Durante la celebración de los Foros Internacionales de Obra Pública desarrollados en 2008 y 2010, a los que asistieron funcionarios del gobierno de Chile, la Subsecretaria de Obra Pública de ese país, después de escuchar las distintas intervenciones de los funcionarios públicos y de empresarios mexicanos sobre las dificultades y la falta de coordinación en las inversiones en obras físicas, nos comentó con extrañeza “¿es que acaso las distintas secretarías no cuentan con catálogo de obras, según su necesidad y costo, para irlas construyendo ordenadamente...?”, y esta idea de eficiencia gubernamental se adoptó como acuerdo. Esto viene a cuento porque la Agencia Internacional de Energía en su informe “Oil 2024, Análisis y Previsión hacia 2040” informó que “México registra la mayor caída en la producción petrolera, promediando apenas alrededor de 1.5 millones de barriles diarios”, lejos de los 1.8 millones que planeaba la empresa, básicamente porque México no tiene “una gran lista de proyectos previamente seleccionados” para sustituir a los siete campos que se están sobre-explotando, “mismos que están declinando a un ritmo más acelerado que los nuevos campos que se vayan incorporando”; los avances que se lograron en esos Foros Internacionales en planeación y eficiencia han sido ignorados por Pemex, razón por la cual no se ha cumplido con la “autosuficiencia energética”. Esta nueva administración pública federal, tendrá que enfrentar no sólo la falta de producción petrolera, sino una larga cola de ineficiencia y falta de planeación a largo plazo.
Según el Periódico Noroeste del 26 de septiembre, “Pemex reconoció que sólo pudo cumplir con la mitad de las acciones de mantenimiento a las refinerías... por falta de presupuesto”, una de las promesas del gobierno de AMLO. Las consecuencias son que seguimos importando el 56 por ciento de las gasolinas y diesel que se vende, con el agravante que, según la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, buena parte de las ventas en las gasolineras proviene del “huachicol”, es decir gasolina robada a Pemex. Estos problemas no se van a resolver con la decisión de convertir a CFE y Pemex de empresas estatales en dependencias estatales, pues se abandonan definitivamente los conceptos de eficiencia, competitividad e innovación y se retrocede a la posición de “servicio público”, sujeto totalmente al gobierno y al presupuesto federal; así es más cómodo, salgan como salgan los números.
Otro asunto sumamente grave es el de la educación, pues según publica El Universal de 1 de octubre, el académico Erick Avilés, del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, citando el Sexto Informe de Labores de la SEP, “las escuelas públicas han perdido casi 180 mil alumnos que prácticamente han emigrado a las escuelas privadas y que, de seguir así la tendencia... El sistema nacional de educación pública se estaría derrumbando lentamente, para dar paso a una privatización fáctica de los servicios educativos”.
A lo anterior habría que agregar los comentarios de Eduardo Backhoff Escudero en su columna en El Universal, “Al borde del abismo educativo” en la que se hace referencia al “abismo educativo que dejó AMLO a Claudia Sheinbaum, pues la llamada “Nueva Escuela Mexicana” y sus libros de texto gratuitos “... se elaboraron en secreto, a espaldas de maestros, alumnos, padres de familia, investigadores y la sociedad entera”, pretendiendo “combatir a muerte la cultura capitalista moderna”, neoliberal... y que “según el Presidente, la educación nacional debería centrarse en ‘los intereses del pueblo’, que incluía aceptar los mitos y creencias mágicas de las poblaciones primitivas, lo que el escritor Enrique Serna denominó ‘educación aldeana’, y no privilegiar a la ciencia y a la tecnología”; expone además que según los resultados de las distintas evaluaciones de aprendizaje, “los estudiantes mexicanos se encuentran en un nivel de aprendizaje mínimo para funcionar en una sociedad globalizada y sólo una proporción insignificante logra niveles sobresalientes”; así, el nivel de los estudiantes mexicanos se ha deteriorado en los últimos años, deficiencia que es prácticamente una “herencia maldita” para el nuevo gobierno.
Al margen: El Instituto Estatal Electoral de Sinaloa rechazó las peticiones ciudadanas para llevar a cabo la revocación de mandato del Gobernador Rocha Moya porque tendría efectos retroactivos en perjuicio del Gobernador, sin considerar el perjuicio que se ocasiona a miles de ciudadanos que tienen el derecho de invocar la Ley de Revocación de Mandato.
