Macrocriminalidad, el GIEI nos enseñó el límite de lo posible

Fue larga la crónica del fracaso anunciado. Ocho años de investigaciones del GIEI sobre la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desde 2015 hasta 2023, y fue imposible develar la verdad en toda su dimensión.

Jamás dudé que el resultado final sería insuficiente. Nunca imaginé que la anterior PGR primero y la FGR ahora y la Presidencia de la República misma asumirían la verdad y la justicia hasta sus últimas consecuencias. Hoy ante la partida de Ángela Buitrago y Carlos Beristain no siento sorpresa. Y creo que estos ocho años de investigaciones independientes nos enseñan el máximo posible al que puede aspirar México de cara a la macrocriminalidad. La partida del GIEI cierra un capítulo único, inédito y muy probablemente irrepetible. Más no hay, es mi síntesis.

La crisis crónica del Estado de derecho en México es una construcción política y social y la trayectoria del GIEI puede ser leída en esa clave. Las personas extranjeras invitadas desnudaron con detalle sin precedentes al menos una parte de los entramados de corrupción y complicidades que operan con protección al más alto nivel en instituciones civiles de los tres órdenes de gobierno y también en instituciones militares. Pero miles de páginas con relatos precisos de conductas criminales, negligentes y de engaño y ocultamiento no alcanzaron para crear un impacto contundente a favor de la justicia y de la urgente reforma institucional.

Puede López Obrador calificar de “opinión” lo que fue casi una década de investigaciones basadas en evidencias y, al final, no pasa nada.

Por eso creo que hemos tocado el límite de lo posible para la justicia penal en México y la reforma institucional, si de macrocriminalidad se trata. La visita del GIEI es lo más cerca que México estará de una experiencia como la de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) de Guatemala, con la diferencia de que allá si sometieron a la justicia al menos a algunas figuras de la más alta jerarquía política e institucional.

Por décadas he afirmado que México no ha sedimentado un acuerdo político y social a favor del respeto a la ley. Ahora además hemos comprobado que tampoco lo tiene a favor de la seguridad, la justicia y la paz. La desaparición irresuelta de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa convocó a la más voluminosa inversión de recursos jamás reunida en caso penal alguno y, con todo, no alcanzó.

En cada aniversario de aquel ataque de septiembre de 2014 ha sido mucha más la gente que calla o la que se pregunta por qué nos debe seguir importando y somos mucho menos quienes, cada año, volvemos a exigir justicia. El saldo es profundamente desesperanzador porque la desaparición de los estudiantes se convirtió, vaya paradoja, en la confirmación paradigmática de que no hemos construido una apropiación masiva de la exigencia de justicia.

Si el GIEI no iba a ser apoyado hasta las últimas consecuencias de sus investigaciones, cabe preguntar entonces exactamente para qué se le invitó. Y esto admite hipótesis profundamente delicadas, una vez que hemos constatado que los informes del grupo invitado documentaron incluso con precisión el engaño y el ocultamiento hasta los últimos días de sus indagaciones. Cuáles fueron las agendas ocultas teniendo aquí al grupo internacional y a la vez impidiendo la justicia.

¿Mostró el GIEI más lo que no lograremos que lo que sí lograremos en la justicia en México? Es muy posible. Ahora ya sabemos que una investigación independiente es solo parcialmente posible, incluso habiéndose empeñado el compromiso presidencial para que se sepa la verdad y se castigue a todas las personas responsables. Ya sabemos que no emerge la presión social de mayor escala, incluso ante gravísimas revelaciones dadas a conocer con material videográfico de soporte mostrado en la televisión en horarios de mayor audiencia. Y quizá lo peor: más allá de toda duda, hemos confirmado que las evidencias, las que sean, no alcanzan para someter a la jerarquía superior del poder civil y militar a la justicia.

En lo que hace a la macrocriminalidad, el GIEI nos enseñó el límite de lo posible. Al menos en México, creo, no hay más.