En la conferencia mañanera del pasado 13 de diciembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Instituto Nacional Electoral que detalle cómo se gastarán los 7 mil millones de pesos que la Cámara de Diputados le asignó para la elección judicial.
Creo que el recuento que se puede ir haciendo ya es la cantidad de cosas que dejará de hacer el INE tras haber recibido el mayor recorte en su historia, justo el año que enfrentará la elección más grande en términos de cargos a elegir, y sin duda la más compleja (o absurda) en términos de la ley que la regula.
Por lo pronto es previsible que en junio ya no votemos en casillas sino en centros de votación, es decir, en locales más amplios en los que se agrupen varias casillas. Inevitablemente los tiempos de traslado se incrementarán para la mayoría de los electores. Es probable que la impresión de las boletas se deje de hacer en papel seguridad.
Habrá menos recursos para apoyar a los funcionarios de casilla y para poner al día los materiales electorales. Seguramente también se reducirá el número de capacitadores y asistentes electorales, y el tiempo de contratación se acortará. La calidad de la capacitación será inferior a otras elecciones.
Como se le mire, será una elección muy lejana a los estándares a que nos tiene acostumbrados el INE. Se trata de la elección de uno de los tres Poderes de la Unión y distará mucho de observar los principios de integridad electoral que rigen las elecciones de los otros dos poderes. Es lamentable.
El INE, en efecto, deberá dar cuenta de lo que pueda hacer con todas las restricciones que tiene, pero quienes deberán detallar el tipo de elección que imaginaron a la hora de hacer el recorte que hicieron son los legisladores; sería muy útil saber cuáles fueron los supuestos que tomaron en cuenta para arribar a la cifra que aprobaron.
Por lo pronto ya hay un primer grupo damnificado: no habrá voto en el extranjero para elegir jueces, magistrados y ministros. Todo apunta a que será una elección más que fallida, pero a quien pague los platos rotos no habrá que buscarlo en el INE, sino en el Poder Legislativo que primero hizo una ley plagada de sin sentidos y después sometió presupuestalmente a la autoridad electoral.
