En la nota anterior especulaba que al no haber incluido en su anuncio de venta la identidad del comprador de su filial en México, Citigroup de Nueva York daría lugar a todo tipo de sospechas, rumores y golpes -altos y bajos- sobre quien sería el nuevo dueño. Además, su comportamiento difería de lo que otros bancos han hecho, e incluso lo que Citigroup mismo hizo en estos últimos días y meses. Me quedé corto.
Al no anunciar un comprador ya pactado -de haberlo- o al no esperar hasta que lo hubiera, el banco neoyorquino abrió las puertas a una verdadera cacofonía de sugerencias, ocurrencias, exigencias e idioteces que no van a facilitar ni la venta, ni la compra, ni la aceptación por todos los reguladores u otras instancias involucradas. Conviene recordar que para la venta de sus activos de banca de menudeo en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, Citi anunció a la par la compra por parte de Union Overseas Bank de Singapur. Para la venta de sus activos en Filipinas, dio el nombre de Union Bank, simultáneamente. Y para la venta de su banca minorista en Brasil en 2016, identificó de entrada a Itaú-Unibanco como el comprador.
Vamos por partes. López Obrador, al referirse hace días a los impuestos que según él pagará Citigroup en México por la venta, afirmó que esta última podría totalizar de 30 mil a 40 mil millones de dólares, según versión de Reforma de la mañanera. JP Morgan, en su análisis del fin de semana, estimaba un valor de los activos de Citibanamex en venta en 8.5 mil millones de dólares. Se trata de una gama de cálculos enorme, e irreal. Incluso la valuación de gente seria, de 15 mil millones, versus de otra gente seria, de entre 5 mil y 8 mil millones, es demasiado ancha. Esto importa, porque a quienes les alcance para pagar 5 mil millones, no les alcanza, ni con préstamos, para pagar 15 mil millones.
Pero esto es lo de menos. Al dejar suelto el asunto Citigroup, rápidamente se posicionó López Obrador, que además de sugerir un monto aberrante, también sugirió nombres. Que el Presidente de un país grande entre en esos detalles es también aberrante, y peligroso. ¿Y los que no fueron mencionados, qué? ¿Y si los que sí mencionó pero que no deseaban serlo, qué? Luego Pablo Gómez, que como titular de la UIF no debiera tener vela en el entierro, sugirió que el Estado (¿a través del Banco de Bienestar?) comprara Banamex, junto con pequeños inversionistas mexicanos, para crear una especie de Gosbank (Gosudarstvenny Bank SSR, a la soviética, que también fungió como banco central de la URSS) mexicano.
El Secretario de Relaciones Exteriores opinó, por su parte, que sería bueno que el Estado se quedara por lo menos con el patrimonio cultural de Citibanamex, en compensación por lo que pagó “el pueblo” por el Fobaproa (gran idea, que garantiza la integridad, en todos los sentidos, de la colección). Y en el fuego amigo, obviamente el Ajusco le filtró a un columnista de El Financiero que Estados Unidos jamás aprobaría la venta de un banco a alguien cuyo homónimo y abuelo fue denunciado en Netflix como capo dei tuti capi del narco en México durante los años 90.
Cada quien inventa lo que quiere, porque Citgroup y López Obrador abrieron la temporada de cacería de patos.
La pregunta es por qué lo hicieron. Se me han ocurrido tres hipótesis (AMLO no posee el monopolio de las ocurrencias). La primera: Citigroup buscó a un comprador durante meses, y ninguno le llegó al monto esperado. La segunda: Se vieron obligados a anunciar la venta con urgencia, y no pudieron darse el tiempo para encontrar uno. La tercera (y probablemente la buena): tenían a un comprador, y el Gobierno de México lo vetó, a partir de consideraciones regulatorias (en realidad ideológicas, personales o reputacionales).
¿Cuáles? Extranjeros no, por las razones que el propio López Obrador mencionó. Banorte no, por concentración, y porque no pasa la prueba del añejo de los Departamentos de Compliance and Reputational de Citigroup. Azteca tampoco, por las mismas razones. Aquí conviene una pequeña disgresión. En el sentido estricto, Citigroup en Nueva York no necesita la aprobación de ninguna autoridad estadounidense del comprador que escoja. Pero los abogados internos de cumplimiento y reputación, según entiendo, sí consultarán a las autoridades norteamericanas (Tesoro, la Fed, DoJ y la embajada en México, por lo menos) para no venderle el banco a alguien impresentable. No es difícil adivinar quién les parecería impresentable a estas autoridades y a otras más. Ejemplo, para cerrar: Javier Garza Calderón, dueño entonces del Grupo Domos, compró la Cía Telefónica de Cuba en los años 90, y fue acusado de violar el embargo norteamericano a la isla. ¿De verás lo va a palomear Compliance and Reputational?
