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En su página electrónica el máximo tribunal de la nación, representante del Poder Judicial de la Federación, se autodefine de la manera siguiente: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el Constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones”.
En cumplimiento de su misión, el tribunal superior del país, declaró como inconstitucional la primera parte del llamado plan B presidencial, a través del cual, el Ejecutivo Federal pretendía darle un vuelco al tema electoral del país. La parte repudiada fue la que procuraba darles cancha libre a los gobernantes para expresarse libremente sobre los actores de las contiendas electorales, así como el considerar como falta no grave la utilización de recursos en favor de campañas de funcionarios públicos, con fines electivos.
La determinación de la Suprema Corte de Justicia, desató la furia del grupo “morenista” en el poder y del propio Presidente de la República quien, sin ninguna pizca de respeto hacia los representantes del Poder Judicial, calificó a los nueve ministros que votaron en contra de la no procedencia de su iniciativa, como representantes del conservadurismo y hasta de rufianes. A la serie de descalificativos, el Presidente de la República, sumó la advertencia de que lanzará iniciativas para que la designación de los ministros de la Corte se haga por la vía de la votación popular y no a través del Senado de la República, encargado de valorar los antecedentes profesionales y personales de los aspirantes a formar parte de la Corte Suprema, lo cual, es correcto, ya que la plana de ministros no son representantes populares, sino censores de que gobierno y sociedad cumplan con los ordenamientos constitucionales.
No me imagino en qué piensa el Presidente al plantear la posibilidad de una votación popular para la elección de ministros, en quién o quienes evaluarían la capacidad profesional de los aspirantes y quién les financiaría las campañas correspondientes, aspecto este último de alto riesgo, por la posibilidad de que se allegaran dinero sucio.
Por supuesto, y como parte de su argumentación y en sentido de explotar el resentimiento social que existe en contra de los privilegios que ha venido gozando la alta burocracia del país, el Presidente, en atinada estrategia política, ha puesto en la mesa pública los altos sueldos y prestaciones que gozan los representantes del Poder Judicial, así como el acceso a viáticos, gastos de representación, escoltas y ayudantías personales, uso de vehículos de alta gama y de otros equipos que les pinta como favorecidos de una vida principesca. Y claro, lo son, comparada con la realidad de apreturas que vive la gran mayoría de la población.
Reproches por las prestaciones que reciben los integrantes de la cúpula judicial y los constantes señalamientos presidenciales que los acusan como enemigos del movimiento transformador de la llamada 4T y, por ende, opuestos al bienestar social, han encendido los ánimos de los fanáticos del Presidente Andrés Manuel, de tal suerte, que han tomado actitudes agresivas en contra de ellos.
Mala señal, sin duda alguna, para la concreción de una transformación nacional, representa el desprecio manifiesto que expresan los hombres en el poder hacia el orden constitucional, así como el alentar el hostigamiento en contra de los garantes del mismo. ¡Buenos días!
