En la búsqueda de incentivar la inversión a través de estímulos fiscales, el Gobierno federal no debería perder de vista sus responsabilidades, como el combate de la desigualdad, la protección del medio ambiente y la transparencia.
Como parte del Plan México, el Gobierno federal creó un programa de estímulos fiscales para incentivar la inversión en nuestro País, y fortalecer la capacitación laboral y el desarrollo tecnológico. Para la administración federal, estos estímulos significan una estrategia clave para redirigir el rumbo de la economía nacional, especialmente en un contexto de crecientes amenazas arancelarias y medidas proteccionistas por parte del Gobierno estadounidense. Sin embargo, en la búsqueda de estos objetivos, el Gobierno federal no debería perder de vista sus responsabilidades, como el combate de la desigualdad, la protección del medio ambiente y la transparencia.
A grandes rasgos, los estímulos consisten en permitir que los gastos realizados por las empresas en activos físicos, capacitación laboral o innovación tecnológica sean asumidos parcialmente por la Federación, lo que provocará que las empresas reduzcan el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) en el corto plazo. Para la Federación, la expectativa es que, con el paso del tiempo, las empresas beneficiadas aumenten sus ingresos, o contraten y capaciten a más personas trabajadoras, lo que permitirá que el gobierno recupere su “inversión inicial” en el mediano plazo.
Estos estímulos fiscales son limitados, es decir, la Federación sólo podrá distribuir 30 mil millones de pesos hasta el último día de la administración de Claudia Sheinbaum. La asignación de estos recursos será decidida por un Comité de Evaluación, integrado por la Secretaría de Economía, el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tendrá voto de calidad y presidirá sus labores. Cabe agregar que las reglas definitivas de estos estímulos deberán ser creadas por el Comité de Evaluación a más tardar el 22 de marzo de 2025. (1)
Para entender mejor su funcionamiento, tomemos en cuenta el siguiente ejemplo. Hace un par de semanas, Volkswagen Alemania llegó a un acuerdo con su sindicato para evitar el cierre de fábricas y el despido masivo de personas trabajadoras. Dentro de este acuerdo, para 2027 la empresa trasladará a México la fabricación de uno de sus automóviles más vendidos. En caso de concretar la relocalización de sus actividades, y si el Comité de Evaluación así lo decide, los gastos en nueva maquinaria podrían deducirse inmediatamente hasta un 62 por ciento del ISR, lo que en el corto plazo reduciría su carga fiscal y le proporcionaría mayor liquidez. A cambio de este beneficio fiscal, en teoría, la empresa aumentaría la producción de automóviles, obteniendo mayores ingresos, y por lo tanto pagaría más impuestos en México.
la desigualdad
Al asignar estos estímulos, el Comité de Evaluación debería garantizar que las grandes empresas nacionales y extranjeras, que ya reciben algún tipo de apoyo del Estado mexicano, no obtengan beneficios adicionales sin justificación. Puesto que los estímulos del Plan México coexistirán con otro tipo de beneficios fiscales que ofrecen las leyes tributarias, será fundamental evaluar cada caso detalladamente para determinar si las grandes empresas realmente necesitan más apoyos para invertir, capacitar a su personal o desarrollar nuevas patentes. Asimismo, el Comité de Evaluación debería actuar bajo una perspectiva de género para garantizar que los estímulos fiscales, por ejemplo, no se concentren en empresas mayoritariamente dirigidas por hombres, o con baja participación laboral de las mujeres, si no que contribuyan a impulsar una mejoría en sus condiciones de empleo.
Dentro de los sectores que potencialmente podrían favorecerse con estos estímulos se encuentran la minería e hidrocarburos, sectores altamente contaminantes y extractivos. Al respecto, #CambiemoslaYa ha advertido sobre las implicaciones para los derechos humanos y el medio ambiente que podría significar el Plan México, y ha llamado a acelerar la prohibición a nivel constitucional del fracking y la minería a cielo abierto. Desde una perspectiva fiscal, históricamente el sector minero se ha destacado por pagar pocos impuestos y recurrir a esquemas de evasión fiscal, por lo que el Comité de Evaluación debería asegurarse de no sostener a este tipo de industrias.
También será fundamental que los estímulos fiscales se otorguen a aquellas empresas que efectivamente cumplan con las prácticas de ambiente, sociedad y gobernanza a las que hace referencia la Meta 10 del Plan México, por lo que las autoridades ambientales también deberían formar parte del Comité de Evaluación de los estímulos fiscales. El Plan México podría convertirse en una nueva forma de extractivismo si no se tienen normativas y leyes ambientales vinculantes que protejan los ecosistemas y a las comunidades donde se asiente la reubicación de industrias.
la transparencia
Los estímulos fiscales serán otorgados a las empresas que cumplan ciertos requisitos, entre ellos, que estén al día en sus obligaciones fiscales, no haber aplicado a un programa de condonación de impuestos, y presentar un plan convincente en materia de inversión, capacitación o innovación. No obstante, el proceso de aplicación y asignación de los estímulos deberá ser totalmente transparente, lo que incluye poder conocer qué contribuyentes se beneficiarán de estos apoyos. Para lograrlo es necesario reformar la figura del secreto fiscal, contemplada en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para que así la sociedad pueda conocer los costos y resultados del Plan México.
Al formar parte de una estrategia de industrialización más amplia, los estímulos fiscales del Plan México podrían ser un parteaguas respecto a la manera en que el gobierno federal utiliza la legislación tributaria para impulsar la economía nacional. Sin embargo, la urgencia por alcanzar este destino no debería pasar por alto lo realmente importante: reducir las desigualdades poniendo en el centro a las personas y el medio ambiente.
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El autor es Iván Benumea, coordinador del programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
1. DECRETO por el que se otorgan estímulos fiscales para apoyar la estrategia nacional denominada “Plan México”, para fomentar nuevas inversiones, que incentiven programas de capacitación dual e impulsen la innovación.
