero seguramente a estas alturas del sexenio, esto ya es imposible. El actual Gobierno sigue empecinado en sus mismas políticas y vergonzosamente se ha convertido en el gobierno que más ha mimado y privilegiado a los militares.
Finalmente, la masacre de militares contra estos jóvenes en Nuevo Laredo es muy grave porque revela, en un solo caso, todos los efectos perversos que deja la militarización de la seguridad pública del País. Revela que no están capacitados para tratar con los civiles, que cometen con frecuencia violaciones a los derechos de las personas, y en ocasiones graves casos de ejecuciones extrajudiciales, como parece ser el caso. Y que cuando esto ocurre, desde el aparato militar se hace todo lo posible por encubrir a los responsables de estos delitos y graves violaciones a los derechos humanos. No debe permitirse la impunidad militar en la masacre de Nuevo Laredo, y debe levantarse de nuevo el reclamo de que los militares regresen a los cuarteles.
