Dos modelos de seguridad se exhiben en América Latina y en México frente al proceso electoral para la presidencia de la República: uno encaminado a una guerra contra los delincuentes con toda la fuerza del Estado, más elementos policiales y un sistema carcelario represivo; otro, centrado en el desarrollo de la inteligencia policial con base en el capital humano existente, la atención a la falta de oportunidades generadoras de actividades criminales y la colaboración entre instituciones.
En las últimas semanas, las políticas de mano dura y abandono de los derechos humanos implementadas en El Salvador por el Presidente Nayib Bukele han sido replicadas. El ultraderechista Javier Milei anunció reformas legales en Argentina para calificar a los narcotraficantes como terroristas e incrementar al doble las penas de prisión. El ecuatoriano Daniel Noboa presentó un plan de crear cárceles de “máxima y supermáxima seguridad”, como las desarrolladas por el salvadoreño.
En contraste, países como Costa Rica, Chile o Colombia han apostado por un modelo de seguridad ciudadana, promoción de la paz y acercamiento entre las policías y las comunidades.
¿Cuál de esos modelos puede ser más efectivo en la construcción de la seguridad, la protección de la sociedad y la prevención de amenazas al bienestar de las y los ciudadanos?
En sus debidas dimensiones y distancias, las propuestas de seguridad presentadas por las principales candidatas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, revelan modelos similares a los debatidos en América Latina.
La aspirante por Morena, PT y Verde -quien aventaja en las encuestas con 24 puntos según el estudio publicado por Reforma el martes 19- plantea una política de atención a las y los jóvenes con el fin de alejarles de la delincuencia, una reforma al Poder Judicial, la cual independiente al método de elección de jueces, propone un Tribunal de Disciplina Judicial para garantizar resoluciones judiciales con plena independencia y sin corrupción.
El fortalecimiento de la Guardia Nacional con mayor presencia en todo el país, así como integrar a labores de inteligencia a todas las instancias de seguridad -una forma de aprovechar el recurso humano de las corporaciones policiales- se complementan con la colaboración entre policías estatales y fiscalías.
La candidata por PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, presentó una propuesta centrada en, como ella lo llamó, usar “toda la fuerza del Estado” contra el crimen, sacar al Ejército de labores administrativas y de construcción, así como crear al menos una cárcel de máxima seguridad y alta tecnología.
Además, plantea duplicar el número de fiscales, jueces locales y elementos de la Guardia Nacional, que pasarían de 150 mil a 300 mil con un mando civil. A estos nuevos servidores públicos destinados a la seguridad y justicia se sumarían 32 equipos policiales de reacción contra el crimen organizado y una agencia binacional de aduanas para evitar la entrada de armas de EU.
¿Seguridad con justicia social o con mano dura?
* Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
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