México se ha convertido en una gran fosa clandestina, es un lema que han repetido constantemente las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos en el país. Hasta el día de ayer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizada tenía 109 mil 174 casos de reportes desaparecidos en todo el país con Jalisco, Tamaulipas y Estado de México en los tres primeros lugares concentrando casi un tercio de todos los desaparecidos.
El delito de las desapariciones forzadas no es nuevo en México. De hecho nació como una técnica represiva que las fuerzas armadas del Estado mexicano aplicaban a quienes consideraba enemigos o disidentes del régimen. Lamentablemente esa y otras técnicas contrainsurgentes se trasladaron desde el uso estatal a las prácticas de terror que aplican ahora los grupos armados privados al servicio de las empresas del capitalismo ilegal, el narcotráfico entre las primeras.
La desaparición forzada de personas creció en los pasados 15 años de la mano del despliegue de la supuesta guerra contra el crimen organizado. Lamentablemente otras técnicas de terror y de violencia se han acumulando desde hace unos seis años aproximadamente, de la mano de la violencia organizada y guerra informal que padece la sociedad mexicana.
Dos técnicas de terror como los homicidios y las desapariciones están asociadas a las desapariciones: las fosas o enterramientos clandestinos y la crisis forense. Con la masificación del fenómeno de las desapariciones, empezó a crecer también el número de fosas clandestinas por todo el país. Este crecimiento acompañado de la ineficacia, ineptitud o complacencia del aparato del Estado con los grupos criminales, creo el contexto necesario para que las familias se fueran organizando en colectivos por todo el país para exigir justicia y buscar por su cuenta a sus desaparecidos.
No bastó crear colectivos de familiares por cada localidad o cada estado; la magnitud del fenómeno de las desapariciones ha propiciado que los colectivos se formen en redes nacionales como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) integrado por más de 60 colectivos o la Brigada Nacional de Búsqueda con más de 160 organizaciones de todo el país.
De los más de 109 mil desaparecidos que hay en el país, tres cuartas partes son hombres y el resto mujeres. Esta cifra quizá explique por qué la mayoría de quienes integran los colectivos, se manifiestan y se organizan para exigir justicia, sean mujeres: madres, esposas, hermanas e hijas se han convertido en la vanguardia de un movimiento social que exige la presentación con vida de sus desaparecidos. En algunos estados, como Jalisco, la participación de mujeres en los colectivos de búsqueda sube hasta 85 por ciento, como documento el colectivo Por Amor a Ellxs.
Son principalmente estas madres y mujeres buscadoras las que en su mayoría han encontrado las fosas clandestinas que se han sembrado por todo el territorio, pero en muchas ocasiones el Estado, sea a través del Gobierno federal, o de los gobiernos estatales no reconocen esta labor y la subestiman o la ignoran.
En un reciente reportaje de Lauro Rodríguez y Guillermo Rivera (patrocinado por Connectas) encontraron que las fiscalía estatales suelen ignorar los hallazgos de las madres buscadoras: “Las fiscalías de 10 entidades del país no integraron en sus bases de datos 163 fosas clandestinas que 73 colectivos localizaron entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2022”, se señala en la investigación “¿Quién teme a las rastreadoras?” (https://bit.ly/3v0oIVY).
Pero las madres y mujeres no sólo hacen el trabajo que no están haciendo los gobiernos, fiscalías y comisiones de búsqueda. El colmo es que una vez que encuentran fosas y en ellas cuerpos o restos de cuerpos humanos, posteriormente se encuentran con la fatiga burocrática que no identifica a todos los restos encontrados.
Este es un hallazgo del reportaje citado de Lauro Rodríguez y Guillermo Rivera: “En los últimos 10 años, las fiscalías estatales de México han registrado el hallazgo de 3,864 inhumaciones clandestinas. De estas, 455 fueron localizadas entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2022. Es decir, en promedio se localizan 1.76 fosas diarias durante este año. En el mismo periodo fueron encontrados 443 cuerpos completos y 810 segmentos humanos, lo que indica que hay 4.84 exhumaciones cada día. De los restos localizados en ese lapso, se identificó un total de 269. Esto quiere decir que hubo solo 1.03 identificaciones forenses al día en todo el país, menos de la cuarta parte de las personas fallecidas encontradas”.
Pero lamentablemente las madres y mujeres buscadoras no sólo cargan el dolor de estar buscando a sus hijos, o la inercia burocrática o la apatía social, sino el riesgo de amenazas o incluso de perder la vida en su tarea de buscar a sus familiares ausentes.
En lo que va este año, cinco madres han perdido la vida mientras buscaban a sus desaparecidos. Desde 2010 se estima que han sido 17 mujeres asesinadas por participar en labores de búsqueda.
A pesar del riesgo que conllevan estas tareas, se dicen dispuestas a seguir su búsqueda porque ya no confían en las autoridades. Como Cecilia Flores, fundadora del colectivo Buscadoras de Sonora: “No voy a parar, no voy a dejar de buscar a mis hijos hasta que los encuentre o hasta que me maten. ¿Qué hago, me espero a que las autoridades trabajen? Tengo siete años buscando a mis hijos ¿Y qué han hecho las autoridades? Amedrentarme, quitarme seguridad para que no vaya a una búsqueda”, dijo en entrevista para El País (https://bit.ly/3G3ihrG).
Otras madres, desde el dolor, advierten que no dejarán de buscar porque si no lo hacen ellas, nadie más lo hará: “Yo soy la voz de Diego. Y a dónde quiera que yo vaya siempre diré que me falta. Siempre vamos a mencionarlos, porque son vidas las que buscamos”, dijo Verónica, madre buscadora de Diego desaparecido desde 2015. No debemos dejar solas a las buscadoras, son la vanguardia de un movimiento social y político que busca poner fin a la barbarie en México.
