Más allá de las urnas: violencia y asesinato de candidatos

En días recientes, la organización Causa en Común llevó a cabo el foro titulado “Más allá de las urnas: explorando la violencia en el proceso electoral de México 2024”, donde presentaron una actualización de los datos sobre la violencia electoral. Según el monitoreo realizado por la organización, desde junio de 2023, fecha que marca el inicio del proceso electoral, se han registrado al menos 41 asesinatos de actores políticos. Esta cifra contrasta notablemente con los 24 candidatos asesinados durante las elecciones federales de 2018 y los 30 asesinatos registrados en los comicios de 2021, lo que convierte al actual proceso electoral en el más violento en la historia contemporánea de nuestro país.

Durante el foro se destacó en el análisis que los estados con la mayor incidencia de violencia electoral son Guerrero, con nueve casos, y Michoacán, con seis. Además, resalta el hecho de que el 40 por ciento del total de las víctimas de este delito eran militantes de Morena. Asimismo, se señaló que de los 15 estados donde se han registrado casos de políticos asesinados, 13 están actualmente bajo el gobierno de Morena.

Durante el transcurso del foro, Armando Vargas, consultor senior en Integralia, señaló que varios factores contribuyen a la prevalencia y al aumento de la violencia política en diversas regiones del País, destacando entre ellos la existencia de mercados ilícitos no tradicionales, como la extorsión o el tráfico de migrantes. Este fenómeno explica la concentración de la violencia política en áreas como la “Tierra Caliente” de Michoacán o la frontera entre Chiapas y Centroamérica. Además, resaltó que el programa gubernamental de protección a candidatos ha fracasado rotundamente al no basarse en un diagnóstico de riesgo preciso que tome en cuenta las dinámicas de control territorial por parte del crimen organizado.

Itzel Soto, analista de datos de Data Cívica, destacó los hallazgos del estudio “Votar entre Balas“, donde se concluyó que la violencia político-electoral ha experimentado un significativo aumento desde 2022. Advirtió que abril de este año fue el mes más violento en términos de violencia electoral y se espera que mayo sea aún más violento. Asimismo, señaló que la violencia no se limita al proceso electoral y que, si se observa un periodo de 10 años entre 2013 y 2023, los casos de violencia político-criminal se han triplicado.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, hizo hincapié en el claro consenso respecto a la creciente violencia política durante el actual proceso electoral, lo que lo convierte en el más violento de la historia moderna. Lamentó que, debido a esta violencia y a la creciente influencia del crimen organizado, muchos ciudadanos no puedan ejercer su derecho al voto de manera libre el próximo 2 de junio, lo que afecta la legitimidad y la solidez institucional de nuestra democracia. Finalmente, instó a las autoridades a incluir en sus agendas medidas integrales para abordar la violencia política una vez finalizado el proceso electoral, con el fin de fortalecer las capacidades a nivel local y restaurar el estado de derecho en aquellos territorios actualmente bajo la influencia de intereses criminales.

En resumen, el foro presenta un panorama desalentador de cara a las elecciones federales, donde los criminales han dirigido su atención hacia los candidatos a las presidencias municipales con el objetivo de mantener su dominio territorial, controlar aspectos como la seguridad, las finanzas y la infraestructura pública. En las zonas más afectadas por la violencia, los criminales atentan contra los candidatos, lo que, combinado con la inseguridad generalizada, podría disuadir a la población de participar en las elecciones por temor. La violencia política, el financiamiento de campañas, la imposición de candidatos, así como la manipulación y la obstrucción del voto lamentablemente determinarán los resultados en algunos estados el 2 de junio.

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El autor es René Gerez López, investigador de Causa en Común, ONG que trabajan en la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades.