Dirigentes políticos de la Oposición, líderes de organizaciones sociales, académicos y ahora también los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF consideran que, de cara al proceso electoral de 2024, es necesaria la elaboración de un mapa de riesgo.
Una buena parte de la información del accionar del crimen organizado está a disposición de todos a través de la prensa de los estados y de la Ciudad de México, que día a día dan cuenta de lo que realizan en el territorio. Está la información que generan las áreas de inteligencia del Ejército y la Marina y la propia del Centro Nacional de Inteligencia, el antiguo CISEN ahora con otro nombre. Está también, es extraordinariamente valiosa, la información de los estados y de los municipios. Es tal vez la más abundante y precisa, aunque la más de las veces no se utiliza y se queda solo en las instancias que la registran.
Los partidos nacionales y locales tienen una información precisa a partir del conocimiento que sus integrantes y sus candidatos tienen del terreno. Y de su experiencia al ser abordados por el crimen organizado.
La información existe y en abundancia, se produce todos los días, aunque es dispersa y en algunos casos está solo en poder de las instancias que la generan. De cara al proceso que inicia el 1 de marzo ya se va tarde, pero siempre algo se puede hacer.
¿Quién debe hacerse cargo de recolectar e interpretar esta información? Ahora deben ser estructuras que ya existan y que tengan la capacidad humana y técnica para hacerlo.
Están a nivel federal la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), y a nivel de los estados las secretarías de seguridad y las fiscalías. Y estas mismas serían las que tendrían la capacidad para actuar sobre el terreno.
La consultora Integralia días atrás publicó un mapa de riesgo electoral y lo mismo hizo el grupo de medios que publica el periódico Milenio; el INE contrató un despacho privado para que elaborara un mapa de riesgos electoral, que ya se realizó, pero no se ha publicado.
Para Rubén Moreira Valdez, representante del PRI en el INE, el problema es de tal dimensión que sólo se le puede hacer frente a través de un acuerdo nacional, bajo el liderazgo el Ejecutivo federal. Y dice que el Presidente de la República debería convocar a los gobernadores, cosa que nunca ha hecho, para adoptar una estrategia conjunta en la que participen los tres órdenes de gobierno con sus fuerzas de seguridad.
A pesar de ver que esta es la única y mejor posibilidad para defender la vida de los candidatos, y con ello a la democracia, asume y lamenta que el Presidente no se pondrá a la cabeza de esta iniciativa.
Las autoridades, también las electorales, saben donde se ubican las zonas de mayor riesgo para los candidatos, pero no se hará nada del nivel que se necesita para proteger sus vidas. Es muy probable que la jornada termine con 200 asesinatos. Son muertes ya anunciadas.
